El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak -expresidente de la Suprema Corte de Justicia-, aseguró que Uruguay está bien posicionado a nivel regional en cuanto a la adecuación de la normativa interna a las recomendaciones del GAFI aunque expresó que el tema «es la eficacia» de los controles. Aseguró que la creación de una fiscalía especializada en casos de lavado de activos traerá aparejado un número mayor de investigaciones exitosas a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial en esta materia. En entrevista con el Diario La R, Chediak se refirió a las inspecciones de la Senaclaft tras los cambios normativos incorporados en la ley de urgente consideración (LUC) y los resultados en la percepción de riesgo de los agentes no financieros, entre otros temas. Diario La R dialogó además con Patricia Laburu, responsable del área jurídica de la Senaclaft y Silvia Leal, secretaria de la oficina.
A través de la Rendición de Cuentas, se crea una Fiscalía Especializada en materia de Lavado de Activos. ¿Por qué entiende usted que era necesario dar este paso?
Básicamente, es por la preocupación que existe a nivel de todo el gobierno y no es ningún secreto en relación a los números de persecuciones exitosas en relación al delito de lavado de activos en los períodos que se tomen, sea en un año, sea un período de gobierno en el Uruguay. Estuvimos con Patricia Laburu y con Gustavo Misa en el pleno de Gafilat (*) en Quito en julio, y fue en la oportunidad de hacerse la votación por la valoración de Paraguay. Ahí, uno de los temas que puso en la línea roja a este país, fue la acotada cantidad de condenas por lavado de activos que tenía. No solo eso sino además el monto de las penas que se habían impuesto en esas situaciones. Así que hoy se está prestando mucha atención a ese indicador que habla de la eficacia de toda la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su aplicación.
En el caso nuestro, del Uruguay, el financiamiento del terrorismo es algo bastante teórico pero bueno. Razón por la cual, entre todos, esta vez, Ministerio del Interior , Presidencia, Fiscalía de Corte y Senaclaft y luego la Comisión coordinadora contra el lavado de activos acordamos que el camino era concentrar las investigaciones importantes por esta materia en una fiscalía especializada que se dedicara exclusivamente a eso. Estamos hablando de investigaciones por montos importantes. Eso además conlleva que a esa Fiscalía va a ir también la causa por el delito precedente para evitar que haya cuestionamientos constitucionales. Se había establecido que dejaba en manos de la fiscalía de corte la adjudicación del trabajo a esta fiscalía, los señores diputados entendieron que debía regularse con más precisión la competencia y pidieron establecer un monto mínimo para las causas, un umbral atravesado el cual necesariamente van a la competencia de esta fiscalía: se propuso un límite más alto, y se acordó un límite de 150 mil dólares. Así que todas estas causas cuando el delito precedente cuando el monto del ilícito supere ese límite van a ir a esta Fiscalía.
¿Cómo se integrará esta nueva Fiscalía?
Por limitaciones presupuestales, la fiscalía especializada va a contar con un funcionario profesional de Fiscalía con título profesional de contador, nosotros propusimos también como parte del fortalecimiento de la capacidad del Estado de llevar adelante estas causas tan complejas, el apoyo de la Senaclaft, razón por la cual, sin costo, por ahora, en la Rendición de Cuentas va una norma que amplía las potestades legales de esta secretaria a los efectos de permitirnos un apoyo más directo a esta fiscalía especializada. Básicamente, nos permite tener ciertas facultades de investigación a los efectos de servir de una suerte de Instituto Técnico Forense de esta fiscalía Especializada.
¿Qué puede decir acerca de la efectividad de los controles?.
