Son tiempos de madurez institucional a nivel de la sociedad civil militante por los derechos de las personas afrodescendientes como para acordar cuestiones de incidencia nacional. Especialmente si se trata de dar garantías de preservación y libre ejercicio de los derechos humanos a la ciudadanía en su diversa pluralidad.
Un candidato afro propuesto por afros es histórico, nos enorgullece y nos sitúa en el racismo sistémico.
Las discriminaciones sociales ofensivas no son problema de las víctimas directas sino de toda la sociedad que con estas situaciones, ve comprometida su calidad republicana.
Somos pueblo diaspórico y sufrido y el sufrimiento enseña a crear herramientas para la equidad en las sociedades democráticas actuales, que hasta ahora no han podido resolver plenamente la problemática de la inclusión en igualdad de derechos y oportunidades que aqueja a sectores subalternizados históricamente como es el caso de la descendencia de la africanidad esclavizada.
Somos parte de una sociedad global y local, a la que nos integramos desde nuestra identidad civil afro tradicional activay coordinada, reflejando necesidades y propuestas, y haciendo nuestro aporte desde allí a formar parte de un organismo cuyo cometido es garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas humanas.
Imperan en el mundo sistemas gubernativos de exclusión estructural, ajenos a la multiculturalidad, racialización y sus demandas políticas de calidad de vida, con instituciones a la medida de sectores jerarquizados, buenos discursos y pocas acciones para la movilidad social real.
El modelo neoliberal se ha agotado en tanto no contempla las necesidades de las mayorías mundiales, y se niega al cambio de paradigma que se acerca inexorablemente.
La constante sigue siendo el triste rol de administradores del capitalismo y sus reglas de consumo y libre mercado deshumanizantes que permanece, muta, se adapta, y siempre sobrevive él y sus perversas consecuencias, entre ellas la pobreza endémica, el desempleo, las migraciones y su fragilidad social y cívica, la depredación ecológica, las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas arrinconados, asesinato de líderes comunitarios, el narcotráfico trastocando los ecosistemas y la vida de las comunidades, racismo, patriarcado, desigualdad de género e identidades, xenofobia y fobias varias que nos sitúan en ámbitos de relacionamiento conflictivos, enfrentados, generadores de grietas que condenan a la marginalización y a la vulneración de derechos a grandes núcleos de ciudadanía que solo reclama dignidad.
La justicia social es condición para la paz y el desarrollo sostenibles.
El cobijo de los humildes que es el Estado, sufre debilitamiento provocado por políticas neoliberales que derivan en una mayor desigualdad social, la concentración de la riqueza en grupos reducidos o la cesión de los recursos naturales a grandes corporaciones trasnacionales.
Como sea; es tarea de gobierno garantizar una sociedad justa e igualitaria y reclamamos colaborando.
Algunas de nuestras organizaciones afrouruguayas ya “peinan canas” y suman décadas en el trabajo activista local y regional, interactuando desde Durban-África en el 2001 a nivel de Naciones Unidas.
La instancia de la comunidad afro elegir un candidato común para un compromiso institucional es resultado de un aprendizaje, construcción colectiva y mensaje a la opinión pública de existencia, auto reconocimiento y derechos, instalando un tema importante y de actualidad en la agenda política uruguaya.
Sea elegido o no; la presencia de una persona afrovisible a cargos públicos; interpela, moviliza, cuestiona.
Eso es porque aún con políticas públicas y marcos legislativos afirmativos, la negritud y su historia ancestral, siguen en segundo plano por color de piel y orígenes étnico raciales, víctimas de un rezago social que el Derecho Internacional mandata a los estados a corregir, aunque el imaginario social se niega a reconocer.
Los gobiernos progresistas aún en medio de un orden establecido excluyente, se esmeran en democratizar el libre acceso a los derechos y su disfrute pleno, para eso ha creado organismos de protección específica a las libertades.
Tuve el honor de pertenecer a la Comisión Honoraria contra el Racismo en su primera integración y por ello participé en el 2007 junto a destacadas figuras de varias agrupaciones de poblaciones discriminadas, de la discusión acerca de un protocolo que no superpusiera el accionar de dicha comisión en la órbita del MEC, y la Institución de DDHH en área legislativa, remarcando que los derechos humanos no los violan los particulares sino los organismos públicos.
También hay violación a las leyes cuando hay propuestas de candidatos hechas por legisladores oficialistas actualmente; la ley Nº 18446 es clarísima en su Artículo 39. “Podrán proponer candidatos… las organizaciones sociales habilitadas …, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos.
Primero como no les convenía lo que decían, querían borrar del mapa a la Institución Nacional de DDHH.
Como no pudieron destruirla la quieren copar. Vergüenza ajena.
«En Uruguay hay hambre; el hambre es una violación a los Derechos Humanos y eso no se menciona» Lic. Oscar Rorra
Somos parte de la nueva historia del Sur, un cambio de modelos que viene de la multiculturalidad, sus espíritus libertarios oprimidos y poblaciones sensibles, tomaremos la responsabilidad que nos toque cuando nos toque y es ahora. ¡Axé!
