El Juez de concurso Elbio Martínez resolvió declarar el concurso necesario de Conexión Ganadera y su empresa relacionada, Hernandarias XIII S.A.G.R.L., e impuso un embargo genérico por la suma de 250 millones de dólares a los directivos (Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow Artagaveytia y Daniela Cabral Bilhere, esta última viuda de Gustavo Basso) además de intervenir sus comunicaciones relacionadas con la actividad profesional del giro, la prohibición de cambiar de domicilio y de salir del país, sin la previa autorización judicial.
A los tres directivos, además, se les suspendió su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso y se designó como Síndico al doctor Alfredo Ciavattone quien hasta ahora se desempeñó como interventor y coadministrador actuante. Por este concurso, se convocó a una junta de acreedores para los días 19 y 20 de agosto.
La medida judicial se adoptó este lunes en el marco de la solicitud de varios acreedores y recae sobre los créditos, derechos y acciones de Carrasco, Iewdiukow y Daniela Cabral, imputados por presunta estafa y apropiación indebida, en una causa que cuenta con al menos 20 denuncias y varios cientos de damnificados. Se estima que hay en total unos 4.200 acreedores de Conexión Ganadera y una diferencia entre el pasivo y el activo del orden de los 250 millones de dólares.
De acuerdo con los argumentos del juez, “surge acreditado sumariamente” que, en el caso de Carrasco, Iewdiukow y Cabral, “no solo se trata de personas estrechamente vinculadas a la administración de las personas jurídicas concursadas, sino que tenían conocimiento del estado de insolvencia de las deudoras y, luego del allanamiento, surge evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”.
Cierre de fronteras por 180 días
En paralelo, más temprano, en otra audiencia, se resolvió el pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, quien había solicitado la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización previa del tribunal y la retención de los documentos de viaje de los tres socios de la empresa denunciada, así como sus cédulas de identidad. La medida fue decretada por la jueza Diovanet Olivera quien citó a una instancia presencial para este lunes a modo de garantía para los imputados y para establecer el plazo de duración del cierre de fronteras, que se acordó será de 180 días.
La audiencia se llevó a cabo en la sala Constitución del Poder Judicial. Allí comparecieron los abogados de los imputados, los doctores Jorge Barrera, Marianela Melgar, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, quienes plantearon estar de acuerdo con las medidas. La fiscalía viene realizando diligencias previas para conocer cómo funcionaba el negocio y qué participación tenía cada uno de los investigados.
Entre las empresas que forman parte de la investigación se encuentra Pasfer S.A., que era una de las receptoras del ganado en que invertían los clientes de Conexión Ganadera y que figura en el Banco República como “deudora irrecuperable”. Durante la audiencia, no prosperó el planteo de uno de los 19 abogados de las víctimas que solicitó incautar todos los celulares de los imputados para evitar el “trasiego de ganado” que, alertó, se sigue realizando en perjuicio de los damnificados. En total se presentaron 19 abogados por los presuntos damnificados.
El Fiscal fundamentó las medias cautelares de cierre de fronteras y pedido de los documentos de viaje a los imputados en la necesidad de asegurar la presencia de los mismos en el territorio ante la posibilidad de que pueda determinarse su responsabilidad en los hechos que se investigan. Pero además, en virtud de la magnitud de la denuncia y la cantidad de damnificados “no es difícil presumir que una o en más oportunidades deban comparecer ante la fiscalía, a ser interrogada respecto a estos hechos a los efectos de desenredar esta madeja tan compleja que se está denunciando”.
Por su parte, la defensa de los imputados, sostuvo que se allanaban al pedido por considerar que son medidas que se encuentran dentro de lo que establece la legislación, el estado de derecho, medidas que sí se pueden tomar antes de la formalización.