Uruguay está muy bien ranqueado, en la adecuación de la normativa interna a las recomendaciones del GAFI. Hemos cumplido desde la administración anterior adecuadamente. El tema es la eficacia. El sistema está diseñado como está, nosotros no hemos inventado nada, simplemente hemos replicado en el derecho interno lo que las recomendaciones internacionales nos exigen. En el resultado, esta situación en donde el peso de los controles recae sobre los sujetos obligados, no recae sobre el Estado, no recae sobre el Banco Central en la situación del Sistema Financiero sino sobre las entidades bancarias y sus oficiales de cumplimiento, y no recae directamente sobre la Senaclaft sino sobre los 13 mil sujetos obligados. Lo que hace el Banco Central es supervisar a los bancos y nosotros supervisamos a los sujetos obligados. El resultado de eso es que en relación a todo el sistema no financiero el número de reportes de operaciones sospechosas en cualquier período es bajo. Se habló mucho de que había bajado durante la pandemia lo cual es también correcto pero todo dentro de un rango bajo, no es que vino de un número muy alto sino que los números eran bajos salvo en el año 2018 con la aprobación de la ley integral de lavado de activos, que ahí se disparó, un poco porque hubo mucho reporte de carácter defensivo, reportes por las dudas, y luego se ha estabilizado en números más bien bajos. Ahora es un poco el resultado de como el sistema está diseñado por eso lo que hemos visto es que en la evaluación mutua que se nos hace a todos, nosotros la 4° ronda de evaluaciones ya la pasamos, en 2019, pero a partir del año que viene, viene la 5 ronda, y nos van a evaluar a mitad del periodo del gobierno que viene y allí se hace muchísimo hincapié en la eficacia. El fin de los reportes de operaciones sospechosas es que una vez que el Banco Central haga la inteligencia financiera de esos reportes se haga la denuncia del caso ante la Fiscalía. El final de todo es que deben haber un número importante de persecuciones exitosas y de condenas por el delito de lavado de activos para poder presentar un buen índice de eficacia ante el Gafilat y los evaluadores.
Usted ha mencionado que solo una de cada cien operaciones sospechosas llega a la justicia penal.
Sí, en algún momento hice ese comentario y me pidieron en el Banco Central que explique mejor porque parecería que simplemente sirve un reporte de cada cien. Uno a veces puede obviar que la realidad es un poco más compleja. Lo que me señalan es que cada denuncia que termina en Fiscalía en general significa haber obtenido datos de varios reportes. Los reportes son en cadena. Es decir, todos los sujetos obligados que intervienen en una actividad negocial están obligados a reportar. Se da la situación en la que una situación sospechosa empieza con un reporte de operación sospechosa del banco a través del cual ingresa el dinero, luego hay un reporte del escribano, luego de la inmobiliaria, a veces intervienen dos inmobiliarias y por ende hay dos reportes. Lo que me decían es que sí, el número final puede ser que para 700 reportes terminen habiendo 7 expedientes penales abiertos, pero la realidad es que esos 7 expedientes no corresponden a 7 reportes, de repente corresponden a 35 reportes, que se agruparon porque las operaciones sospechosas fueron multireportadas. La relación final es 1 a 100 pero con esta precisión.
¿De qué depende la calidad de los reportes, de la eficacia de los controles o de que los sujetos obligados reporten?.
Patricia Laburu (PL): Lo importante es que el reporte sea de calidad, que se reporten realmente sospechosas y no lo que ha ocurrido en 2018 que los sujetos obligados hacían reportes defensivos. No conocían la normativa y ante alguna duda lo primero que hacían era reportar. Cuando sale una noticia en prensa de una persona que estuvo relacionada con un delito y con una investigación ahí todos lo reportan pero eso es después que ocurrió el negocio. Esos son los reportes defensivos que tampoco tienen el valor necesario para lo que es la inteligencia financiera que es lo que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF). Lo ideal es que esos reportes tengan una calidad tal que cuando el BCU los analiza sean realmente investigaciones provechosas.
¿Esa situación que usted señala que ocurría en 2018 se ha modificado?
PL: En 2017 se aprueba la normativa, en 2018 comienzan los controles con la nueva ley. También ocurrieron una serie de hechos relacionados con algunas cuestiones internacionales, que relacionaban a algunos estudios del país que habían actuado en algunas investigaciones regionales, eso hizo que el número de reportes aumentara. Ya en 2019, 2020 y 2021, sin perjuicio de lo que pasó en la pandemia, creemos que los sujetos obligados tenían más afiatado lo que es el cumplimiento normativo; en esos años no se dieron situaciones relacionadas con investigaciones en la región, eso hizo que la curva bajara y se aplanara y creemos que en este año 2022 va a ser más o menos igual, con la diferencia de los Casinos que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pero creemos que este año se va a comportar del mismo modo.
¿Hay cifras que se puedan conocer sobre este año?
Se van a publicar en el correr de este mes las estadísticas que lleva la Senaclaft que muestra los números hasta 2021. Y el primer semestre de 2022, ya lo vamos a poder mostrar. Nosotros lo que recibimos son los números solamente. Los sujetos obligados que reportaron por sector y la cantidad de reportes, pero no tenemos conocimiento de si de esos reportes llegan a una investigación. Las actuaciones son reservadas.
