La terapia electroconvulsiva (TEC), también conocida como electroconvulsoterapia, terapia por electrochoque o electroshock, es un tratamiento psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones aplicando electricidad en el cerebro con un aparato eléctrico llamado estimulador electroconvulsivo. Esta terapia ha existido durante un siglo, y según expertos ha ayudado a innumerables personas con condiciones psiquiátricas a “sentirse mejor”.
El procedimiento se lleva a cabo con anestesia general y consiste en pasar pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro, para desencadenar una convulsión breve de manera intencional. La terapia electroconvulsiva al parecer provoca cambios en la neuroquímica cerebral que pueden revertir rápidamente los síntomas de algunas enfermedades mentales.
La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental afirma que la TEC tiene una efectividad mucho más alta que placebo, psicoterapia o antidepresivos. Consigue resolver el 80% de los casos más graves y un 50-60% de efectividad en tres semanas, en los que ya se han mostrado ineficaces la psicoterapia y los fármacos.
La TEC suele funcionar cuando otros tratamientos no han sido exitosos, pero puede no funcionar para todas las personas.
Gran parte del estigma asociado con la terapia electroconvulsiva se basa en los tratamientos iniciales en los que se administraban dosis altas de electricidad sin anestesia, lo cual llegaba a causar pérdida de la memoria, fracturas de huesos y otros efectos secundarios graves.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe de 2019 mostró su preocupación por este tipo de terapias, donde a su juicio “atar a una persona e inducirle choques eléctricos está más cerca de la tortura que de sanar a alguien”. “En particular la medicación forzada, la sobremedicación, la terapia electroconvulsiva y otros tratamientos o el internamiento sin el consentimiento libre e informado del afectado”.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera el electrochoque un «procedimiento mayor», que como tal debe ser realizado sólo «cuando lo permite la ley local y cuando se considere que es la opción más adecuada para la salud del paciente», y solamente cuando el paciente ha sido debidamente informado y ha dado su consentimiento.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la terapia electroconvulsiva ha sido cuestionada a nivel internacional en su forma no modificada: es decir, cuando se aplica sin anestésicos o relajantes musculares. En esas condiciones suele provocar dolor, sufrimiento y ocasionar secuelas, por lo que puede constituir situaciones de tortura y otros malos tratos. También son factores de riesgo la inexistencia de protocolos, la administración de la técnica sin consentimiento libre e informado y la aplicación en niñas, niños y adolescentes.
En nuestro país se pudo conocer que en el año 2022, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó más de 3.300 sesiones de electroshock, una terapia cuestionada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por riesgo de “tortura”.
Por ello, el Ministerio de Salud Pública (MSP) se vió en la obligación de publicar un informe para aportar un diagnóstico desde la perspectiva de derechos humanos sobre cómo se aplica la terapia electroconvulsiva en el Hospital Vilardebó, el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial (CEREMOS) y los centros de salud de ASSE.
La terapia electroconvulsiva en la actualidad es mucho más segura. Si bien la terapia electroconvulsiva sigue causando algunos efectos secundarios, actualmente utiliza corrientes eléctricas administradas en un contexto controlado para lograr el mayor beneficio con los menores riesgos posibles.
