El sector agropecuario en Uruguay representa un pilar fundamental de la economía, con impacto directo en el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, en este primer mes de 2026 el rubro no comenzó de la mejor manera. Por un lado, arrastra la sequía provocada por el fenómeno de La Niña, que se extiende desde los últimos meses de 2025 y tiene proyección hasta junio de este año. Por otra parte, el bajo precio del dólar afecta las exportaciones y debilita la rentabilidad y la competitividad del campo.
En este contexto, las gremiales advierten una “situación límite”, marcada por un dólar atrasado, costos elevados y riesgo de pérdida de empleo. Así lo describió el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, quien además sostuvo que el escenario actual ya está dejando “una destrucción de empleo” y señaló que presentaron propuestas al gobierno para atenuar el impacto.
“Estamos en una situación límite. Miremos el medio vaso lleno: el ministro de Economía y el equipo económico lo entienden, están trabajando y no subestiman el problema. Eso para nosotros es realmente importante y sobre eso trabajamos”, afirmó Ferber tras una reunión con el Ministerio de Economía.
En esa misma línea, gremiales vinculadas a la Federación Rural difundieron un comunicado dirigido a las autoridades nacionales en el que expresan su preocupación y reclaman medidas concretas. “El sector agroexportador, que vende en dólares, no puede seguir bancando modelos económicos basados, primero que nada, en déficit fiscal y desorden de las cuentas públicas, para después querer convencernos de que con un nivel de inflación controlado estamos bien”, señala el documento.
Según explican, “si la moneda dólar se deprecia un 20% y los costos en pesos uruguayos suben entre 5% y 8%, los números no dan”. Pero más allá de las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para paliar los efectos adversos que genera el atraso cambiario en el sector productivo, las alarmas no terminan de apagarse. A la presión económica se suma otro factor negativo: el clima, y más precisamente la falta de lluvias. “La posible llegada de La Niña presionará a la agricultura de verano y a la ganadería”, advirtió el Anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a finales de 2025.
Pese a la advertencia del propio ministerio, que anticipaba que este fenómeno meteorológico generaría condiciones más secas en Uruguay e impactaría de forma directa en cultivos como la soja, el maíz y el sorgo, así como en la disponibilidad de pasturas para el ganado, los efectos no se hicieron esperar y comenzaron a notarse a pocos días del inicio de enero. Aun así, el gobierno uruguayo, a través del MGAP, continúa monitoreando el déficit hídrico en el sur del país, Canelones, Maldonado, Rocha y San José, pero por el momento se resiste a declarar la emergencia agropecuaria nacional.
Todo esto ocurre a pesar de la presión de la oposición y de los daños ya visibles en las pasturas. Se opta por medidas preventivas y por una evaluación técnica constante, en un contexto de recursos limitados en el fondo agropecuario. El ministro Alfredo Fratti, además, ha señalado un obstáculo significativo: el Fondo Agropecuario para emergencias se encuentra sin recursos. El jerarca admitió que “no quedó un peso del período anterior” y que, de ser necesario activarlo, habría que negociar con el Ministerio de Economía. Esta restricción financiera reduce la capacidad de respuesta inmediata y agrega incertidumbre a un sector que ya enfrenta múltiples frentes abiertos.
Aunque, de acuerdo con Inumet, las condiciones podrían empezar a estabilizarse desde la segunda mitad de febrero de 2026, la situación actual deja en evidencia que Uruguay continúa expuesto a los déficits hídricos.
