El pasado 14 de enero, el Gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses; y eliminar la lista de entidades cubanas restringidas, que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, teniendo efecto en terceros países. Con ello, el mandatario saliente suspendió también la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de demandar en tribunales de Estados Unidos la nacionalización de sus propiedades en Cuba, de acuerdo con el título III de la Ley Helms-Burton y levantó algunas sanciones financieras decretadas por la anterior administración.
La decisión revoca el memorándum de seguridad nacional aprobado por el presidente Trump de julio de 2017 y ordena al Secretario del Tesoro iniciar un proceso de ajuste a esta decisión.
Los nuevos cambios, a solo días de culminar la actual administración, son patrones ya conocidos. Sin desconfiar de las ya tomadas decisiones, que son también “pasos de avances” en las relaciones Cuba-Estados Unidos, pensamos en su sostenibilidad en el tiempo. Es muy fácil recordar el 2016, cuando la Casa Blanca cambió de inquilino; Barack Obama cedía la silla presidencial y, en sus últimos días, también puso en prácticas medidas en favor del mejoramiento de las relaciones entre ambos países. Cambios abolidos por Donald Trump, y los pasos avanzados se retrocedieron.
El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó a través de su cuenta en la red social X:
“Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada por EE.UU de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas.”
Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en declaración oficial, sostuvo las siguientes palabras:
“A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad”.
La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige, de modo muy restringido, aspectos de una política cruel e injusta. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos.
Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito, financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias.
