Un grupo de diputados compuesto por Sebastián Cal, Silvana Pérez Bonavita, Álvaro Perrone, Iván Posada, Martín Melazzi, Rodrigo Goñi, Gustavo Zubía, Rafael Menéndez, Conrado Rodríguez, Gustavo Olmos, Daniel Peña, Rodrigo Albernaz, Álvaro Viviano, César Vega, Martín Sodano y Eduardo Lust; presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer normas para la tipificación del ciberdelito. El mismo fue derivado a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes.
Ahora lo que se espera, muy factiblemente antes de que finalice el presente año, es una reunión entre la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología con la Comisión de Constitución y Códigos. El encuentro entre ambas comisiones es fundamental puesto que también está en el medio las posibles modificaciones al Código Penal. Se espera que a partir de marzo del 2023 sea discutido en Cámara de Diputados y antes de finalizar junio, previo paso por Cámara de Senadores, ya sea ley.
Los avances que puedan alcanzarse antes del próximo 15 de diciembre –día en que finaliza la legislatura correspondiente al ejercicio 2022-, dependen de esa reunión, ya que es la Comisión de Constitución y Códigos la responsable de analizar no solamente el proyecto, sino además de manifestarse con relación a las modificaciones que habría que realizar al Código Penal existente.
El proyecto tiene 10 artículos, y cada uno de ellos abarca distintos incisos, destacándose Stalking o acoso telemático, Grooming o acercamiento físico o virtual, Estafa informática, Circunstancias agravantes especiales, Daños informáticos, Acceso ilícito a datos informáticos, Vulneración de datos, Suplantación de identidad, Circunstancias agravantes especiales, Terrorismo digital, Abuso de los dispositivos y Campaña Nacional Educativa.
Exposición de motivos
El proyecto de ley pretende atender una problemática relevante y recurrente, tanto en Uruguay como en el mundo, como lo es la ciberdelincuencia. Aquí es donde cobra vital importancia la existencia de una regulación legal específica del sistema, buscando la protección de las personas, tanto físicas como jurídicas, que operan a diario a través de canales digitales, argumentaron en la exposición de motivos los autores de la iniciativa.
Agregaron en la presentación de argumentos que “la velocidad de los cambios tecnológicos, complejiza mucho el objetivo de concertar una regulación en donde se prevean o se definan todas y cada una de las diferentes situaciones que se pueden plantear a diario en los referidos canales. Hablamos de una realidad muy dinámica, la cual se debe atender y seguir muy de cerca, casi que de forma diaria, pero que indudablemente, requiere de la existencia de una normativa específica sobre la materia que permita una mayor persecución y control de las actividades fraudulentas que se suscitan diariamente a través de los distintos medios informáticos utilizados”
Agregan además que “de este modo, en atención a la realidad digital que nos rodea, se torna imperioso y urgente la necesidad de crear un marco legal regulatorio específico para enfrentar la llamada ciberdelincuencia, en pro de lograr una mayor protección para los usuarios que a diario son víctimas de actividades fraudulentas. Desde nuestro lugar, debemos actualizar y reformar el marco regulatorio necesario para atender este fenómeno, que implica modificaciones adecuadas y reales, que supongan una mayor protección para la sociedad en su conjunto, y que de cierto modo, supongan un freno a esta actividad delictiva que configura un flagelo constante para ciudadanos de todas las edades”.
Los legisladores explicaron también que en el último tiempo han sido testigos de “múltiples y distintos episodios de ciberdelincuencia, hecho que se fue acrecentando de forma exponencial desde hace tres meses, afectando tanto a personas físicas, como también a PYMES, grandes empresas, instituciones financieras y al propio Estado”.
“Los ciberataques no son algo novedoso, ocurren y han ocurrido tanto en nuestro país como en el mundo, convirtiéndose muchas veces en delitos transnacionales, lo que dificulta aún más su combate y persecución. En este sentido, hemos observado que se ha tornado en una situación preocupante e insostenible, que requiere una rápida acción de todos los actores, pero principalmente desde la actividad legislativa que nos compete”, agrega la exposición de motivos.
Los diputados concluyeron que “el objetivo principal del presente proyecto es plasmar distintas alternativas tendientes a regular y fortalecer las debilidades de nuestro actual régimen penal, teniendo en cuenta que los ciberataques son una realidad que llegó para quedarse, que será cada vez más frecuente y a mayor escala, capaces de perjudicar a un gran número de usuarios, reflejando la mutación de los patrones delictivos que conocemos hasta hoy; trasladando su ámbito común de acción como lo puede ser la vía pública o las actividades privadas de los individuos, hacia el ciberespacio”.
Mediante el presente proyecto, “se pretende establecer los distintos tipos penales internacionalmente consagrados, siempre garantizando el equilibrio entre la acción penal a cargo del Estado y los legítimos intereses de la sociedad respecto a los derechos fundamentales; en pro de contar con una regulación efectiva en la materia, que permita una mayor tutela jurisdiccional”.
