Nicolás Guillenea: “La política de seguridad del gobierno de Lacalle Pou no aborda las raíces del crimen»

Nicolás Guillenea Marmol, director de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones, realizó un análisis crítico de la situación de la seguridad en Uruguay. Desde su experiencia en la implementación de políticas locales, destaca la necesidad de un enfoque integral que aborde las causas profundas del crimen, como la pobreza, la falta de oportunidades y el narcotráfico, y critica la efectividad de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Además, subraya la preocupación por el aumento de la violencia de género, la violencia vicaria y la alarmante escalada de homicidios, temas que, según él, requieren una respuesta urgente y transformadora, lejos de medidas punitivas aisladas.

– ¿Cual es la tarea de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones?

– Desde la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones trabajamos directamente sobre la solución de conflictos de la ciudadanía. Trabajamos en la mejora de Espacios públicos en donde hemos logrado recuperar espacios donde la ciudadanía no concurría, trabajando y creando ciudadanía, haciendo partícipes a los ciudadanos de los procesos. Hemos transformados zonas oscuras en espacios de convivencia. También trabajamos codo a codo con Jefatura de Policía de Canelones y logramos por ejemplo la instalación de 1800 cámaras de videovigilancia, a la vez de trabajar en operativos en conjunto desde la información de cercanía que tenemos a través de los municipios. También nos encargamos de trabajo con la Cárcel de Canelones y sus privados de libertad, damos solución a algunas instituciones del primer nivel de gobierno como DINALI y OSLA, nos encargamos de la prevención y la seguridad de los eventos de gran porte como los Canelones Suena Bien por los que han pasado más de 200.000 personas entre todas sus ediciones sin tener un solo problema de ningun tipo. Realmente es mucho lo que se genera desde la Dirección, que además es única en las 19 intendencias.

– ¿Cómo es el trabajo con el Ministerio del Interior? ¿Cómo se conectan las instituciones?

– Es un trabajo permanente de cooperación. Trabajamos codo a codo con el Ministerio intentando ser un brazo que lo apoye para poder ejecutar su cometido. Nos hemos sentado en más de una ocasión a negociar y poder lograr consensos como por ejemplo para la instalación de las cámaras que la Intendencia planteó, o mismo para poder poner las cámaras del Proyecto presidencial que son cámaras que trajo el ministerio y que la intendencia generó toda la infraestructura para que se puedan instalar. Realmente hemos respondido a todos los pedidos, el trabajo es excelente. Es una pena que en plena campaña se utilice una mentira para hablar sobre el candidato frenteamplista y decir que no tiene diálogo cuando se ha trabajado siempre de mano tendida y abiertos a escuchar desde ambos lados.

– La seguridad es uno de los grandes temas de la campaña, en base a la experiencia, ¿en qué se está fallando o qué es necesario para transformar la realidad actual?

– Los factores que influyen en el fracaso de la política de seguridad son múltiples, pero uno de los más importantes es el desconocimiento de las causas fundamentales del delito. En el caso del gobierno actual, las herramientas generadas a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) han permitido atacar problemas donde no era necesario y no han abordado las verdaderas raíces del crimen. Por ejemplo, se ha hecho énfasis en el delito predatorio, construyendo mapas de calor a partir de las denuncias. Sin embargo, todos sabemos que la gente cada vez denuncia menos, y esto se debe a varios factores, como la desconfianza en las autoridades o el temor a represalias.

Además, la LUC facilitó el lavado de dinero, lo que, según muchos críticos, ha convertido a Uruguay en un lugar atractivo para el narcotráfico. El narcotráfico, al encontrar un entorno favorable para sus actividades ilícitas, ha intensificado su presencia en el país. Sin embargo, no se ha atacado de manera eficaz el corazón del problema. En lugar de abordar la raíz del crimen organizado, se ha recurrido a políticas punitivas que han dado lugar a situaciones injustas, como mujeres encarceladas por ingresar marihuana a la cárcel o personas que cometen hurtos de alimentos enfrentando penas de prisión largas, mientras que los grandes narcotraficantes cumplen penas sin prisión, a menudo en barrios privados.

