El reciente anuncio de un pago extraordinario de fin de año de 3.151 pesos para jubilados y pensionistas,la partida es para aquellos jubilados que perciban pasividades de hasta $20.458 (3,111 BPC). También para pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), mayores de 65 años al 31/10/2025, que perciban pasividades de hasta $20.458.
Se volvió a instalar en la agenda un debate que Uruguay arrastra desde hace años: ¿hasta qué punto estas medidas, aunque necesarias y bien recibidas, logran realmente modificar las desigualdades estructurales que atraviesan a buena parte de la población?
El pago único llega en un contexto de encarecimiento del costo de vida, aumento del endeudamiento de los hogares y una brecha creciente entre los ingresos formales y las necesidades reales. Para muchos adultos mayores, especialmente quienes dependen exclusivamente de pasividades mínimas, el monto representa un respiro. Un respiro, sí. Pero fugaz. La inflación acumulada, los costos de medicamentos, el precio de los alquileres y la precarización de las redes de apoyo familiar hacen que esos 3.151 pesos se evaporan casi antes de llegar.
En paralelo, economistas y organizaciones sociales coinciden en un diagnóstico común: Uruguay necesita cambios más profundos, sostenidos y estructurales para construir una economía verdaderamente equitativa. Medidas aisladas —como transferencias puntuales o bonos de coyuntura— pueden mitigar urgencias, pero no alteran las causas que generan desigualdad. Y esas causas están asociadas a un mercado laboral segmentado, a las dificultades de acceso a empleo de calidad y a un sistema educativo que no logra revertir las brechas de origen.
Mientras el país crece en sectores específicos —tecnología, agronegocios, logística— gran parte de la población no siente ese crecimiento en su bolsillo. El desafío no solo pasa por expandir la economía, sino por distribuir mejor los beneficios, generar oportunidades reales y evitar que la movilidad social siga dependiendo del azar o del entorno de nacimiento.
En el caso de los jubilados, el bono vuelve a abrir una discusión más profunda: la necesidad de revisar cómo se define el poder adquisitivo de las pasividades, cómo se reajustan y cómo se asegura una vejez digna. No se trata de desconocer el valor de la ayuda, sino de admitir que estas soluciones parciales corren siempre detrás de la urgencia, nunca delante de ella.
Uruguay tiene condiciones para avanzar hacia un modelo más equitativo: estabilidad institucional, capacidad técnica, redes de protección social históricas y un sector productivo diversificado. Lo que falta es una estrategia de largo plazo que ataque la desigualdad desde la base, no apenas desde los síntomas.
Porque mientras las soluciones sean parches, la promesa de una economía más justa seguirá siendo eso: una promesa aplazada. Y millones de uruguayos —no solo jubilados— continuarán viviendo en un país donde los alivios llegan de vez en cuando, pero las oportunidades siguen siendo un privilegio de pocos.