En cuanto a los reportes y a los sujetos obligados, ¿cómo se está trabajando en el caso del sector no financiero teniendo en cuenta las dificultades de la pandemia?
Chediak: Había una suerte de cronograma si bien había habido cambio de gobierno y por ende no estábamos con el cronograma a full, básicamente, la pandemia nos ató de manos como a la mayoría de los organismos públicos durante 2020 y gran parte de 2021. Estuvimos con la Torre Ejecutiva prácticamente vacía, los funcionarios teletrabajando, o trabajando en burbujas lo que implicaba que no estaban todos los funcionarios al mismo tiempo en la oficina, y tuvimos serias limitaciones para iniciar las inspecciones en forma presencial, in situ, para no exponer la salud de los funcionarios ni de aquellas empresas objeto de inspección. Nos demoró el cronograma , pudimos empezar básicamente por zonas francas, que es un colectivo importante y heterogéneo . Esas inspecciones nos permitieron conocer los negocios y como están cumpliendo con la normativa de prevención de lavado de activos. Inauguramos un sistema nuevo que, por supuesto, no lo inventamos nosotros, que es una aproximación un poco más científica, que fue la lista de riesgo. En nuestro observatorio de análisis estratégico hicimos un listado de más de un centenar de prestadores de zonas francas, que tenían más vulnerabilidades en esta materia, que podían eventualmente ser susceptibles de ser utilizadas por alguien para el lavado de activos y fuimos a inspeccionar esas. Esa lista la replicamos para hacer lo propio con las organizaciones sin fines de lucro que llamó tanto la atención. Son partidos políticos, iglesias, sindicatos, clubes deportivos y organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. Ahí se confeccionó también una lista y se llevaron adelante las inspecciones. Ese era un sector que no había podido ser inspeccionado no por ningún defecto ni de quienes nos antecedieron en la oficina ni nada, sino porque no solo la oficina comienza a funcionar como tal en 2016, también por que las organizaciones sin fines de lucro se incorporan como sujetos obligados recién en 2018. En eso estamos.
De todo ese universo, ¿cuál es el sector del que se han recibido reportes de operaciones sospechosas?
PU: en el caso de zonas francas, que es un sector bastante complejo con una operativa importante, nosotros visitamos 110 empresas de esa lista. Es un trabajo importante para cinco equipos de fiscalizadores. Hay mucha documentación que hay que analizar, muchas veces está en otro idioma, son empresas que trabajan para afuera. El procedimiento nos ha llevado a un ida y vuelta con las empresas, todas tienen excelentes asesores, y eso ha generado que en este año todavía estamos analizando expedientes de zonas francas. Se han aplicado sanciones de multa, de apercibimiento, de observaciones, y en otros casos se les ha intimado a mejorar el cumplimiento de la normativa, sus manuales, etc. Después nos abocamos a las organizaciones sin fines de lucro y otra parte fue todo el sector inmobiliario que abordamos en el segundo semestre del año pasado. Lo que hemos hecho es a través de las operaciones inscriptas en el registro, hacemos un análisis de cruzamiento de datos con aquellas operaciones de mayor riesgo o montos importantes o en las que participan por ejemplo alguna persona que se pueda indicar que haya sido investigada por algún delito, tenemos un sistema de cruzamiento que nos arroja las operaciones consideradas de mayor riesgo para poder visitar al escribano que actuó y eventualmente a la inmobiliaria. Con esos expedientes estamos recién haciendo el primer análisis; se sugieren por parte de los fiscalizadores sanciones, apercibimientos, multas, observaciones. Otra cosa que empezamos a hacer este año es un control de las fiscalizaciones que se habían hecho anteriormente durante 2016,2017, 2018 y hasta 2019, a aquellos sujetos obligados a los que visitamos y les hicimos algunas sugerencias. Hay que mejorar el sistema en determinados puntos. Ahora lo que estamos haciendo a través una herramienta digital es pedirle a estos sujetos obligados que acrediten haber cumplido con las observaciones y las sugerencias que le hizo la Senaclaft. Este año terminaremos con toda esa revisión anterior y lo que es el sector inmobiliario. Tenemos previsto empezar también con proveedores de servicios.
¿De cuántos funcionarios disponen para hacer toda esa tarea inspectiva?
PU: Somos 24 en total. A veces no se logra que gire la rueda tan ágilmente. Un ejemplo, en Jurídica somos 4 personas y tenemos 115 expedientes a estudio.
¿Qué aportes hace la Rendición de Cuentas a la Senaclaft desde el punto de vista del apoyo que se requeriría?
