El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, ha emitido una enérgica nota de protesta diplomática contra la administración de Estados Unidos tras un incidente de seguridad en su sede consular de Minneapolis. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intentó ingresar sin autorización previa a las instalaciones diplomáticas el pasado martes. El personal consular bloqueó el acceso del oficial, protegiendo a los ciudadanos que se encontraban realizando trámites en ese momento.
Este hecho marca la primera fricción formal entre Noboa y su homólogo Donald Trump en materia migratoria. La canciller Gabriela Sommerfeld calificó la acción como una violación a la inmunidad de las sedes oficiales y exigió garantías para que estos eventos no se repitan. La tensión escala en un contexto donde varios ciudadanos ecuatorianos, incluyendo menores de edad, han sido detenidos en redadas masivas. Uno de los casos más notorios es el de Adrián Cornejo y su hijo de cinco años, quienes fueron interceptados por agentes federales al regresar del colegio en Minneapolis.
Clima social
El clima social en la ciudad es crítico tras la muerte de dos personas en operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza. Mientras el alcalde Jacob Frey ratificó que la policía local no colaborará con las deportaciones, el presidente Trump lo acusó de «jugar con fuego» y violar leyes federales. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la suspensión de agentes involucrados en el tiroteo donde falleció el enfermero Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que intentó auxiliar a una mujer durante una redada y recibió múltiples disparos.
A pesar de la cercanía ideológica entre ambos mandatarios, la irrupción en el consulado ha forzado a Ecuador a priorizar la defensa de su soberanía territorial y la integridad de sus migrantes. La Cancillería aseguró que, aunque algunas familias detenidas han solicitado limitar la intervención oficial para no afectar sus procesos de asilo, el Estado mantendrá un monitoreo constante sobre las condiciones de detención en los centros de Texas y la legalidad de los procedimientos en territorio norteamericano
