Abrir la canilla, llenar el vaso, tomar agua salada, segura pero no potable, es parte de nuestra cotidianeidad por estos días. Si se cuenta con los recursos, ir al boliche del barrio a comprar agua puede ser una iniciativa fracasada porque la demanda es mucha y no dan abasto.
Campear la crisis
El país atraviesa por una sequía prolongada que ha llevado a que se declare la emergencia agropecuaria y esto está muy bien, la producción ha sido severamente afectada y es clave para el país.
Lamentablemente no ha sucedido lo mismo para otros afectados. El agua para consumo humano es un problema que está afectando a más de la mitad de la población del país y el gobierno brilla por su silencio y por su ausencia.
Las mejores acciones ciudadanas tienen que ver con cuidar el uso del agua solo para aquello estrictamente necesario para la vida, evitar todo uso innecesario, arreglar pérdidas, no acaparar agua potable en almacenes y supermercados y poca cosa más.
En ese estado de cosas estamos hoy después de meses de la mayor crisis, casi catástrofe, de agua en más de la mitad de la población del país.
La responsabilidad y la desidia.
Luego de más de dos meses de ocultar la situación a la población y mientras se elevaban los niveles de mezcla de agua salada se tuvieron que superar los límites que imponía la normativa.
Nos enteramos de buenas a primeras que se iba a suministrar agua no potable pero segura sin ni siquiera un aviso o una campaña de uso responsable del agua. A partir de ese día se anunció que en una semana se hacía una represa y en una semana se traía una desalinizadora diseñada por UTEC. Como todos sabemos fue humo y más humo. Nada de eso pasó y menos en esos plazos. Si asistimos a una especie de razzia aggiornada sobre los lavaderos de autos como si ese fuera el único lugar de consumo de agua de ose para actividades industriales. Por supuesto que sin ninguna medida que permita campear el temporal a aquellos afectados.
Las medidas son no tomar más agua potable salvo que la puedas pagar, no bajar impuestos, no nada.
A esto debemos sumar las infelices declaraciones, por no decir burradas, de que quien compraba una bebida cola puede comprar agua, o que no se va a hacer pagar a todo el país un problema de Montevideo. La primera de ellas revela una incomprensión absoluta de la importancia del agua potable para la población y lo que implica en términos económicos para las familias comprar agua embotellada para beber. Fue dicha por la subdirectora por el oficialismo de OSE, el organismo público encargado de suministrar agua potable.
La segunda fue dicha por el director de Ose por el oficialismo y revela la perspectiva que hay sobre el Estado y la Política Pública en la materia. El desarrollo del país en general y el acceso a servicios que son derechos si solo dependiera de la ecuación económica arrojaría a miles de compatriotas fuera de la red de energía eléctrica, la red de agua potable o el acceso a internet entre otras. Lisa y llanamente un disparate que la ciudadanía no parece estar dispuesta a aceptar.
El modelo de la no intervención del Estado en su máxima expresión
El resultado de las formas en que el gobierno ha decidido enfrentar el problema del agua y que hace que no tengamos agua potable es fruto de una cadena de resoluciones que están lejos de ser casuales.
Ante la seca y la baja de las reservas de agua dulce el gobierno optó por la desinformación, estuvieron dos meses cambiando la composición del agua sin avisar. Luego que el tema se transformó en emergencia también fueron opacos en la composición del agua suministrada, si era potable o bebible, en las reservas, entre otros tantos elementos.
Las no acciones ante cada nueva situación fueron escandalosas, ni advertir a la población de los efectos sobre calefones y demás electrodomésticos, ni intervenir sobre la venta de agua embotellada u optar por distribuir agua. Apenas unos pozos nuevos para hospitales y cosas esenciales que de no hacerlo serían para la justicia penal.
En este mismo sentido se ha optado por no utilizar la institucionalidad que el país tiene para las emergencias, su marco legal y todas las herramientas que se ponen a disposición. Luego de meses no tenemos una declaración de emergencia sobre este tema y una convocatoria seria al SINAE.
Todos los boletos han sido puestos en el libre mercado del agua. Se puede comprar agua y no se ha generado una acción que tenga que ver con precios, con abastecimiento o con impuestos que tiene el agua embotellada. Todo esto a pesar de que se multiplicaron exponencialmente las ventas y por tanto la recaudación y las ganancias.
Nada de esto parece razonable pero es parte de ese neoliberalismo vernáculo que no se ajusta a los problemas de la realidad.
A todo esto han pasado al menos 5 meses desde que se empezó a mezclar agua salada, recién emergen las primeras tímidas medidas. Poco y tarde.
Solo queda rezar que llueva y que no quede ni uno solo de los responsables. .
