Hasta el momento, de las 51.600 firmas revisadas, un 18% han sido rechazadas, principalmente por inconsistencias en la identidad de los firmantes o por repetición de registros.
Del total analizado hasta ahora, 41.540 firmas fueron aceptadas, mientras que 9.396 resultaron inválidas. Esto representa apenas el 1,5% del padrón electoral, aún lejos del 10% necesario para convocar el plebiscito.
La iniciativa busca modificar el artículo 52 de la Constitución para establecer un tope en los intereses y cancelar deudas, en un intento por combatir lo que consideran prácticas usureras. Para habilitar la consulta popular, se requieren algo más de 272.000 firmas válidas, de las 322.000 que fueron presentadas por la comisión promotora a principios de octubre.
En caso de alcanzar el respaldo requerido, el plebiscito se realizaría junto con las elecciones departamentales previstas para mayo de 2025.
