La Justicia resolvió este jueves mantener la prisión preventiva efectiva para seis de los siete militares imputados en la causa conocida como caso Roslik o caso San Javier. La medida se prorrogó por 180 días.
Los imputados cumplen prisión en la cárcel de Domingo Arena, en Montevideo. Están acusados por delitos de privación de libertad y tortura contra aproximadamente 30 residentes de San Javier (Río Negro), en operativos militares realizados en 1980 y 1984.
En cuanto al séptimo imputado, la Justicia indicó que permanece internado en un centro de salud y no pudo asistir a la audiencia. Su situación se resolverá en los próximos días.
La audiencia se llevó a cabo este jueves 5 de febrero de 2026 ante el juez Claudio De León, con la participación presencial del magistrado y del abogado Fernando Doti , quien representa a uno de los imputados. El resto de las partes intervino por videoconferencia mediante Zoom.
La decisión se adoptó tras el pronunciamiento previo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, que ya había revocado en diciembre de 2025 la prisión domiciliaria inicialmente dispuesta y ordenado la prisión preventiva efectiva hasta el 6 de febrero de 2026. Esta prórroga extiende la medida para los seis imputados que comparecieron, mientras las defensas anunciaron que apelarán nuevamente la resolución.
Los siete militares involucrados en esta medida son: Óscar Mario Roca Baraldi, Abel Edison Pérez Cirilo, Jorge Ricardo Soloviy Feris, Daniel Edgardo Castellá Lorenzo, Rodolfo Gustavo Costas Bentancour, Luis Pedro Estebenet Stasiak y Eduardo Saiz Pedrini.
La causa investiga hechos ocurridos durante la dictadura. Entre las víctimas se encuentra el médico Vladimir Roslik, quien falleció el 16 de abril de 1984 tras ser detenido y torturado en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, considerado el último homicidio político de ese período.
En diciembre de 2025, el juez Claudio De León dictó condena en primera instancia contra nueve militares retirados por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves, calificados como crímenes de lesa humanidad. Las penas impuestas oscilaron entre 11 y 15 años y medio de prisión. Dos de los condenados (Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrere) ya cumplían prisión por otras causas relacionadas.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, apeló la medida cautelar inicial de prisión domiciliaria argumentando riesgo de fuga tras la condena. El Tribunal de Apelaciones dio lugar a ese recurso a fines de diciembre de 2025, lo que derivó en la detención efectiva y en esta prórroga actual. El proceso continúa en instancia de apelación, y la resolución definitiva sobre las condenas aún está pendiente.
DEBERÍA HABER SIDO 10.800 DÍAS!!!!