El proyecto de Presupuesto Quinquenal 2025-2029 de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) volvió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda tras su tratamiento en el Senado. Así lo decidió la Cámara en sesión extraordinaria por lo que el planteo aún no cuenta con sanción definitiva ni en el Senado ni en Diputados, y el plazo constitucional para resolverlo vence el 14 de febrero.
La presidenta de la INDDHH, Mariana Motta, junto a los directores, defendieron ante los legisladores la necesidad de contar con mayores recursos para hacer frente a la amplitud de competencias que la ley le asigna al organismo. Explicaron que actualmente la institución opera con una planilla de 51 funcionarios, un número que consideran insuficiente para cubrir de manera adecuada las múltiples áreas de trabajo que asume: desde la supervisión de derechos humanos en todo el territorio hasta la atención directa a víctimas, el monitoreo de instituciones cerradas y la promoción y educación en la materia.
Entre los principales ítems pedidos figuran un aumento del 35% en la masa salarial para ampliar y profesionalizar el equipo técnico y de atención directa, recursos adicionales para el monitoreo de lugares de privación de libertad como cárceles, centros de salud mental e institutos de menores y un impulso significativo a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, elevando la partida de aproximadamente seis millones de dólares en el quinquenio anterior a más de nueve millones de dólares para 2025-2029. También se busca reforzar la atención a víctimas, la educación en derechos humanos, la promoción de políticas inclusivas y la emisión de recomendaciones al Estado en temas como violencia institucional, discriminación y derechos de la niñez y adolescencia en riesgo.
El planteo generó un debate marcado en el Senado. Legisladores del Frente Amplio respaldaron en general el incremento, argumentando que la INDDHH tiene uno de los presupuestos más acotados de la región en comparación con su amplio mandato y que más recursos son indispensables para avanzar en memoria histórica, verdad y supervisión efectiva de instituciones cerradas. En cambio, sectores del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado expresaron reticencias o rechazo directo al porcentaje solicitado. El senador Gabriel Gurméndez, por ejemplo, cuestionó la propuesta al advertir que llevaría el presupuesto total de la institución a más de 40 millones de dólares en el quinquenio, considerándolo desproporcionado en un contexto de austeridad fiscal y prioridades nacionales. La senadora frenteamplistaConstanza Moreira dijo que espera lograr con legisladores colorados los dos tercios que se necesitan para aprobar este presupuesto.
