“Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización”, señaló Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Boric espera enviar al Congreso la próxima semana un proyecto que establece un sistema mixto entre el Estado, trabajadores y empleadores y que eliminaría a las AFP, que quedarían como una opción privada frente a su administración exclusiva y obligatoria para todos los cotizantes, un sistema que data de la dictadura de 1973 a 1990.
“Las AFP, en esta reforma, se terminan”, expresó Boric en un discurso televisado la noche del miércoles. El mandatario señaló que bajo la nueva reforma “existirán nuevos gestores de inversión privados” y una alternativa pública “lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”.
El mandatario señaló que los empleadores pasarían a aportar un 6% a las cotizaciones de sus empleados, algo que no sucede en la actualidad, a lo que se sumaría el aporte del Estado mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU). Con la reforma, agregó, las pensiones se incrementarían un 46% para los hombres y un 52% para las mujeres respecto de las que existen ahora.
Actualmente los chilenos aportan un 10,5% de su sueldo como contribución a las pensiones. Sin embargo, sólo están obligados a hacerlo aquellos que cuentan con empleos formales y fijos.
Este es uno de los temas más demandados por la ciudadanía, que desde hace décadas recibe pensiones miserables, y fue uno de los principales reclamos del estallido social de 2019. Según explicó Boric, el 72% de los chilenos recibe pensiones por debajo del salario mínimo (unos 385 dólares al cambio actual) y uno de cada cuatro percibe una jubilación que se ubica por debajo de la línea de pobreza.