Chediak: Parcialmente, pero sí hemos reclamado porque así lo tiene aconsejado la evaluación de Uruguay un fortalecimiento de la estructura de la Senaclaft, básicamente en dos aspectos: el número de técnicos y también de la estabilidad laboral de los técnicos. Si bien esto es Uruguay y aquí no pasa como pasa en otras repúblicas hermanas donde cambia el gobierno y cambian a todo el mundo, literalmente. La recomendación está en el sentido de que no sea una oficina que tiene literalmente el 90% de su personal en pase en comisión, es decir, que puede volver a cambiar el gobierno y está dentro de las posibilidades del nuevo secretario renovar todo el personal. Sobre todo porque se hace una capacitación específica de todos los profesionales, incluso con instancias en el extranjero. Si ese funcionario vuelve a su organismo de origen esa capacitación pasa a ser estéril. Pero sí obtuvimos fondos, no para el “rubro 0” (retribuciones de servicios personales) pero sí para el funcionamiento, la capacitación, y el equipamiento de la oficina, que tiene la media sanción en Diputados, de 25 millones de pesos anuales para la Secretaría. Si necesitaremos, ya lo hemos planteado y hemos recibido señales favorables, algunos pases en comisión más para poder efectivizar la oficina de apoyo a la Fiscalía Especializada al menos con tres profesionales a los efectos de ayudarlos en la parte técnica para estas investigaciones.
¿Cómo les ha ido en las inspecciones a partidos políticos, equipos de fútbol, sindicatos con o sin personería jurídica, etc.?
PU: Si, hemos visitado a todos estos sectores, todavía no hemos avanzado en sanciones, sí en alguna intimación para mejorar los manuales, la capacitación, etc. Estamos todavía en esa etapa, no estamos en una etapa tan avanzada del expediente como para comentarle.
¿En general, con qué panorama se han encontrado?
PU: es una pregunta para que la responda Gustavo Misa que es el supervisor de fiscalización y que justo ahora está en una capacitación en Perú. Hemos encontrado algunas organizaciones que tienen manuales de cumplimiento, análisis de riesgo, capacitaciones, que se han ocupado y preocupado del tema. Hay otras que claramente lo han hecho para cumplir con la normativa, y tal vez a medias, a estos les hemos dado un plazo de 60 días para que mejoren el cumplimiento. Uno encuentra desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, que tiene manuales, asesores, hasta una organización que tiene una estructura muy pequeña y un solo funcionario que hace todo. Nos hemos encontrado con realidades muy diferentes, ha sido el primer contacto, y la sanción pecuniaria va a ser la última ratio. Nosotros no tenemos como idea sancionar al que no ha cumplido sino revisar si tiene algo parcialmente cumplido, si lo puede mejorar, si puede presentarnos un plan y decirnos que en determinado tiempo puedo mejorar estas cosas, esa es la idea, sin perjuicio de que si hay organizaciones que no tienen nada y si hay que sancionar se las va a sancionar.
¿Se ha inspeccionado al PIT-CNT por ejemplo?
Si, lo hemos visitado también. No vi el expediente, está en Fiscalización, al igual que los partidos políticos y otros sindicatos. No fue el único sindicato que visitamos y no le puedo decir porque no tengo ese expediente.
¿Las Iglesias?
Están en el mismo grupo que los partidos políticos y los sindicatos y los equipos deportivos. No tenemos la información todavía porque están en la parte de Fiscalización. A Jurídica no llegaron todavía.
Con respecto al narcotráfico y su incidencia en nuestro país, usted ha mencionado que Uruguay se ha convertido en un país de ruta de la droga desde hace más de una década. Un reciente informe de Financial Times también menciona al Uruguay no ya como país de tránsito sino como mercado de la droga. ¿Qué podría agregar al respecto y como repercute en la tarea de la Senaclaft?
