La inseguridad, el narcotráfico, la violencia y la corrupción son fenómenos de alcance mundial.
En su discurso del domingo previo a la asunción a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump ratificó la voluntad de su gobierno de emprender una cacería en gran escala contra los inmigrantes ilegales. Y dejó muy en claro que no se va a limitar al área de las fronteras, sino que las batidas abarcarán todo el territorio del país, arrancando por la ciudad de Chicago.
Trump manifestó que a su entender, más del cincuenta por ciento de los inmigrantes son delincuentes y para darle consistencia a sus afirmaciones, mencionó la creciente presencia híper violenta de integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que se ha desparramado por muchos países de América Latina y que, según sus afirmaciones, tiene creciente presencia en los Estados Unidos.
El crimen organizado es un fenómeno asociado a los mercados negros y estos son consecuencia del prohibicionismo.
Un fenómeno que en sus orígenes debió ser tratado como un tema de salud pública devino en un fenómeno de Seguridad del Estado por el criterio que aplicó Richard Nixon.
Con la declaración de la guerra a las drogas se inició en la década de los setentas del siglo XX una cruzada muy sangrienta y muy inútil que se extiende hasta el presente y que cada vez adquiere mayor volumen. Que es sangrienta nadie lo pone en duda y su inutilidad queda demostrada en que cada vez son más extensas las superficies cultivadas, cada vez son más los consumidores locales y mundiales y cada vez gravita más el fenómeno del narco lavado en las finanzas globales, según las estimaciones de la agencia especializada de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En la nueva lógica de la doctrina Monroe aggiornada por la administración Trump, la guerra contra el crimen organizado tiene para los Estados Unidos la inmensa funcionalidad de restaurar la figura del enemigo interno dentro de las fronteras de los países productores y de los países de tránsito de sustancias ilegales. En términos regionales, esto comprende la totalidad de los países de América Latina y el Caribe.
El enemigo interno fue una figura muy importante en la lucha contra el comunismo y la subversión mientras la guerra fría tuvo como escenario a todas aquellas áreas calientes que Estados Unidos y la extinta URSS se disputaron en el tablero global.
Con la desaparición del comunismo soviético, esa figura perdió funcionalidad. Pero en forma casi coincidente con el final de las dictaduras latinoamericanas, nació un nuevo actor que al principio estuvo circunscrito a zonas muy específicas tales como Medellín y Cali en Colombia y Sinaloa, Culiacán, Michoacán y otros estados en México, pero que con el creciente auge del negocio, el mismo se expandió por todos los países de América Latina y, en buena medida, del mundo entero.
Ahora el enemigo interno asociado al crimen organizado es un buen pretexto para el nuevo control hemisférico que tiene como reales protagonistas de fondo la disputa con China y en menor medida, con Rusia, por el control de materias primas y de las infraestructuras estratégicas que permiten gestionar el comercio regional y mundial: Canal de Panamá, Puerto de Chancay en Perú, bases militares desparramadas para cubrir áreas estratégicas en Centroamérica, Cuba, Colombia.
La violencia asociada al narcotráfico sirve de perfecta excusa para promover por parte de algunos sectores de la derecha, la redefinición del rol de las fuerzas armadas, a las cuales de manera insistente se las pretende vincular en la represión interna, con el argumento de combatir a las bandas criminales domésticas.
Las organizaciones criminales pueden dividirse por lo menos en dos dimensiones diferentes: las que se dedican principalmente a organizar la logística que se extiende desde la producción de cocaína en los países con capacidad de hacerlo, para luego organizar el transporte hacia los grandes centros de consumo donde la droga adquiere los mayores valores. La segunda vertiente está conformada por las bandas locales que dan soporte a las organizaciones que se dedican a la macro exportación y que orientan su capacidad operativa hacia la comercialización de sustancias psicotrópicas en el mercado local. Estas bandas son violentas porque se disputan a los tiros el control de territorios y en una gran cantidad de casos operan con acuerdos secretos y no tanto con las policías locales. Por ello, su accionar las convierte en una inmensa fuente de corrupción que afecta progresivamente además de la policía y los servicios penitenciarios, a la justicia, a la política y a las organizaciones financieras e inmobiliarias que se involucran en el lavado de activos.
Para acotar los niveles de violencia, muchos países latinoamericanos recurren a las estrategias de mano dura, empoderando los aparatos represivos e introduciendo modificaciones en los códigos penales para endurecer los sistemas de castigo. Ello ha redundado en un notable incremento de la población privada de libertad, la cual en su gran mayoría está compuesta por jóvenes con bajo nivel de escolaridad, con alto nivel de adicciones y con una elevada tasa de reincidencia. Las cárceles corren el riesgo de convertirse en centros crecientemente controlados por el crimen organizado, tal como ha ocurrido en Brasil y Venezuela, donde los principales grupos delictivos las han convertido en sus grandes cuarteles.
En el discurso de la derecha el modelo aplicado por Bukele en El Salvador se ha convertido en un caso paradigmático, pero como las condiciones existentes en ese país no son fácilmente aplicables a otras realidades, se tiende a recurrir al empoderamiento policial y a introducir modificaciones en los códigos procesales penales.
En Uruguay, el Frente Amplio deberá hacerle frente a este fenómeno que trasciende largamente la capacidad de ser resuelto en el marco temporal de una sola administración. Por tal motivo es fundamental abordarlo como una cuestión de Estado, mediante el involucramiento de todos los actores del espectro político. La sociedad civil debe estar claramente involucrada a través de sus organizaciones, especialmente las de naturaleza local y municipal. De ese modo, el combate a la inseguridad, la corrupción, la violencia y el crimen organizado perderán la estridencia de ser objeto de denuncias cruzadas entre el gobierno de turno y la oposición y pasarán a ser una responsabilidad compartida de alcance efectivamente nacional.
