El Parlamento condena la asunción de Maduro y califica su gobierno como una dictadura

La Comisión Permanente del Parlamento uruguayo se reunió para debatir la situación en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, que se extendería hasta 2031. Convocada por legisladores del oficialismo, la sesión tuvo como eje la aprobación de una declaración de condena al régimen chavista, acusado de fraude en las elecciones de julio de 2024, violaciones a los derechos humanos y de consolidar una dictadura. Tras menos de dos horas de debate, la propuesta del oficialismo fue aprobada con 6 votos a favor y 4 en contra, provenientes de legisladores del Frente Amplio. La declaración aprobada plantea calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, considerar su asunción como un golpe de Estado, denunciar violaciones a los derechos humanos, incluyendo la desaparición de un ciudadano uruguayo y promover un proceso de paz que permita la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente, conforme a los resultados de las elecciones de 2024.

Durante el debate, legisladores oficialistas manifestaron su rechazo absoluto al gobierno de Maduro. La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue una de las voces más enfáticas. En su intervención, declaró: “En Venezuela los días no se cuentan por calendario, se cuentan por muertos y torturados, todos los días”.

Bianchi expresó que, aunque se opone a una intervención militar, es imprescindible buscar una salida pacífica para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. “No queremos más baño de sangre, queremos una hoja de ruta, una salida pacífica, convencer al régimen de Maduro de que debe dejar el poder”, señaló. También sugirió que Maduro debería buscar refugio en otro país: “Tómense un avión, váyanse con los millones de dólares que se robaron”.

En tanto, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian criticó duramente al Frente Amplio por no condenar de manera contundente al régimen chavista. “No puedo mirar para el costado cuando veo lo que pasa en Venezuela, o plantear declaraciones edulcoradas”, afirmó. “No se puede ser tan ciego, tan mezquino y tan lacayo de un gobierno tirano y de un dictador”. Además, destacó que “desde el Partido Nacional siempre hemos sido defensores de la democracia. Otros tienen otra trayectoria”.

Frente Amplio: Crítica y llamado al diálogo

Por su parte, los legisladores del Frente Amplio no apoyaron la declaración del oficialismo y presentaron una propuesta alternativa, que no llegó a ser votada. Este documento señalaba que el gobierno venezolano “ha profundizado su alejamiento de la Constitución de 1999”, cuestionaba la legitimidad de la toma de posesión de Maduro y proponía un “diálogo internacional” como vía para restaurar la democracia. El senador del MPP, Daniel Caggiani, lamentó que no se lograra un consenso para una declaración conjunta. “A veces las acciones nos unen y las palabras nos dividen. No hemos podido condensar una declaración común”, afirmó. Además, destacó que “la juramentación de Maduro tiene un problema de legitimidad de origen” y que “ese cuestionamiento afecta el tránsito democrático en Venezuela”.

Caggiani insistió en que la salida debe ser pacífica y que se debe priorizar la mediación internacional. “Algunos trabajan para los acuerdos y otros para los desacuerdos”, dijo, en alusión a la falta de entendimiento con el oficialismo.

Divergencias sobre la solución a la crisis

El debate también puso de manifiesto diferencias sobre cómo abordar la crisis en en el país caribeño. Mientras que el oficialismo abogó por medidas más contundentes, como la presión internacional para que Maduro deje el poder, el Frente Amplio optó por una postura más moderada, enfocada en el diálogo y el respeto al derecho internacional.

Bianchi destacó que, aunque la comunidad internacional debe actuar, descarta completamente una intervención militar: “La pregunta entonces es cómo. ¿Una invasión extranjera? No. ¿Por la fuerza? No. El pueblo venezolano no resiste más”. En cambio, el Frente Amplio hizo hincapié en el deterioro institucional y el respeto a los derechos humanos como ejes de cualquier acción futura.