Amnistía recuerda en un comunicado difundido este lunes “que el Estado uruguayo, en tanto estado parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), está comprometido a garantizar el acceso al agua en tanto derecho humano universal” y que “esta situación se reforzó en la reforma constitucional de 2004 en la que mediante mecanismos democráticos la población decidió, de forma soberana, reivindicar el acceso al agua potable y al saneamiento en tanto derecho humano consagrado en la constitución”.
El comunicado continúa afirmando que “El derecho al acceso al agua es un derecho transversal” y que el “ejercicio o falta de él tiene un impacto inmediato en otros derechos humanos”, afirma en referencia a derechos tales como “el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno, entre otros”.
Finalmente Amnistía Internacional insta “al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable, así como también a mantener los más altos estándares de transparencia y acceso a la información pública en todo lo referido a la gestión del agua potable que llevan adelante los organismos públicos con relevancia en la materia”.