En Uruguay, la eutanasia continúa siendo ilegal, pero los debates sobre su legalización son una constante en los últimos años. En marzo de 2020 el diputado colorado Ope Pasquet presentó el primer proyecto para legalizar la eutanasia.
El Frente Amplio presentó de inmediato otro proyecto, con un enfoque distinto, más centrado en los derechos humanos que en la despenalización del acto médico.
Ambos proyectos fueron combinados en uno solo, el cual se trabajó a lo largo de todo el período anterior, obteniendo media sanción en la Cámara de Diputados. Este fue retomado en la actual legislatura, a comienzos de 2025, con el impulso de legisladores del Frente Amplio y sectores del Partido Colorado.
El proyecto establece los derechos fundamentales de los individuos a decidir sobre su vida, su autonomía corporal y la posibilidad de evitar sufrimientos insoportables, con garantías para pacientes, médicos y otros actores involucrados, asegurando un proceso claro y sin presiones.
Esta iniciativa también está alineada con los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, en el ámbito nacional, se busca asegurar que las personas puedan decidir sobre el final de su vida, conforme a sus convicciones, y garantizando la igualdad en el acceso al proceso.
La propuesta incluye un procedimiento riguroso, con la posibilidad de revocar la decisión, y establece el derecho a la objeción de conciencia para los médicos.
El proyecto además propone una exoneración de responsabilidad para los profesionales de la salud que participen en el proceso de acuerdo con la ley, derogando normativas previas que prohibían la eutanasia activa.
El 16 de julio se aprobó en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, siendo el resultado de la convergencia entre dos iniciativas legislativas previas. Tuvo los votos de los diputados Luis Gallo, Juan Gorosterrazú y Federico Preve, del Frente Amplio, así como de Nibia Reisch, del Partido Colorado, quien también preside la comisión. Por otro lado, se manifestaron en contra los representantes José Luis Satdjian y Andrés Grezzi, del Partido Nacional, junto a Nicolle Salle, de Identidad Soberana.
En conversación con el Diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión, Luis Enrique Gallo, explicó que su apoyo al proyecto se fundamenta tanto de su experiencia médica, donde acompañó el dolor de pacientes terminales, como de su rol político, participando desde los inicios de la propuesta legislativa. “Trabajamos en este proyecto desde el año 2018, cuando un paciente con ELA me pidió ayuda para posicionar el tema” indicó.
El texto legal define con claridad quiénes pueden solicitar la eutanasia: personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que sufran una enfermedad incurable o una condición irreversible que les cause sufrimientos insoportables. “Esto es un derecho personalísimo como le llamamos, solamente la persona con estado de lucidez puede pedir esto. No lo puede pedir ni un familiar, ni un hijo, nadie. La única persona que puede solicitar la eutanasia es la persona que está padeciendo estos sufrimientos insoportables”, sostuvo el legislador.
La iniciativa contempla un procedimiento riguroso de control: dos opiniones médicas, testigos firmantes en la historia clínica y, en caso de discrepancias, la intervención de una junta médica integrada por especialistas y un psiquiatra.
Para evitar el «turismo eutanásico», el proyecto aclara que únicamente ciudadanos uruguayos, sean naturales o legales, y personas extranjeras con residencia acreditada en el país podrán acceder a este derecho. Esta precisión busca cerrar cualquier vacío legal que permita solicitudes de personas que no cumplan con los requisitos.
Quienes no reúnan las condiciones establecidas, ya sea por nacionalidad o por no padecer una enfermedad terminal, no podrán acogerse a la normativa. El diputado Gallo, subrayó que muchos de los potenciales beneficiarios de esta ley son pacientes terminales que, incluso estando bajo cuidados paliativos y acompañamiento médico, siguen atravesando un sufrimiento que los lleva a desear poner fin a su vida con dignidad.
Además, expresó que el proyecto de ley cuenta con el respaldo unánime del Frente Amplio y con el apoyo confirmado de varios legisladores del Partido Colorado. También se espera el acompañamiento del Partido Independiente y de algunos representantes del Partido Nacional, lo que permitiría alcanzar una mayoría suficiente para su aprobación en la Cámara Baja el próximo 5 de agosto. “Creemos que contamos con una mayoría suficiente en Diputados para que avance al Senado”, afirmó.
Más allá de los argumentos filosóficos o bioéticos que atraviesan la discusión parlamentaria, se observa una tendencia clara en la opinión pública sobre este tema. Según la última encuesta de Cifra (abril 2025), el 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia, mientras que un 24% se opone. El resto, aún no tiene una posición tomada.
Pero, lejos de ser un consenso absoluto, el proyecto también generó resistencias y visiones encontradas, bajo el argumento de que se trata de un cambio de paradigma que compromete principios fundamentales como el carácter irrenunciable del derecho a la vida y el deber del Estado de proteger a los más vulnerables.
Con estas posturas en contra, el proyecto está a punto de enfrentar una de sus grandes pruebas, la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, prevista para el 5 de agosto de 2025.
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, expresó su rechazo al proyecto de ley para regular la eutanasia. Para Sturla, la iniciativa representa un retroceso en cuanto al derecho fundamental de las personas a la vida.
La votación no solo será crucial para definir un nuevo marco legal sobre la eutanasia en Uruguay, sino también para replantear los principios fundamentales de la autonomía personal y el papel del Estado en la protección de la vida, abriendo un debate profundo sobre el respeto a las decisiones individuales en contextos de sufrimiento extremo.
Proceso demasiado burocrático. Mientras tanto quien sufre debe continuar esperando. El cura, que se dedique a los problemas de la iglesia, que tiene bastantes.
La Iglesia tiene todo el derecho a opinar, como cualquier otra corporación. También lo ha hecho respecto al aborto, y en ambos casos discrepo. En cambo, no recuerdo opiniones de al Iglesia en contra sobre la pena de muerte. Será porque ha condenado -y matado- millones de personas en la tortura o la hoguera mercede a los buenos oficios de la Inquisición?