La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, solicitó información a la presidencia del Banco de Previsión Social (BPS) y a la Anep a raiz de la decisión de suspender 11 mil asignaciones familiares por no enviar a los hijos a centros educativos. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) suspende por estas horas 11.000 asignaciones familiares de hogares y familias que no envían a sus hijos a centros educativos, sean escuelas o liceos. El ministro Martín Lema aseguró que “se va a exigir la contraprestación correspondiente”, que es enviar a los menores de edad a la enseñanza formal para tener derecho a cobrar las asignaciones familiares. “El Ministerio va a tener un rol activo para que se regularice la situación. Se van a identificar los hogares para advertir que si no van a los centros educativos se suspende la prestación”, advirtió Lema.
“El menor, lo que necesita para tener más oportunidades, es ir a los centros educativos.
No vamos a hacer la vista gorda. Se va a controlar y se trabaja activamente para levantar la suspensión cuanto antes”, agregó el ministro.
Los controles para saber si las familias que cobran asignaciones cumplen con la obligación de enviar a sus hijos a la enseñanza formal son dos: uno se realiza a mitad de año y otro a fin de año.
Las familias volverán a cobrar la asignación ni bien regularicen la situación de sus hijos en la enseñanza, esto es, que certifiquen la presencia de los menores en las aulas.
De esas 11.500 asignaciones, en las últimas horas fueron presentados 500 certificados de que los menores están estudiando y por lo tanto seguirán cobrando.
Los otros 11.000 recibirán el dinero en este mes de agosto pero le será cortado en setiembre, salvo que se inscriban en escuela, liceo o UTU.
Lema explicó a los legisladores que el 77% de los menores que no están yendo a estudiar tienen más de 13 años de edad.
También destacó el ministro que hay más de 2.500 niños en edad escolar que no están asistiendo a clase.
El Banco de Previsión Social (BSP) es la institución encargada de advertir a los adultos sobre la necesidad de enviar a los menores a los centros de estudio y, también, de señalarles que si no lo hacen ya no cobrarán la prestación.