Chediak: Por supuesto, todo es muy preocupante. No es algo nuevo sino que se ha ido gestando a través de los años, las opiniones han ido confluyendo en general, cualquier sector especializado en la represión como en la prevención que usted hable va a tener respuestas parecidas porque parecería que la realidad es esa: empezamos como un simple país de tránsito y nos hemos ido deviniendo en un país de tránsito y acopio porque determinadas cantidades que aparentemente pasaron y fueron embarcadas en nuestro país necesariamente fueron acopiadas, no pudieron venir en una sola partida sino que vinieron de distintos lados, y aquí se acopiaron, se consolidaron y se remitieron al extranjero. Así primero un país de tránsito que lo seguimos siendo, aparentemente a un país de acopio y la parte de consumo con las enormes limitaciones que como mercado lícito tiene el Uruguay y como mercado ilícito también. Las grandes cantidades pasan, no quedan. El gobierno ha tomado medidas, desde Senaclaft hemos tratado de colaborar. Se viene con un déficit importante también sobre todo de las autoridades aduaneras y de la fiscalización sobre todo de los contenedores, creo que disponemos de un solo escaner operativo y es interés del gobierno de tener al menos tres en el puerto. Para ello, se ha dispuesto desde hace dos meses que se firmó la resolución, adjudicar tres millones de dólares del fondo de bienes decomisados, que se abastece de las incautaciones de bienes y dinero a las organizaciones delictivas. De ello, se transfieren a la Aduana tres millones de dólares, para adquirir escaner y como ha habido también problemas de mantenimiento y de la operatividad de los escaner se va a licitar un sistema, una empresa que no solo ponga los contenedores sino que los opere y los mantenga operativos a los efectos de mejorar mucho la capacidad de supervisión de la aduana uruguaya. Además se trabaja en compartir información con países hermanos a los efectos de que no se vuelva a escanear el mismo contenedor. Como estamos en la línea de la prevención, sí brindamos a la Fiscalía el aporte de nuestros técnicos especializados pero en un marco de reserva.
En esa linea de prevención, en un caso concreto por ejemplo el del pasaporte expedido al narcotraficante Sebastián Marset, ¿qué grado de participación tiene o ha tenido la Senaclaft?
Nosotros simplemente tomamos nota, pero es evitable, notorio e indubitable que, obviamente a nivel de gobierno, se ha hecho un análisis de la normativa y se ha procedido a corregirla. Evidentemente sería preferible que estas debilidades se detectaran antes pero una vez detectadas, debe procederse a la corrección inmediata. Creo que ya está hecho y esperemos que no vuelva a pasar pero por supuesto no hay sistema de prevención 100% perfecto. Eso lo tenemos claro.
En relación al mercado de las criptomonedas, ¿qué visión se tiene desde la Senaclaft, ha habido un legislador incluso que ha planteado un proyecto de ley?
PU: Tenemos dos compañeros que se están capacitando en el tema, estamos al tanto de los proyectos de ley, uno del Banco Central, esperemos que esa regulación salga pronto. Desde la Senaclaft, lo que ha hecho el observatorio de análisis estratégico es advertir que es una actividad de riesgo, que cualquiera que sea el negocio que se haga con monedas virtuales es un negocio actualmente sin regulación, de riesgo. Como está hoy la ley de antilavados, tenemos facultades para controlar las actividades que están descritas en la ley, no otras, con lo cual seguramente nuestra ley necesite algún ajuste para poder abarcar a las criptomonedas. Todavía estamos muy en pañales a ver que salga primero la regulación.
Chediak: Más de la mitad de los sujetos obligados son los escribanos, que son más de 7 mil, pero no por toda la actividad que realizan, sí por la actividad más importante que realizan. Están obligados a hacer la debida diligencia del cliente y la operación en las promesas de compraventa, por supuesto en las escrituras de compra venta. Ahora, no se puede interpretar esa obligación que es muy pesada por analogía, entonces, por ejemplo, en las permutas, el contrato de permuta no está legislado por lo cual en relación a este contrato, no hay una obligación de hacer la debida diligencia del cliente y la operación. Si bien hay opiniones doctrinarias variadas, hay un consenso mayoritario de que las criptomonedas no son monedas, no es dinero, no está emitido por ningún país, no tienen respaldo legal en ningún lado, entonces técnicamente se tienden a considerar mercancías, bienes, cosas. El cambio de una cosa por otra cosa, entonces, ¿si yo adquiero un apartamento con criptomonedas, jurídicamente qué es? ¿Es una compraventa? No, no es una compraventa, porque la compraventa es cosa por precio, y el precio es pagar un dinero. En este caso, es cosa por cosa, entonces, técnicamente no es una compraventa, es una permuta, y si se lleva a cabo por un escribano no estaría obligado a hacer la debida diligencia del cliente y de la operación porque no se trata de una de las operaciones por la cual es sujeto obligado. Por eso, se van a requerir mejoras en la normativa.
Volviendo a la LUC y los cambios que se han introducido y habiendo entrado en vigencia, ¿cuál es en definitiva la valoración que se hace hasta el momento?
