El Gobierno de Argentina estima finalizar este fin de semana el nuevo esquema de tarifas para el consumo familiar de electricidad y el gas natural que se aplicarían a partir de septiembre. Este busca que los usuarios con más poder adquisitivo del país (a partir con más de $364.759 de ingresos del grupo del hogar) dejarán de recibir subsidios y pasarán a pagar la tarifa plena en forma gradual. El resto seguirá recibiendo aporte estatal, pero diferenciado y con un tope según el uso mensual o bimestral.
La segmentación de tarifas -donde el nivel subsidio está vinculado a la capacidad de pago del usuario- es central para que Economía pueda cumplir con el recorte del déficit fiscal, uno de los puntos acordados con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno intenta implementarlo, sin éxito, hace dos años. Pero las internas en el área de Energía, entre el ex ministro Martín Guzmán y un grupo de funcionarios con línea directa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demoraron su puesta en marcha.
Lo que resta definir es cuáles serán esos topes para el gas y para la electricidad. Fuentes oficiales adelantaron que el retraso en la implementación del nuevo esquema se debe a que intentan definir topes diferenciados por zonas, de acuerdo a los consumos: en las zonas frías se consume más gas y en muchas provincias se consume más electricidad porque no hay servicio de gas natural por redes. Todos esos factores se tendrán en cuenta para definir el nuevo esquema.
9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios
El formulario para mantener los subsidios fue completado por los titulares de 9 millones de hogares. Del total, unos 400.000 no cumplieron con algunos de los requisitos para mantener el aporte estatal. Por otro lado, se estima que unos 4 millones de hogares no ingresaron sus datos, posiblemente porque excederían el nivel de ingresos para contar con la tarifa subsidiada o por no contar con información o el canal de acceso para declarar su estado de ingreso.
Royón señaló que mucha gente no tiene acceso a Internet para llenar el formulario y destacó que “hay un segmento de vulnerabilidad que aun no se anotó”, según dijo a Radio Mitre. “Quiero ser prudente y seria para contemplar el universo de casos medios y que aún no se anotó”
Hasta ahora, la estimación oficial es que de los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kwh y tendrán incrementos cuando pasen ese tope. Así se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares.
Valor pleno de gas, en tres tramos
En el caso del gas, ya hubo una definición -la Resolución 610 de la Secretaría de Energía- sobre cuándo se aplicarán las nuevas tarifas a los usuarios que dejen de recibir los subsidios (los de mayor poder adquisitivo y a los que no hayan completado sus datos el formulario): el primer aumento se aplicará a los consumos de gas por redes a partir del 31 de agosto. El segundo ajuste gradual, en tanto, se aplicará a los consumos realizados a partir del 31 de octubre y el tercer ajuste será a partir del 31 de diciembre.
Los valores detallados en la resolución corresponden al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este es solo uno de los componentes del precio final de la factura que reciben los usuarios y representa cerca de un tercio del valor total; luego se suma el costo del transporte, la distribución y los impuestos y tasas de cada distrito. Según estimaciones privadas, a fin de año el aumento en la tarifa para los que queden sin subsidios podría rondar el 90 por ciento.
En las empresas distribuidoras estimaban que si se cumple lo previsto en el decreto, las nuevas tarifas se aplicarán a los consumos de septiembre en adelante. Las empresas realizan lecturas del medidor bimensuales, pero luego la facturación es por mes (el consumo total se divide por dos).
El precio del gas que se traslada a la tarifa deriva del porcentaje que cubre el Estado Nacional del precio que reciben las empresas productoras de gas natural y el costo del gas importado de Bolivia y del GNL. Hasta ahora, sin quita de subsidios, en promedio el Estado asume a su cargo el 75,6% del costo del abastecimiento del gas que reciben los hogares.
