El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) dieron un paso relevante en la articulación de políticas públicas al firmar un convenio de cooperación orientado a evaluar y mejorar las propuestas educativas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal. El acuerdo, suscrito el jueves pasado en la sede del LATU, busca generar evidencia y recomendaciones que permitan fortalecer las trayectorias educativas de una población particularmente vulnerable.
La iniciativa se inscribe en un contexto preocupante: según datos recientes del propio Inisa, el 85% de los adolescentes bajo su órbita no ha culminado el ciclo básico de educación media. Se trata de un indicador que, en palabras del presidente del organismo, Jaime Saavedra, resulta “aterrador” y que no ha mostrado avances en la última década. Esa realidad condiciona de forma directa las posibilidades de reinserción social de estos jóvenes.
En ese escenario, el rol del Ineed será clave. El instituto, especializado en la evaluación de políticas educativas, aportará herramientas técnicas para analizar en profundidad los programas que actualmente se desarrollan en el Inisa, que incluyen desde propuestas formales en coordinación con la ANEP hasta talleres con diversas instituciones.
El doctor Javier Lasida, integrante del directorio del Ineed y ex presidente del organismo, subrayó la relevancia del acuerdo y la oportunidad que representa. “Es muy importante. Es un acuerdo entre el Inisa, que es responsable de aplicar las medidas a adolescentes que infringen la ley penal, y el Ineed, que va a aportar evaluación para la toma de decisiones”, explicó en entrevista con Diario La R.
El objetivo central del convenio es claro: mejorar la calidad de las propuestas educativas y, en última instancia, las oportunidades de los adolescentes. Para Lasida, incluso en contextos de exclusión profunda, el sistema educativo tiene un rol irrenunciable. “Hay enormes posibilidades y es una responsabilidad del Estado siempre ofrecerlas, incluso a quienes hoy parece que no las quieren aprovechar”, afirmó.
El especialista señaló que las trayectorias de estos jóvenes suelen estar marcadas por la exclusión estructural, en muchos casos atravesando generaciones. Sin embargo, sostuvo que el tamaño del fenómeno en Uruguay —con alrededor de mil adolescentes en esta situación— hace viable un abordaje más personalizado y efectivo. “Es un número muy manejable. El trabajo es posible. Es caro, sí, pero recontra vale la pena”, enfatizó.
El convenio establece tres grandes líneas de trabajo. En primer lugar, se realizará un relevamiento exhaustivo de la información disponible, con el objetivo de mapear qué programas existen, cómo funcionan y qué cobertura tienen. Esto incluye la construcción de sistemas de información más robustos, capaces de registrar en tiempo real las trayectorias de los adolescentes dentro del sistema.
En segundo término, se llevará adelante un estudio cualitativo para conocer la percepción de los propios jóvenes sobre las propuestas educativas. “Queremos saber cómo se sienten, qué fortalezas encuentran, qué debilidades y qué les gustaría que mejorara”, explicó Lasida.
El tercer componente será una evaluación de aprendizajes, orientada a medir qué saben efectivamente los adolescentes y en qué condiciones están para continuar estudios o insertarse en el mundo laboral. “No alcanza con la acreditación. Tienen que salir con buenos aprendizajes”, subrayó.
Uno de los aspectos más complejos que el estudio buscará abordar es la discontinuidad en las trayectorias educativas, especialmente en los momentos de transición. Lasida advirtió que los sistemas actuales presentan dificultades importantes para acompañar a los jóvenes cuando pasan de la privación de libertad a la vida en comunidad. “No podemos quedarnos con una buena evaluación el último día. Tenemos que ver qué pasa después”, sostuvo.
Esa mirada longitudinal, centrada en las trayectorias, apunta a identificar los “intersticios” donde las políticas públicas suelen fallar. “Es en esos espacios donde la política pública en Uruguay tiene problemas”, afirmó.
El convenio también se inscribe en un debate más amplio sobre el rol de la educación en contextos de violencia y exclusión. Lasida planteó que el sistema educativo enfrenta dificultades para adaptarse a estos escenarios y que, en muchos casos, termina reproduciendo problemas que vienen de la sociedad. “La educación agrava y retroalimenta problemas que le vienen de la sociedad”, advirtió.
En ese sentido, el especialista puso el foco en la necesidad de fortalecer los centros educativos, dotándolos de mayores capacidades de gestión y autonomía. Según señaló, actualmente los centros en Uruguay tienen escaso margen de decisión, lo que limita su capacidad de respuesta ante situaciones complejas. “Las decisiones que se toman en el propio centro educativo son poquísimas”, indicó.
Otro de los ejes centrales de su análisis fue la falta de sistemas de información integrados, una debilidad estructural que, según afirmó, impacta directamente en la capacidad de prevenir y atender situaciones críticas. “La información está, pero está fragmentada, desarticulada, desordenada”, explicó.
Para Lasida, avanzar hacia sistemas que permitan compartir información entre distintas instituciones —educación, salud, protección social— es una condición indispensable para mejorar las políticas públicas. “Hoy técnicamente es facilísimo ordenar esa información y ponerla a disposición de quienes toman decisiones”, sostuvo.
En esa línea, cuestionó que el Estado uruguayo haya logrado altos niveles de articulación de datos en áreas como la recaudación, pero no en ámbitos vinculados a la protección y el desarrollo social. “Para recaudar, la información está perfectamente articulada. Para proteger, no”, resumió.
El convenio entre Inisa e Ineed aparece así como una oportunidad para avanzar en esa dirección, al menos en un ámbito específico, afirmó Lasida. La evaluación no solo permitirá identificar fortalezas y debilidades de los programas existentes, sino también generar insumos para rediseñar las intervenciones, indicó.
En paralelo, el acuerdo se complementa con otras iniciativas en curso, como la próxima firma de un convenio entre Inisa y ANEP para abordar la educación de adolescentes con medidas alternativas, que no están privados de libertad. Este grupo, que representa una proporción significativa del total, plantea desafíos específicos en términos de seguimiento y continuidad educativa.
Para Lasida, el desafío es enorme pero ineludible. “Si esto no funciona, no se puede esperar nada”, advirtió, en referencia al impacto que tiene la educación en las posibilidades de inclusión social.
La apuesta, entonces, es a construir políticas más eficaces, basadas en evidencia y con una mirada integral. En un contexto donde la violencia y la exclusión se refuerzan mutuamente, la educación aparece como una herramienta clave para romper ese círculo.
El convenio firmado entre Inisa e Ineed, agregó, no resolverá por sí solo estos problemas estructurales, pero representa un paso en la dirección de comprender mejor qué funciona, qué no y por qué. Y, sobre todo, concluyó, de asumir que detrás de cada dato hay trayectorias de vida que pueden cambiar si las políticas públicas logran estar a la altura del desafío.
