«Atender los daños y garantizar los derechos humanos es tarea y responsabilidad del Estado, de las políticas de drogas», explicó Daniel Radío, responsable de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay.
El encuentro acogió ponencias magistrales, mesas de debate, así como la presentación de la Guía de Inclusión para personas con usos problemáticos de drogas en América Latina y Caribe, con enfoque diferencial y de género. Durante los cuatro días también se realizaron talleres de trabajo sobre el estigma hacia las mujeres consumidoras, así como un intercambio de buenas prácticas para la mejora de la calidad de atención y la inclusión social y rutas críticas para su implementación.
Copoland ya está desarrollando laboratorios de innovación en países como Colombia y Chile donde se están abordado aspectos como la prevención del uso problemático de drogas en jóvenes y adolescentes bajo la tutela del Estado o la mejora de políticas hacia jóvenes en riesgo de vinculación a redes de microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas.
«Han sido cuatro días de trabajo muy intenso para avanzar en una agenda de derechos que reconocen la complejidad y las diversas necesidades que tienen las personas y los colectivos a los que atendemos», indicó Inés Elvira Mejía, experta de COPOLAD III en la materia y una de las organizadoras del evento.
