La reciente adjudicación del contrato para la impresión de pasaportes uruguayos a la empresa lituana Garsu Pasaulis ha desatado una profunda controversia en Uruguay, poniendo en tela de juicio la seguridad nacional del país. Se trata de la resolución S/N/025 para adjudicar la licitación pública n.° 22/2023 referente a la adquisición de libretas de pasaportes con destino a la Dirección Nacional de Identificación Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta decisión ha generado alarmas tanto dentro de la sociedad uruguaya como en la comunidad internacional debido a los vínculos sospechosos de la empresa con regímenes autoritarios y su historial de implicación en escándalos de corrupción a nivel mundial.
Garsu Pasaulis, una firma de Lituania, se ha visto envuelta en múltiples polémicas en diversos países. En 2024, el Departamento de Seguridad del Estado de Lituania decidió rescindir el contrato que mantenía con la empresa para la producción de documentos de identidad, tras descubrir sus conexiones con Viktor Shevtsov, un empresario bielorruso sancionado por la Unión Europea, vinculado al régimen del dictador Alexander Lukashenko. Esta relación llevó a que las autoridades lituanas declararan a Garsu Pasaulis como una empresa «no confiable», prohibiéndole participar en futuros contratos gubernamentales.
Pero el historial de Garsu Pasaulis no se limita a Lituania. En Kirguistán, la empresa fue señalada por estar involucrada en un escándalo de corrupción tras ganar una licitación por 12 millones de euros para producir pasaportes biométricos. Las autoridades kirguisas abrieron una investigación por presuntos sobornos y tráfico de influencias, lo que derivó en una crisis institucional. Además, en Zimbabue, Garsu Pasaulis también fue investigada por irregularidades en la adjudicación de contratos relacionados con documentos de identidad.
A pesar de este oscuro historial, la empresa ha sido seleccionada por el gobierno de Luis Lacalle Pou para gestionar la impresión de los pasaportes uruguayos, uno de los documentos más sensibles del Estado. Este contrato ha encendido las alertas sobre posibles riesgos de falsificación de documentos y su uso en actividades delictivas, como el crimen organizado, el espionaje y el terrorismo. Expertos en seguridad advierten que los vínculos de Garsu Pasaulis con regímenes autoritarios y su historial de corrupción incrementan las probabilidades de que pasaportes falsificados puedan ser emitidos, con el riesgo de que caigan en manos de actores malintencionados en Rusia, Bielorrusia y otras regiones del mundo.
El gobierno de Lacalle Pou se enfrenta ahora a duras críticas por esta polémica decisión, que pone en entredicho no solo la seguridad del sistema de identificación uruguayo, sino también la integridad del país en el ámbito internacional. La adjudicación del contrato a una empresa con semejante historial genera sospechas sobre los motivos detrás de esta elección y plantea serias interrogantes sobre la transparencia en el proceso de licitación.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿por qué Uruguay decidió otorgar semejante responsabilidad a una empresa con un prontuario tan cuestionable? La polémica no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también podría dañar la reputación de Uruguay en la comunidad internacional, especialmente en un momento en que el presidente Lacalle Pou está cerrando su mandato con este grave escándalo.
Una cuestión de piel con la entrega de pasaportes
La adjudicación del contrato para la impresión de pasaportes a la empresa lituana Garsu Pasaulis, una firma con un historial oscuro y vinculaciones con regímenes autoritarios, ha dejado al gobierno de Luis Lacalle Pou en una posición delicada. Más allá del escándalo en sí, esta decisión abre un debate político sobre la gestión del presidente uruguayo, la transparencia del proceso de contratación y las implicaciones para la seguridad nacional.
La elección de Garsu Pasaulis, a pesar de su historial de corrupción y vínculos con dictadores como Alexander Lukashenko, podría interpretarse como una muestra de cómo las decisiones de gobierno, incluso en un país como Uruguay, no siempre son impulsadas exclusivamente por criterios de seguridad y transparencia, sino que pueden estar influenciadas por factores externos o internos menos evidentes. En política internacional, a menudo se habla de «geopolítica de la conveniencia», en la que los acuerdos comerciales, estratégicos o diplomáticos pueden primar por encima de las advertencias sobre seguridad o antecedentes problemáticos de las empresas involucradas.
La decisión también plantea una cuestión sobre la política interna de Uruguay. Lacalle Pou, a lo largo de su mandato, ha promovido una imagen de Uruguay como un país confiable en el ámbito internacional, con un énfasis en las relaciones con democracias liberales y una postura crítica hacia regímenes autoritarios. Sin embargo, el contrato con Garsu Pasaulis pone en duda esa narrativa, ya que la empresa está directamente vinculada a uno de los regímenes más represivos de Europa. Este escándalo podría erosionar la credibilidad del gobierno en términos de su compromiso con los valores democráticos y sus relaciones exteriores una vez más.
Desde una perspectiva política, la gestión de los documentos de identidad y la seguridad nacional es un área sensible para cualquier gobierno. Los pasaportes no solo son esenciales para la movilidad internacional de los ciudadanos, sino que también representan una pieza clave de la soberanía estatal. La decisión de confiar en una empresa con antecedentes de corrupción, y cuya capacidad de producir documentos puede ser cuestionada, expone a Uruguay a riesgos de falsificación, contrabando de identidad e incluso el uso de documentos fraudulentos por parte de redes criminales y terroristas. En este contexto, la política de seguridad interna del gobierno se ve gravemente comprometida, lo que podría tener consecuencias de largo alcance en la estabilidad interna del país.
El escándalo también pone en evidencia la falta de un sistema de control riguroso en el proceso de licitación y adjudicación de contratos importantes. La presencia de una empresa con un historial tan turbio podría sugerir la existencia de fallos en los mecanismos de supervisión interna, lo que alimenta las sospechas sobre la transparencia de las decisiones gubernamentales, que se agrava aún más ya que la licitacion se adjudicó el pasado 17 de enero de 2025, a días de cambiar el gobierno.
Una de las consecuencias más graves de este escándalo es el daño potencial a la reputación internacional de Uruguay. El país, tradicionalmente percibido como una democracia estable y un modelo de gobernanza en América Latina, podría enfrentar un deterioro en su imagen debido a la relación con una empresa implicada en corrupción y vinculada a un régimen autoritario. Esto podría afectar la confianza de inversores y aliados internacionales, especialmente de aquellos países que siguen de cerca la integridad en las decisiones políticas de sus socios comerciales y diplomáticos.
Además, la comunidad internacional podría cuestionar la capacidad de Uruguay para garantizar la seguridad de documentos clave como los pasaportes, un aspecto fundamental para la estabilidad en los acuerdos de libre circulación y colaboración internacional en materia de seguridad.
Es posible que la decisión de otorgar el contrato a Garsu Pasaulis no haya sido impulsada únicamente por cuestiones de conveniencia económica. La firma lituana puede haber ofrecido un precio más competitivo o una tecnología avanzada en la producción de pasaportes biométricos, factores que a menudo influyen en la toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso de licitación y la elección de una empresa con un historial comprometido genera dudas sobre si la oferta económica fue realmente la motivación principal, o si existen otros factores detrás de esta controversial adjudicación.
No creo que sea más riesgosa que Leal y Negro, Leal y su camarilla vendió miles de pasaportes truchos a narcos rusos y llenaron con Mujica el país de narcos y de droga. Pero ¿Quién dice que es riesgosa? Y Negro era el que le filtraba los datos de fiscalía a la prensa y anda a saber si no lo hacía también a los narcos. Y ahora puede filtrar datos del Ministerio, el buchón no cambia