Con una argumentación centrada «en la dignidad intrínseca de la persona humana y el valor inviolable de la vida», la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) expresó su posición contraria a la legalización de la eutanasia, al tiempo que reafirma «su compromiso con el acompañamiento integral de los enfermos, especialmente en la etapa final de sus vidas».
Este pronunciamiento se da en un momento que a nivel legislativo se ha reflotado la posibilidad de presentar un proyecto sobre eutanasia, tras fracasar el impulsado por el diputado Ope Pasquet en la anterior legislatura. El documento de los obispos lleva el título “Aporte al debate y reflexión pública sobre la eutanasia”, y es producto de una reunión mantenida por estos en Florida.
El documento señala que la dignidad de la persona humana «emana del simple hecho de pertenecer a la especie humana, otorgándole un valor absoluto, único e insustituible que persiste en cualquier circunstancia y trasciende cualquier condición particular».
Para los obispos, legalizar la eutanasia implica reducir esta dignidad a criterios subjetivos, como la «calidad de vida», lo que podría derivar en una discriminación entre vidas «valiosas» y otras consideradas prescindibles. “La eutanasia implica un acto de homicidio en contexto clínico”, indican y acotan que “tampoco es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo. El médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano. Matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento”.
La Conferencia Episcopal indica que los proyectos sobre la eutanasia redefinen conceptos como «muerte digna» o «muerte natural» para incluir la eutanasia, algo que la Iglesia ve como una manipulación del lenguaje que desvirtúa el respeto por la vida.
La declaración destaca los cuidados paliativos como una alternativa ética y humana frente al sufrimiento terminal. Este enfoque, que busca aliviar el dolor y acompañar al paciente y su familia sin acelerar la muerte, es presentado como una expresión de solidaridad y profesionalismo. La sedación paliativa, regulada y consensuada, se distingue claramente de la eutanasia activa, que los obispos rechazan por considerarla un acto de homicidio en contexto clínico, contrario a la ética médica y al Código de Ética Médica uruguayo,
El texto critica también la obstinación terapéutica, prolongar la vida artificialmente sin beneficio real, pero subraya que rechazar tratamientos desproporcionados (ya contemplado en la Ley 18.473) no equivale a provocar la muerte. Aquí, la Iglesia aboga por un equilibrio: «ni alargar la vida a toda costa ni terminarla deliberadamente».
Los obispos advierten sobre las consecuencias de legalizar la eutanasia, basándose en experiencias internacionales. Al respecto indican que países donde se ha implementado muestran una «pendiente resbaladiza»: lo que comienza como una opción para casos extremos termina ampliándose, generando presión indirecta sobre pacientes vulnerables y estigmatizando la muerte natural. Para la iglesia en Uruguay, «esto podría contradecir políticas de prevención del suicidio —un problema grave en el país— y evidenciar fallas en el acceso a cuidados paliativos y salud mental». También indican que jurídicamente, el proyecto alteraría el marco de derechos humanos «al hacer de la vida un bien negociable». Al modificar leyes como la 18.335 para eliminar la prohibición de «anticipar la muerte», se abriría una puerta a interpretaciones que, según la Iglesia, «erosionan la protección universal de la persona».
