«Establezco la competencia del Tribunal Supremo Federal para perseguir y juzgar los delitos ocurridos el 8 de enero de 2023, independientemente de que los investigados sean civiles o militares», ha explicado el juez Alexandre de Moraes, según ha recogido el periódico “O Globo”.
Así, ha rechazado que sea la justicia militar quien juzgue los delitos presuntamente cometidos por los miembros del Ejército -incluidas amenazas, incitación al delito, golpe de Estado-, ya que los soldados habrían violado tipos penales y tipificados en el Código Penal, en referencia a los atentados contra el régimen democrático, ha señalado De Moraes.
El magistrado ha abierto, tras ello, una investigación sobre la participación de miembros de la Policía Militar del Distrito Federal y del Ejército en el asalto a los tres poderes, con el fin de «determinar la autoría y materialidad de posibles delitos».
De Moraes ha tomado esta decisión tras la solicitud de la Policía Federal, que aseguró que hubo una posible colaboración u omisión por parte de los soldados que se encargaban de la Oficina de Seguridad Institucional y de la Guardia Presidencial.
