Cárceles: «El gobierno que venga va a encontrar un problema pendiente importante»

Fue presentado el Informe de la mesa interinstitucional para la reforma penal y del sistema penitenciario, la cual comenzó a funcionar el 19 de abril, luego de la declaración conjunta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario del 12 de enero de 2024, y como respuesta a la muerte de seis reclusos en el Comcar la noche del 28 al 29 de diciembre de 2023. En este grupo de trabajo participaron 11 instituciones, tanto públicas como privadas.

La presentación se realizó en un encuentro en el cual participó la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, la presidenta de la Cámara de Representantes Ana Olivera, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit y la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Jimena Fernández. El informe se elevará a los candidatos a la Presidencia.

Petit dijo que el  “gobierno que venga va a encontrar un problema pendiente importante, por lo que se requiere tener un proyecto estratégico fuerte”.

Las conclusiones

El informe indica que «luego de escuchar decenas de voces, expresadas en testimonios directos, coloquios, presentación de documentos y análisis de relevamientos, esta mesa de trabajo puede concluir que el sistema penitenciario uruguayo se encuentra en una situación límite y explosiva». Esto se indica es «resultado de una proceso de varios decenios donde, salvo en algunos momentos específicos, no se logró conformar acuerdos institucionales amplios, legislativos, partidarios y técnicos, capaces de implementar innovaciones con el mismo ritmo que la evolución social marcaba nuevos desafíos y problemas de integración social».

Se sostiene que el sistema no está preparado para atender al volumen actual de población, lo que conlleva a que los servicios penitenciarios se vean resentidos y que se afecte la dignidad de las personas privadas de libertad. A su vez «no se tiene la capacidad suficiente de recursos humanos, entre ellos técnicos, ni los materiales suficientes para dar respuesta adecuada al volumen de población».

Los  servicios de atención de la salud en los centros penintenciarios «no logran cumplir con ciertos tratamientos y no existen las condiciones alimenticias, de higiene, de habitación, de vivienda que hacen que un tratamiento sea exitoso». Este hacinamiento impacta de diversas maneras. Por ejemplo, en la prevalencia de enfermedades infectocontagiosas que se reinfectan (enfermedades de la piel) y tuberculosis y los tratamientos no resultan ser efectivos, por las condiciones de higiene y ventilación «que se ven muy resentidas».

Uruguay y el encarcelamiento

Uruguay es  uno de los 10 países del mundo con mayor encarcelamiento por habitante, En el informe se indica que para reducir el hacinamiento se han construído y refaccionado plazas carcelarias, ampliando la capacidad edilicia de alojamiento del sistema. Pero «la población encarcelada ha continuado creciendo a un ritmo mayor, y el rezago no ha logrado reducirse sostenidamente. En Uruguay habría capacidad hoy para unas 13.300 personas en prisión, lo que correspondería a unas 386 personas presas cada 100.000 habitantes, pero hay 464 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. 

«Se concluye que la construcción de plazas no es un camino de solución de la problemática, más allá de la reposición de plazas inhabilitadas o destruidas que sea necesario reconstruir o renovar» se indica.

Por otra la Dirección Nacional de Medidas Alternativas «no cuenta aún con un presupuesto suficiente para presentar una propuesta fuerte como alternativa a la prisión en todo el pais». Se señala que las políticas de trabajo, educación y salud en las cárceles son condiciones necesarias,

«Pero no suficientes para el trabajo de rehabilitación y para evitar la reincidencia se necesita trabajar a través de prácticas efectivas y respaldadas con evidencia internacional». A esto se agrega que la Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación(INR) no dispone de recursos propios para ejecutar los programas de rehabilitación.

Reducción de violencia

Otros aspectos en que hay consenso respecto a su necesidad para la reducción de la violencia dentro de las prisiones es la mayor aplicación de tecnologías de prevención (sistema videovigilancia, escáneres) y la creación de una Fiscalía Especializada en delitos intracarcelarios. A su vez la orientación general debe ser el cambio desde una seguridad estática hacia una seguridad dinámica. Otro tema sugerido por la Comisión se refiere a la actual dependencia del INR del Ministerio del Interior y la pertinencia de la creación de un Ministerio de Justicia que se encargaría de ser el organismo de referencia en todo lo que refiere a la ejecución de la pena, en línea con lo que ocurre en el resto de los países de América Latina.

En otros aspecto se indica que el trabajo de los funcionarios también se ve afectado por las malas condiciones en las cárceles; «en algunos casos comparten los mismos problemas de la precariedad de los espacios y de los recursos y servicios». Se señala que en muchos espacios de trabajo existen condiciones de insalubridad.