La reciente habilitación ambiental previa otorgada por el Ministerio de Ambiente para el Proyecto Neptuno-Arazatí desató críticas por parte de organizaciones sociales, gremiales y ambientales, quienes sostienen que la obra es inconstitucional, costosa y perjudicial para el acceso al agua potable. El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos «Tato» Larrosa, calificó la medida como «antidemocrática» y denunció los riesgos económicos, sociales y ambientales asociados al proyecto. En diálogo con Diario La R, Larrosa recordó que la habilitación otorgada no es definitiva, ya que el informe del Ministerio establece que deben realizarse nuevos estudios y que la empresa Aguas de Montevideo deberá cumplir con estrictos parámetros. Sin embargo, criticó que el Ministerio forma parte del mismo gobierno que impulsa el proyecto, lo que, según él, explica la aprobación inicial pese a las múltiples objeciones.
Entre las críticas más contundentes, Larrosa señaló que el modelo de financiamiento elegido, en el cual un consorcio privado construirá la infraestructura para luego alquilársela a OSE, “genera un sobrecosto de al menos 400 millones de dólares en comparación con una obra financiada con fondos públicos”, aseguró el dirigente. Además, cuestionó la capacidad del proyecto para solucionar el problema de abastecimiento de agua, dado que aportaría apenas entre el 15% y el 20% del agua producida en Aguas Corrientes, y solo un 7,5% llegaría efectivamente a los hogares debido al elevado índice de pérdidas de agua potabilizada. «Estamos hablando de un agua de peor calidad, carísima y que no soluciona el problema», afirmó Larrosa, quien destacó que el agua proveniente del río de la Plata sería más salina y requeriría estrictos controles para su consumo. En términos ambientales, Larrosa advirtió sobre el impacto negativo en tierras productivas de San José, donde se planea construir una reserva de agua dulce que afectará áreas de alta producción agrícola. También alertó sobre el riesgo de infiltración de agua del Río de la Plata al acuífero Raigón, fuente clave para consumo humano y riego, y sobre posibles afectaciones a los humedales y el balneario Arazatí, zonas de relevancia paleontológica.
El presidente de FFOSE cuestionó además la falta de garantías en el monitoreo futuro de estos riesgos: «¿Quién lo va a controlar después? Ese es el principal riesgo ambiental». El proyecto también enfrenta reparos políticos. El presidente electo Yamandú Orsi expresó su oposición y señaló que la prioridad de su gobierno será la instalación de una planta potabilizadora en Casupá, Florida. Larrosa criticó que el gobierno saliente haya acelerado los trámites en las últimas semanas, advirtiendo que la firma del contrato con el consorcio privado podría exponer al Estado a demandas internacionales en caso de incumplimientos o cambios en la obra. FFOSE y otras organizaciones han definido una estrategia que incluye acciones legales, movilizaciones y un pedido de audiencia con las autoridades entrantes para frenar el proyecto. «Nunca una organización que estuvo en contra del Neptuno cambió de opinión. Cada vez somos más», aseguró Larrosa, asegurando el creciente rechazo popular y político al emprendimiento. Más de 30 organizaciones sociales, entre ellas FFOSE, FUCVAM y Redes-Amigos de la Tierra, han firmado una carta que insta al gobierno a no firmar el contrato con Aguas de Montevideo y permitir que el próximo Ejecutivo evalúe alternativas. Argumentan que el proyecto compromete la soberanía hídrica y podría tener impactos irrecuperables para el medio ambiente y la salud pública. «Un gobierno responsable no podría firmar esto. Es un sinsentido total», concluyó Larrosa.
Estamos de acuerdo conque lo mas importante es asegurar agua a la población Si esta contaminada hay que probarlo 6 si la potabilizadora no puede hay que probarlo