El Senado se apresta a aprobar este martes la creación del comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias, una figura que busca convertirse en un actor clave en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Impulsada originalmente por la senadora Blanca Rodríguez, del Frente Amplio, la iniciativa cuenta con el respaldo de la bancada oficialista y se perfila como uno de los proyectos más relevantes en materia social del período.
La propuesta apunta a establecer un “ombudsman” específico para la infancia, con facultades de seguimiento, control y denuncia frente a situaciones de vulneración de derechos. En un contexto marcado por cifras inquietantes de pobreza infantil, violencia y fragilidad institucional en la protección de menores, el proyecto busca llenar un vacío que, según sus promotores, el Estado aún no ha logrado cubrir de forma eficaz.
El senador del Frente Amplio Gustavo González, del Partido Socialista, defendió con firmeza la iniciativa en diálogo con Diario La R. “Es algo muy importante, sobre todo si miramos los últimos informes sobre pobreza infantil y maltrato hacia los niños. Hay problemas graves de violencia intrafamiliar, y también en organismos del Estado”, afirmó.
Para González, la creación de esta figura responde a una necesidad urgente. “Se necesita un comisionado que ponga los ojos donde hoy muchas veces no están. Los niños no tienen voz y, como no votan, muchas veces quedan relegados”, sostuvo.
El alcance del comisionado sería amplio. Entre sus atribuciones se incluye la recepción de denuncias, la posibilidad de realizar inspecciones en organismos públicos, y la emisión de recomendaciones sobre políticas o situaciones específicas. Se trataría de un actor independiente, con capacidad de incidir en la agenda pública y de alertar sobre fallas estructurales en la protección de la infancia.
La inspiración para este modelo no es nueva. González destacó que existen experiencias similares en numerosos países. “Esto funciona en Polonia, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina, Brasil y muchos otros. En todos los casos ha sido positivo”, señaló, subrayando que Uruguay llega “tarde” a la implementación de una figura de este tipo.
El proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, donde recibió el respaldo de diversas organizaciones e instituciones. Según el legislador, tanto representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) como profesionales de la salud manifestaron su apoyo. “La mayoría de las organizaciones que fueron invitadas dieron una posición favorable”, aseguró.
No obstante, la iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Uno de los principales puntos de debate gira en torno a la posible superposición de funciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que ya tiene entre sus cometidos la protección de derechos fundamentales, incluyendo los de la infancia.
Otra crítica apunta al riesgo de aumentar la burocracia estatal. Frente a ello, González fue categórico: “Estoy absolutamente en contra de esa visión. Cuando se habla del Estado como algo caro, hay que recordar que es el que nos da la escuela pública, los hospitales, el que atiende a las personas en situación de calle y a las mujeres víctimas de violencia. Yo quiero un Estado robusto”.
En su visión, el costo de crear esta nueva figura sería marginal en términos presupuestales, pero con un impacto potencial significativo. “No va a mover la aguja del presupuesto nacional, pero puede cambiar mucho en la vida de los niños”, afirmó.
El legislador también comparó el futuro rol del comisionado con el del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, actualmente desempeñado por Miguel Petit. “Antes no había informes sistemáticos sobre las cárceles. Hoy los hay, y han sido clave para visibilizar una realidad muy dura. Necesitamos lo mismo para la infancia”, explicó.
El contexto en el que se discute esta iniciativa es particularmente sensible. Uruguay enfrenta desafíos importantes en materia de pobreza infantil, con impactos que, según González, son determinantes en el desarrollo de las personas. “Entre los cero y los tres años se juega gran parte del futuro de un ser humano. Si en esa etapa hay mala alimentación, vivienda inadecuada o problemas de salud no atendidos, eso no se recupera más”, advirtió.
A esto se suman fenómenos como la violencia, la explotación y la trata de menores, que han ganado visibilidad en los últimos años. “Hay situaciones que asustan: niños abusados, adolescentes víctimas de trata, balaceras que afectan a menores. Es una realidad muy dura”, señaló.
En ese sentido, el comisionado no solo tendría un rol de control, sino también de sensibilización y visibilización de estas problemáticas. La expectativa es que contribuya a colocar la infancia en el centro del debate público y a generar presión para mejorar las políticas existentes.
El respaldo de organismos internacionales como UNICEF refuerza el impulso del proyecto, aunque no despeja completamente las dudas sobre su implementación. El desafío, coinciden analistas, será lograr una articulación efectiva con las instituciones ya existentes, evitando duplicaciones y asegurando resultados concretos.
En el plano político, la aprobación en el Senado parece asegurada gracias a la mayoría del Frente Amplio. Sin embargo, el proyecto deberá luego pasar por la Cámara de Diputados, donde podría enfrentar un debate más intenso.
González se mostró optimista, aunque cauteloso. “En el Senado tenemos los votos, pero habrá que ver qué pasa en Diputados. Esperamos que haya comprensión de la importancia de este tema”, indicó.
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