Chediak: Establecimos la posibilidad de una mayor utilización del dinero efectivo pero para que no bajaran el rigor de los controles esa utilización conlleva una presunción simple de mayor riesgo, por lo cual utilizar más allá de una cantidad mínima de dinero obliga a nuestros sujetos obligados a realizar una debida diligencia intensificada que es aquella en la cual se debe investigar y acreditar de alguna manera el origen del dinero y el beneficiario final. En principio, no hemos detectado por ejemplo que haya habido un aumento significativo de la utilización de efectivo como medio de pago en las operaciones inmobiliarias. Es básicamente lo que se pensaba, que dándole la libertad a las personas también se iban a seguir utilizando mayoritariamente los medios de pago electrónicos por razones de seguridad.
PU: Lo que se ha tratado es de hacer un contrapeso, por un lado los sujetos obligados del sector no financiero cuando el dinero viene por el banco tienen una presunción simple que es de bajo riesgo pero eso no quiere decir que no tengan que hacer su análisis de riesgo, de la operación y del cliente. En el caso de la utilización de dinero efectivo hemos insistido que son situaciones de riesgo alto, siempre el sujeto obligado tiene el cliente tiene que acreditar el origen de los fondos.
Esos cambios introducidos en la LUC ¿han tenido algún efecto en cuanto a la percepción del Uruguay a nivel internacional?
PL: No han generado. Nosotros no hemos recibido ninguna observación.
Chediak: Uruguay como otros países esta bajo lo que se dice el Seguimiento Intensificado por los deberes que nos quedaron pendientes de cumplir y mejorar de la evaluación de la 4a ronda de 2019, razón por la cual, ese seguimiento intensificado conlleva la obligación cada seis meses de contestar unos extensos informes.
Allí el Uruguay cumple con la obligación de informar todo. Toda modificación, todo avance, toda situación nueva que acaezca en el cumplimiento de la normativa al Gafilat.
¿Cuáles serían esas obligaciones que están pendientes?
PU: En lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, Uruguay logró una buena calificación, lo que tiene son acciones recomendadas que debe cumplir e informar cada seis meses. Ahí tenemos desde los análisis de riesgo del sector, actualizar el análisis de riesgo del país, mejorar la cooperación internacional, tener cooperación internacional activa, Uruguay es receptor de pedidos y no tiene tantas solicitudes activas, tiene recomendaciones en lo que es la supervisión, también está el fortalecimiento institucional de la Senaclaft, brindar a los sujetos obligados canales de consulta. Son once en total.
¿Hay un plazo para cumplir con los pendientes?
Hay un plazo que es antes del inicio de la 5ªRonda. Uruguay tiene que tener esas acciones cumplidas. Estamos con un debe, tenemos muchas cosas pendientes y el riesgo de ingresar a una lista siempre está y es un riesgo que el país no lo puede correr. Estamos haciendo desde la Secretaría todo lo que está a nuestro alcance y más para que las cosas salgan, se está trabajando para poder cumplir.
En definitiva, ¿cuál es la percepción en cuanto al lavado de activos en el Uruguay?.
En la parte normativa, estructural Uruguay sacó buena nota, estamos bien ubicados en la región, nuestra debilidad puede venir por el lado de la efectividad de los controles. No hemos tenido una percepción de que se haya movido la aguja, de que haya cambiado la entidad pese a que para todos es bastante evidente de que el narcotráfico sí parece haber estado incrementándose. No hemos tenido esa constatación en relación al lavado de activos, sobre todo y seguramente, por la ausencia hasta ahora de una Fiscalía Especializada y de un número mayor de investigaciones exitosas a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial en esta materia.
Coleccionista de autos y de comics de Superman
¿Desde cuándo colecciona autos y comics?
El coleccionismo me dio por dos lados, empecé a los ocho años coleccionando comics, en principio de Batman y después Superman. Pedí y me trajeron los reyes una colección autos escala 1/43. Luego con los años, he cambiado la escala, 1/18 que son los grandes y prácticamente tengo todo el escritorio lleno hasta el techo con comics y autos.
¿Tiene también, la número 1 de Superman que es muy cotizada?.
Tengo tres o cuatro facsímiles, de las reimpresiones de un dólar. Porque las pocas que hay originales creo que están arriba del millón de dólares. En un formato u otro, sobre todo electrónico, creo que tengo casi todo lo que ha salido de Superman desde 1938.
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(*) El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
(**) EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el denominado G-7, actual G-20. Su propósito, es establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
