En la entrega precedente se hizo una muy somera presentación del marco normativo institucional existente a nivel internacional, con mención de los tratados y convenciones vigentes y también se señalaron los órganos a través de los cuales se pretenden regular las actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos. En tal sentido se mencionó la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Narcóticos y el papel que desempeña la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ello habilitó la formulación de una pregunta acerca de los resultados observables en nuestros países en materia de control del delito y del narcotráfico, así como del lavado de los activos asociados a las actividades ilícitas.
Las estadísticas ponen de manifiesto que el esfuerzo que se está desplegando en casi todos los países de América Latina, arroja como resultado que nuestra región es, por lejos, la más violenta del mundo.
La media mundial de homicidios cada 100.000 habitantes es de 6.1, pero considerando las diferentes regiones se observa que según datos de la UNODC al 2019, América del Norte registró un valor de 5.1; Oceanía, 2.8; Europa, 3; Asia, 2.3; África 12.8 (valor correspondiente al 2015) y América Latina 19.5, es decir, más del 300% por encima de la media mundial.
Nuestra región concentra el 8% de la población mundial, pero representamos el 33.2% de los homicidios intencionales que se verifican en todo el mundo.
Si bien hay una multiplicidad de determinantes asociados al fenómeno de la violencia, lo cierto es que la gran mayoría de los homicidios acontecen en contextos urbanos, relacionados fuertemente con el crimen organizado y muy vinculado al tráfico de sustancias ilícitas. Solamente en México la guerra entre los carteles de la droga ha provocado cerca de 150.000 muertes en los últimos años.
Otro elemento a tener en cuenta asociado a la naturaleza violenta prevaleciente en las modalidades de resolución de conflictos entre las bandas criminales en sus disputas por el control de los mercados, es que la tasa de homicidios impacta de manera predominante en hombres, según puede apreciarse en el cuadro 1. (Fuente: Muggah y Aguirre Tobón (2018), con datos del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé).
En períodos pre electorales, muchas ofertas de algunos candidatos se centran en prometer mano dura contra el delito.
Hay países que han emprendido guerras frontales y el resultado está muy lejos del que se buscaba.
Los modelos que apuestan a estrategias principalmente represivas suponen incurrir en enormes costos, no solo de vidas, sino también económicos.
Nuestros países son los que destinan un mayor porcentaje de su producto bruto interno a combatir el delito, con resultados sumamente pobres.
En efecto, los países de América Latina y el Caribe destinan casi un 3.55% de su producto bruto interno al combate del delito, cifra sustancialmente superior a la de Alemania, 1.34%; Canadá, 1.39%, Australia, 1.76%; Francia, 1.87%; Reino Unido, 2.55%, Estados Unidos, 2.75%. (Jaitman, Laura; Dino Caprirolo, Rogelio Granguillhome Ochoa, Philip Keefer, Ted Leggett, James Andrew Lewis, José Antonio Mejía-Guerra, Marcela Mello, Heather Sutton e Iván Torre. 2017. The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the Caribbean. Washington: Inter-American Development Bank.
Además de los costos que representa la lucha contra el narco delito, hay otro efecto colateral fundamental. Y es de naturaleza política y está asociado a la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de las instituciones responsables de conducir la lucha contra el delito organizado en la mayoría de los países de América Latina.
Y no es ninguna novedad que en esta materia prevalece la desconfianza que los ciudadanos tienen de muchos de sus sistemas institucionales, especialmente de instituciones como la policía, las fuerzas armadas, la justicia y la clase política en general, en cuanto término de uso genérico a nivel popular. Ello provoca un enorme daño a los sistemas políticos, porque deteriora la calidad de las instituciones y genera falsas expectativas en torno a soluciones mesiánicas, de liderazgos poderosos e iluminados que mediante promesas muchas veces infundadas, lejos de mitigar la violencia, la exacerban.
En estos planteos, la gran mayoría de las veces se omite asumir que América Latina es la región con la peor distribución del ingreso del mundo y que somos un continente con enormes contrastes socioeconómicos.
No existen soluciones mágicas, ni tampoco estrategias unilaterales para hacerle frete a un desafío extremadamente multifacético y complejo.
Cada país tiene sus propias formas, marcos institucionales, historia política e idiosincrasia.
Estrategias de contención del delito suponen necesariamente la existencia de fuerzas del orden debidamente entrenadas y capacitadas pero es fundamental que en su formación se incluya inculcar la debida sensibilidad para comprender que el fenómeno tiene matices y que no todos los narco delitos responden a un único patrón.
La lentitud de la justicia y la sospecha de connivencia y falta de imparcialidad son elementos que provocan enorme daño en la calidad institucional y en la lucha contra el delito organizado. No se puede ignorar el enorme poder de corrupción que posee el narcotráfico. La esencia de su poder está asociado a ser prohibido y perseguido. Con los enormes recursos que genera la narco economía, se compran armas, favores, voluntades y se debilita el aparato institucional.
A la acción directa de respuesta al delito, es necesario darle un marco más amplio y debiera ser bastante obvio que políticas públicas activas para mejorar el acceso a servicios básicos, a empleo debidamente remunerado, así como la formulación e implementación de políticas activas que mitiguen la excesiva concentración de la riqueza, representan acciones de lenta maduración, pero estratégicamente fundamentales, pues apuntan a mejorar la equidad y las condiciones de convivencia social.
Un tema no menor es implantar una política activa de rehabilitación de los delincuentes jóvenes, especialmente de aquellos que cometieron delitos relativamente menores, muchas veces asociados a tenencia y al consumo de estupefacientes. El delincuente privado de libertad sobre el cual no se lleva a cabo una estrategia de rehabilitación, es potencialmente un reincidente. Por lo tanto, no encarar una política seria en esta materia, equivale a esconder la suciedad debajo de la alfombra.
Muy bueno 👌, 👌