La Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos (Aucu) denunció en el Parlamento las presiones que reciben las personas por parte de estudios jurídicos que compran deudas de financieras. La Comisión de Hacienda de Diputados se encuentra tratando el proyecto de ley para fijar cambios en los topes de la usura, dentro de otras medidas. A dicha comisión concurrió una delegación de Aucu para dar sus puntos de vista sobre el proyecto, pero en especial denunciar la situación por la cual atraviesan los deudores. El asesor letrado de la organización, Dr. Francisco Majó Portela, dijo que «hay un sinfín de personas de las clases más bajas que están siendo constantemente acosadas a raíz de estos intereses altísimos. A estas personas, que por lo general no pueden acceder a abogados las llaman para decirles que van a ir presas por las deudas que tienen» Acotó que las personas son «constantemente acosadas por distintos estudios jurídicos -que en realidad no lo son; son call centers- que se dedican a decirles: que van a ir presos por las deudas que tienen, que les van a sacar las motos -a veces son el único medio de transporte que tienen para llevar sus hijos a la escuela-, que les van a retener de las jubilaciones de sus cohabitantes -les preguntan si viven con la madre o la abuela- porque si viven juntos les van a retener de su jubilación. Como esa gente no tiene conocimientos jurídicos, no tiene la posibilidad de acceder a un abogado, se lo creen y se asustan».
Majó Portela acotó ante los legisladores que «bajo ese susto, ¿Qué les dicen los call centers a estas personas?. Que saquen un préstamo en otra institución. Los convencen de hacerlo o de pedirle a un hermano, un padre o un amigo de que saquen un préstamo para cubrirles a ellos, y ahí se endeudan por un monto más alto con otra institución. Los obligan a hacer la famosa calesita». Por otra parte anunció que presentará en los próximos días una denuncia penal por «violencia privada» debido a las intimaciones «extorsivas» en el intento de cobro de una deuda.
El abogado se preguntó «¿Por qué suceden estas cosas?», y su respuesta fué «porque los intereses de la ley de usura actual permiten que las deudas se inflen hasta cierto punto. Después, estas recuperadoras de crédito hacen un montón de prácticas abusivas en la forma en que reclaman los créditos».
En diálogo con diario La R, Majó Portela dijo que su cliente es una persona a la cual un estudio de Montevideo, que tiene una deuda a su nombre, «la acosa permanentemente y ha llegado a insultarla». Oara presentar la denuncia por lo que considera violencia privada reunió no sólo grabaciones sino también testigos de los hechos, ex funcionarios de ese estudio en particular a lo que se sumarán otros demandantes. La denuncia se presentará en Young, el abogado espera que la fiscal le de curso en ese lugar o lo transfiera el caso a Montevideo, de dónde el estudio jurídico.
Los legisladores en la Comisión pretende instroducir nuevas normas sobre este tipo de condusctos por parte de los estudios jurídicos que compran deudas a financieras y bancos y después pretenden cobrar. En este sentido se han manifestado Daniel Peña (Partido de la Gente) y Alvaro Perrone (Cabildo Abierto). Se piensa que se debe regular por ejemplo la cantidad de llamadas que se pueden realizar y los horarios en que se hacen las mismas.