La jueza reafirmó que las personas investigadas revisten la calidad de imputados con todos los derechos y garantías, esta es una etapa inicial de la investigación en la cual “ ni siquiera tenemos claro cuales son las víctimas, no existen elementos objetivos para iniciar un proceso ni para formalizar, ni semiplena prueba para determinar la prisión preventiva”.
Por lo tanto, las únicas posibles medidas que se puedan adoptar, son medidas limitativas de su libertad ambulatoria. Por ese motivo, decretó el mantenimiento de las medidas limitativas por decreto 146/2025 de 11 de febrero de 2025 respecto a los imputados por el término de 180 días. Por otra parte, resolvió que la oficina actuaria expida, previo a recabar información a interpol, la constancia solicitada por la defensa de los imputados respecto a la entrega de sus documentos de identidad. Por su parte, concedió un plazo de diez días hábiles a los letrados de comparecientes en representación de las víctimas a los efectos de presentar un escrito con las designaciones correspondientes.
La jueza desestimó el planteo de uno de los abogados comparecientes, Juan Pablo Dezia, en representación de las víctimas, quien propuso la incautación de todos los celulares de los directivos para “evitar que se frustre la prueba y evitar trasiego de ganado entre inversores y quienes tienen contratos que les daban la posibilidad de tener ganado debido a que esos trasiegos de ganado existen, existieron y seguirán existiendo y son acciones que pueden entorpecer la investigación preliminar”. La jueza y también el fiscal entendieron que el planteo estaba fuera del objeto de la convocatoria de la audiencia que era el debatir el plazo y duración de las medidas cautelares. Además, que lo tendría que plantear en Fiscalía, indicó la jueza. “Las puertas están abiertas, allí los recibiremos y analizaremos oportunidad y conveniencia y lo solicitará ente la sede, es una investigación que está en sus inicios, y estamos en un periodo de evaluación”, afirmó el Fiscal.
La audiencia fue trasmitida por el canal de APU en Youtube, que lo realiza mediante un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.
Todo parece indicar que pasará lo peor. Este muchacho Carrasco aporta al Partido Nacioala desde 2004. Y está en todo su derecho, obvio, no es un delito. Pero lo de la falta de la plata sin duda Carrasco, Basso y flia los abían desde hace mucho tiempo y sin duda espraban el resultado electoral para ver cómo hacían para tapar la macana. La esperanza sería conseguir un préstamo del BROU. La derrota del Partido Nacional los encontró sin plan B. Toda esa plata afanada, es evidente, está en exterior, en paraísos fiscales. Carrasco, su cónyuge y la viuda de Basso no deben tener nada a su nombre. Ni el cepillo de dientes. Por más embargos que le pongan, no le sacan nada. M temo que los damnificados, …suerte en pila. Y saldrá la oposición pedir o exigir que el BROU (o sea el estado, léase Juan Pueblo) ponga el dinero para cubrir lo que afanaron estos muchachos. Será que uno se pone veterano y desconfiado… Pasó en la crisis de 2002. Muchos damniifcados por los robos de los Peirano y los Rohm no recuperaron nada. Y el gobierno mintió (presidencia de Jorge Batlle, Ministro de Econo mía Bensión), diciendo los hermanitos Rohm ponían 100 palos verdes para cubrir -parcialmente- el faltantae cuando en realidai era un préstamo que hizo el estado y lo pagó la gente.
Carrasco no era el grupo de las finanzas, el dios del dinero, el que más sabía?. No era, según sis palabras, que lo demás eran unos burros? Que el único capaz era él? Que se joda. Esto le pasó por pedante, engreído y estafador. Y que dirán sus amigos del P. NACIONAL. Y Da Silva????
Delincuentes
Sorprende que en este tema de Conexión Ganadera también haya caído gente de la izquierda. Hay compañeros que según parece tenían más dinero del que pensábamos.
Mí única conclusión es que a BARRERA sabe de PARAISOS Y OTROS ARBOLES???
El 4/12/24 denuncia penalmente a República ganadera.
El 18/02/25 defiende penalmente a Conexión Ganadera.