El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) firmaron un convenio de cooperación que marca un nuevo paso en la implementación de las Becas Butiá, una política pública orientada a sostener la trayectoria educativa de miles de adolescentes en todo el país. El acuerdo permitirá que los pagos se realicen a través de cuentas bancarias abiertas específicamente para los beneficiarios, incorporando además una dimensión clave: la inclusión financiera.
La iniciativa forma parte de una estrategia interinstitucional que busca garantizar el derecho a la educación, especialmente en los tramos de educación media, donde históricamente se registran mayores niveles de desvinculación. En este marco, las Becas Butiá —bajo el lema “Contigo caminamos los sueños”— se consolidan como una herramienta para reducir desigualdades y acompañar a los estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
Durante la firma del convenio, el presidente del BROU, Álvaro García, destacó el doble rol que cumple la institución en este tipo de acuerdos. Por un lado, como banco comercial que compite en el mercado, y por otro, como banco de desarrollo con una fuerte responsabilidad social. “Este convenio nos cierra por todos lados”, afirmó, al subrayar que la participación del banco permitirá llegar a decenas de miles de jóvenes con un instrumento concreto de apoyo.
El acuerdo prevé que los estudiantes —o sus representantes legales, según corresponda— accedan a cuentas bancarias donde se depositarán las becas. Este mecanismo no solo garantiza mayor transparencia y eficiencia en los pagos, sino que también promueve el acceso temprano al sistema financiero. “Esto implica inclusión financiera. Implica que el banco esté cerca también de los segmentos más jóvenes”, sostuvo García.
Según lo proyectado, en 2026 se alcanzará a unos 22.000 adolescentes, con el objetivo de llegar a cerca de 70.000 beneficiarios hacia 2029. Esta expansión responde a una política deliberada de ampliación de cobertura, que busca que uno de cada cuatro estudiantes de educación media reciba algún tipo de apoyo económico durante su trayectoria educativa.
Desde el gobierno se ha enfatizado que esta política no solo apunta a la transferencia de recursos, sino también a generar condiciones para la permanencia en el sistema educativo. La directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), María Eugenia Godoy, subrayó que el acuerdo “fortalece capacidades” en los jóvenes y se inscribe en un compromiso más amplio de garantizar la continuidad educativa. “Queremos que cada joven tenga un proyecto de vida”, expresó.
En la misma línea, el presidente del Consejo Directivo Central (CODICEN), Pablo Caggiani, remarcó que las becas son el resultado de un proceso de construcción de largo plazo, con más de dos décadas de desarrollo. “Tenemos evidencia suficiente de que mejora la trayectoria educativa, la asistencia y las condiciones de vida de los estudiantes”, señaló.
Caggiani también hizo hincapié en el impacto concreto de estas ayudas en la vida cotidiana. “Un gurí con los championes rotos no va al liceo”, ejemplificó, para ilustrar cómo factores económicos aparentemente menores pueden incidir en la permanencia educativa. En ese sentido, las becas buscan eliminar esas barreras y generar mejores condiciones de acceso y continuidad.
Otro aspecto destacado del nuevo esquema es la vinculación del cobro de la beca con la asistencia efectiva a los centros educativos, lo que refuerza el objetivo de reducir la desvinculación. A su vez, el diseño contempla diferentes montos según el nivel educativo, reconociendo las particularidades de cada etapa.
Para 2026, los estudiantes de educación media básica recibirán un total anual de 13.000 pesos, mientras que en educación media superior los montos oscilarán entre 17.000 y 25.000 pesos, dependiendo del grado cursado. Estos incrementos representan un esfuerzo presupuestal significativo y reflejan la prioridad asignada a las políticas educativas dentro del gasto público.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó precisamente este punto, al señalar que se trata de una “decisión política” que implica priorizar recursos hacia las infancias y adolescencias. “No es algo teórico: tiene que ver con personas concretas y con su permanencia en el sistema educativo”, afirmó.
Mahía también aportó datos que muestran el crecimiento de la demanda: mientras en 2024 hubo poco más de 55.000 postulantes, en 2025 la cifra ascendió a casi 72.000, y para 2026 se proyectan más de 73.000 solicitudes. Este aumento evidencia tanto la necesidad existente como la confianza en el instrumento.
El convenio firmado también incorpora una perspectiva de inclusión más amplia, integrando por primera vez a poblaciones específicas como personas en situación de discapacidad, adolescentes del sistema de protección del INAU y jóvenes en programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, se incluyen criterios de equidad de género y diversidad.
Desde el punto de vista institucional, el acuerdo refleja un esfuerzo de coordinación entre múltiples organismos del Estado, entre ellos el BROU, ANEP, BPS, Ceibal, INJU, MEC y MIDES. Esta articulación busca optimizar recursos y generar sinergias en la implementación de políticas públicas.
En este sentido, García destacó la importancia de la educación financiera como uno de los pilares del banco en esta etapa. La apertura de cuentas para los estudiantes no solo facilitará el pago de las becas, sino que también permitirá desarrollar habilidades vinculadas al uso responsable de herramientas financieras, en un contexto de creciente digitalización.
“El desarrollo tecnológico exige más conocimiento para utilizar las herramientas y también para evitar problemas”, advirtió el presidente del BROU, al tiempo que mencionó iniciativas recientes del banco en esta área, como la instalación de dispositivos interactivos para promover el aprendizaje.
