Siempre es necesario y más en estos contextos recordar la importancia de generar una acción pública basada en la probidad, la transparencia y el principio de buena fe en la administración pública. Más en estos días en que hechos de público conocimiento hacen que cada vez nos sintamos más lejos de lo orgulloso que nos sentíamos de ser el país más transparente de América Latina.
Hoy con orgullo desde el norte del país podemos reivindicar la importancia de cuidar y mantener la casa en orden, guiados por el buen principio de transparencia y probidad en el uso de recursos públicos. Pero sobre todo por el principio de buena fe en la administración pública. Y esto lo logramos luego de que decidimos poner la casa en orden, aspecto que es fundamental para lograr una buena gestión de gobierno, especialmente cuando se trata de los recursos humanos.
Poner la casa en orden no fue un regalo del cielo. Cuando llegué a la Intendencia no existían reglas claras, ni transparencia en el manejo de las contrataciones y fue allí que comenzamos un proceso de saneamiento fiscal y normativo, que nos permitió poder sentarnos nuevamente a conversar con los trabajadores.
Luego de meses de no cobrar su sueldo en fecha, hoy cada trabajador departamental cobra sin falta en fecha sus haberes correspondientes, cumpliendo con nuestra obligación.
Hoy en Salto podemos decir con orgullo que hemos podido ratificar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el resultado de las negociaciones colectivas que hemos venido llevando adelante estos años, que nos permite haber alcanzado un acuerdo con todos los trabajadores, atender sus demandas y garantizar que el buen manejo financiero nos permita cumplir nuestras obligaciones. Somos la primera Intendencia del país en haber ratificado este Convenio Colectivo ante el Ministerio.
Pero, cuando pululan todos los días novedades de los escándalos de una red criminal que operaba en el seno de la Presidencia de la República liderada por una persona de particular confianza, hoy podemos decir que en Salto, a diferencia de lo que ocurre en otras Intendencias, la gran mayoría de los funcionarios municipales (70%) está presupuestado y accedió al cargo por un concurso competitivo, público y transparente.
¿Y qué logramos con esto? Pues que casos como el de Astesiano, o tantos otros no se repitan. Lo que estamos haciendo es reducir el margen de discrecionalidad de los actores políticos respecto a los funcionarios. Sí creemos que Uruguay debe avanzar hacia una reducción al mínimo de la discrecionalidad política de los nombramientos y asensos, y aumentar al máximo las reglas claras, conocidas y consensuadas por todos, siempre cuidando el interés ciudadano.
De un total de 1650 funcionarios que tiene la Intendencia de Salto, 1050 son presupuestados, mientras que permanente o efectivos son alrededor de unos 550 funcionarios. Y los contratos eventuales o temporales son menos del 3%. Esto es transparencia, eso es probidad, eso es recuperación del Estado que es lo que tanto precisamos hoy en día.
Es tiempo de elevar la mirada y utilizar estos graves escándalos de corrupción para aprender de ellos y no volver a cometer como país los mismos errores del pasado. De no hacerlo, las consecuencias son muy caras para las generaciones presentes y futuras, comprometiendo el desarrollo de nuestro país.
