La Administracion Nacional de Educacion Pública resolvió el pasado 2023 no llamar terrorismo de Estado, al terrorismo de Estado perpetrado por el régimen cívico militar que gobernó nuestro pais entre 1973 y 1985. El emblemático concepto ha sido eliminado de uno de los programas de historia de secundaria y sustituido por la expresión “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales”, sin que mediara explicación y a espaldas de los docentes. La modificación fue denunciada por los docentes a pocos días del comienzo de clases y motivó la reacción de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. “El cambio no es inocente”, sostuvieron en un comunicado.
La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) advirtió en su momento que el nuevo programa de estudios para Primer año de Educación Media Superior (el viejo cuarto de liceo) eliminó el concepto “terrorismo de Estado” para referirse a los hechos del pasado reciente. En lugar de eso, habla de “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”.
Los docentes organizados en APHU aseguraron que “el cambio no es inocente”, y recordó que en 2022 se dio la misma discusión con cambios en el programa de Historia de Noveno Año de Educación Básica Integrada, el que antes era tercero de liceo, hasta que las autoridades dieron marcha atrás.
APHU afirmó que el concepto “terrorismo de Estado” es “el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”.
Este tipo de decisiones “afectan el abordaje del pasado reciente”, porque alejan los contenidos de la producción historiográfica nacional e internacional. Este cambio, lesiona la condición laica y científica de la enseñanza de la Historia, consigna el comunicado de los docentes. El nuevo programa educativo habla de “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales” al referirse a la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985
En tanto, entienden que este cambio se trata de una “intervención política e ideológica” sobre hechos históricos, que también se intentó introducir en 2022”.
Recordemos que en 2022 el Codicen introdujo los cambios que generaron polémica en la versión preliminar que fue publicada en la web de ANEP y remitida a la Asamblea Técnico Docente (ATD) para su consideración. Tras la polemica generada, las autoridades reintegran el término “terrorismo de Estado”, cuya sustitución por conceptos como “lucha armada”, “guerra civil” o “dictadura militar” generaron críticas de docentes e historiadores.
En ese momento Anep buscó suprimir la noción terrorismo de Estado en uno de los programas, pero el cambio no prosperó. Esta vez se concretó, sin la anuencia del profesorado, a finales de 2023.
Los docentes dan cuenta de que el concepto figuraba en la versión preliminar aprobada en noviembre de 2023 por técnicos y docentes, pero fue eliminado del programa definitivo, que está publicado en el portal de ANEP. Otro punto que fue cuestionado por los docentes es la introducción en el programa de un ítem denominado “los movimientos guerrilleros y las violaciones a los derechos humanos”.
Para los profesores: “Esta afirmación carece de fundamentos, dado que desconoce innumerable normativa legal y bibliografía”, dice el comunicado. Los historiadores han explicado que los actos violentos ejercidos por los grupos armados constituyen delitos previstos en el Código Penal, pero legalmente no configuran violaciones a los derechos humanos. Estos solo pueden ser infringidos por el aparato estatal, responsable de protegerlos. “Es el Estado quien puede cometer violaciones a los derechos humanos”, destacan.
Carlos Demasi, es historiador e investigador especializado en ese periodo da cuenta de la gravedad de esta supresión. Para el experto la gravedad reside en que introduce una mirada sobre la dictadura que parecía haber desaparecido junto con ese régimen. “La dictadura siempre se justificó a sí misma como consecuencia del desorden político y social de los años 60″. En 1985, continúa Demasi, nadie pensaba que la dictadura había sido un efecto de la acción de los tupamaros en los años 60. “La inmensa mayoría de los legisladores consideraba que la causa de la dictadura estaba en los errores de la conducción política previa al golpe de Estado”, explica.
Demasi señala que este relato cambia a partir de los primeros años de este siglo XXI, cuando comienzan a abrirse los archivos y a conocerse parte de la verdad del terrorismo de Estado. Aparece entonces la llamada teoría de los dos demonios: “un demonio terrorista, guerrillero, provocó la reacción del demonio autoritario, militar”, afirma el historiador. Pero esa versión omite que el movimiento tupamaro había sido desarticulado hacia octubre de 1972 (el golpe de Estado fue en junio de 1973), según consta en los documentos de la época.
Para el académico, “el hecho de equiparar los delitos en el Código Penal que el Estado debe castigar y que además fueron castigados duramente durante la dictadura con violaciones de derechos humanos” es “un intento de volcar la narrativa de la historia”. Al respecto, consideró que el argumento plantea que “las violaciones de derechos humanos del Estado no fueron otra cosa que una respuesta de lo que habían sido las acciones previas de la guerrilla”, algo que “justifica” lo hecho por el régimen dictatorial.
Nuevos episodios
Instituto Álvarez Cortés
El Colectivo Memorias de Malvín Norte realizó una denuncia a principios del mes de abril donde consignó que Juan Pereyra, director general de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), “impidió realizar el acto de inauguración” del Sitio de Memoria en el ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, donde actualmente está la Escuela Técnica de Malvín Norte.
El colectivo emitió un comunicado donde se acusa a Juan Pereyra de actuar con “arbitrario desconocimiento de las responsabilidades que dicha ley confiere a todas las instituciones del Estado”, en referencia a la Ley nº 19.641, la que estableció la creación de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (Cnhsm).
“Después de muchas gestiones, nos comunicó a tres días de la realización del acto, que la autorización está sujeta a informes que el director general habría solicitado”, agrega. La inauguración estaba prevista para el 13 de abril. Además, se aclara que el colectivo siguió los “procedimientos establecidos” ante la Cnhsm.
El comunicado explica que el lugar fue declarado como Sitio de Memoria el 7 de junio de 2023, y el 23 de agosto se encomendó a la Dirección General de UTU “coordinar la señalización” con la Cnhsm. “La falta de voluntad se evidenció desde ese momento y el director general solo inició la coordinación con la escuela a fines de febrero de 2024, después que la Comisión Nacional a través de la delegada de ANEP se lo reclamara”, asegura acerca de la actitud de Pereyra, catalogada como “negacionista”.
El Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño fue usado durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) para recluir alrededor de 200 adolescentes “por motivos políticos, gremiales e ideológicos”, señala el comunicado.
El Consejo del Niño fue una institución creada en 1934, y en 2005 fue reformada a lo que hoy es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El Colectivo Memorias de Malvín Norte está integrado por ex presos políticos, que de adolescentes estuvieron recluidos en el Álvarez Cortés, además de vecinos y militantes por los derechos humanos.
Finalmente la placa de la memoria en UTU de Malvín Norte que funcionaba como centro de reclusión de adolescentes se colocará el próximo 25 de mayo.
