Según estadísticas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, esta cifra representa un incremento en comparación con el mismo período del año 2024, durante el cual se registraron 328 muertes. El dato actual dista del objetivo establecido por Naciones Unidas de reducir a la mitad el número de fallecidos y lesionados graves por siniestros viales para el año 2031.
El perfil de las víctimas muestra una distribución específica, pues el 79 por ciento de los fallecidos fueron varones. Según el tipo de usuario, el 68 por ciento de las víctimas fatales eran conductores, el 17 por ciento peatones y el 15 por ciento pasajeros. En cuanto al medio de transporte, poco menos de la mitad (47 por ciento) de las personas fallecidas se desplazaban en moto. La colisión entre vehículos fue la modalidad del siniestro en poco más de la mitad (51 por ciento) de los accidentes de tránsito con resultado mortal. A nivel geográfico, el departamento de Montevideo, que concentra aproximadamente el 50 por ciento de la población del país, registró el 26 por ciento de los siniestros fatales.
De acuerdo a las estadísticas oficiales nos permite identificar patrones y áreas que requieren atención en la política de seguridad vial de Uruguay. El aumento interanual en el número de fallecidos, indica una reversión o estancamiento en la tendencia a la reducción que se busca a nivel internacional. Este incremento ocurre en un contexto donde las metas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 de la ONU, presionan por la implementación de sistemas seguros que prevengan fatalidades.
La representación masculina entre las víctimas fatales es un fenómeno documentado a nivel global. Estudios en ciencias del comportamiento y sociología del tránsito señalan que factores de riesgo como una mayor exposición al volante o al manillar, diferencias en la percepción del riesgo, y una mayor propensión a conductas como el exceso de velocidad o el no uso de elementos de protección, contribuyen a esta disparidad. Las estrategias de prevención pueden requerir enfoques de comunicación y control diferenciados que consideren estos factores.
Los motociclistas son usuarios vulnerables de la vía, con una protección física intrínseca mucho menor que la de los ocupantes de automóviles. Su estabilidad es más susceptible a las condiciones del pavimento y a las maniobras de otros vehículos. Este dato sugiere la necesidad de evaluar múltiples factores: la eficacia del control del uso del casco, que debe estar correctamente abrochado y ser de calidad certificada; la formación para la obtención de la licencia de conducir para este tipo de vehículos; las políticas de promoción del uso de indumentaria de protección (guantes, chaquetas, calzado); y la fiscalización de prácticas de riesgo como la circulación entre carriles o el exceso de velocidad. El uso de motocicletas ha crecido en Uruguay como medio de transporte individual y de trabajo, lo que incrementa la exposición al riesgo si no se acompaña de medidas paralelas.
Elementos como la velocidad inadecuada (no necesariamente por encima del límite, sino excesiva para las condiciones específicas de la vía, el clima o el tráfico) es un agravante clave en la severidad de las colisiones. La infraestructura vial también juega un papel: la presencia o ausencia de dispositivos que separan sentidos de circulación, la calidad de la señalización, y el diseño de intersecciones pueden predisponer a este tipo de conflictos.
La atención debe enfocarse en el estado del conductor: la fatiga, las distracciones (con el teléfono móvil siendo una de las principales), el consumo de alcohol o drogas, y las condiciones de salud física y mental. Los sistemas de control de alcoholemia y drogas, así como las campañas contra la conducción distraída, son pilares en este aspecto.
La meta de Naciones Unidas sirve como marco de referencia. Su incumplimiento prospectivo, según la tendencia actual, implica la necesidad de revisar y fortalecer las medidas del Sistema Nacional de Seguridad Vial. Este sistema se basa en varios pilares: la gestión institucional, la infraestructura segura, la seguridad de los vehículos y el comportamiento de los usuarios.
Y continuarán aumentando mientras tan «sesudas» medidas como por ejemplo la mentada libreta por puntos sean puestas en práctica por iluminados cerebros puestos al frente, (mediante el archiconocido método del acomodo político), de los organismos supuestamente encargados de velar por la seguridad en el tránsito tales como las Divisiones de Tránsito de las Intendencias o la Unasev.
En especial el comportamiento de los usuarios que son un perfil muy especial Hay que exigir más preparación vial y medidas duras