Un aspecto crítico en esta discusión es la falta de herramientas adecuadas para la policía. Si bien se han hecho esfuerzos para mejorar la seguridad, no se ha dotado a las fuerzas de seguridad de los recursos ni de la capacitación necesarios para enfrentar el crimen organizado, que exige una respuesta especializada y efectiva. Además, el sistema de denuncias es obsoleto y debe ser reformado para facilitar que la población se sienta segura y respaldada al presentar casos de delitos. También es fundamental contar con una política de fronteras clara y efectiva, ya que proteger nuestras fronteras no solo es importante para la seguridad nacional, sino también para prevenir el ingreso de drogas y otros delitos transnacionales que afectan a toda la sociedad.

El narcotráfico no es solo un delito más; es un delito tan grave, si no más, que el homicidio, porque sus efectos destructivos son de largo plazo y afectan a generaciones enteras. El narcotráfico mata a través de la violencia, la adicción y la descomposición social. Por esta razón, debería ser una prioridad nacional luchar más ferozmente contra esta amenaza.

Sin embargo, las políticas actuales no han abordado la seguridad de manera integral. No basta con aumentar la presencia policial; es necesario adoptar un enfoque más holístico que incluya políticas sociales y educativas que ofrezcan a los jóvenes y a las comunidades más vulnerables alternativas reales. Sin políticas de inclusión social, sin generar oportunidades en los barrios, no podemos esperar una disminución sustancial del crimen. Cuando se habla de «uruguayos de bien» y «uruguayos de mal», es crucial entender que muchos de los que caen en el delito lo hacen debido a la falta de oportunidades, no por una predisposición moral. En Uruguay existen uruguayos con oportunidades y uruguayos sin ellas, y la gran diferencia está en el acceso a esas oportunidades.

– ¿Qué opinión te merece el aumento de la violencia de género y específicamente la violencia vicaría?

– La violencia, en todas sus formas, es sin dudas uno de los temas que debería generar mayor preocupación en nuestra sociedad. Lamentablemente, ha sido uno de los grandes «debes» de este gobierno, tal como era previsible. Durante la pandemia, la violencia de género y otras formas de violencia social aumentaron de manera alarmante, lo que era esperado dada la situación de confinamiento y crisis económica. Sin embargo, una vez pasada la crisis sanitaria, lo que siguió fue una inacción por parte del gobierno. No se implementaron políticas públicas efectivas, y la situación de violencia siguió escalando sin respuestas claras o contundentes.

Contamos con leyes que, si bien son un avance, no se han acompañado con el presupuesto ni con la atención necesaria para ser realmente eficaces. La sensibilidad en torno a estos temas cada vez está más alejada de la realidad de las personas que los padecen. Lamentablemente, este desinterés se ha visto reflejado en un vacío ideológico y en la falta de políticas reales que puedan enfrentar este flagelo de manera efectiva.

En cuanto a la violencia vicaria, que es la violencia utilizada para hacer daño a través de los hijos e hijas, seguimos hablando de lo mismo sin grandes avances. Este tipo de violencia está estrechamente relacionado con la violencia de género, y ambas son consecuencias de una sociedad enferma en muchas de sus estructuras. La violencia de género no es solo un problema de seguridad nacional; es un tema mucho más profundo que involucra cuestiones culturales, sociales y educativas.

En este sentido, para poder abordar la violencia de género y la violencia vicaria de manera efectiva, no basta con aplicar medidas punitivas. Se requiere un esfuerzo mucho mayor, un cambio cultural y una asignación real de recursos públicos para atacar las raíces del problema. Este tipo de violencia exige un enfoque integral que involucre educación, concientización, prevención, y, por supuesto, un fuerte compromiso de parte del Estado en la asignación de presupuesto.

El trabajo debe comenzar desde la base, y esa base es la educación. La sensibilización y la educación en torno a la violencia de género y la violencia vicaria deben formar parte de los programas desde la educación inicial.

Entiendo el programa del Frente Amplio tiene un trabajo muy importante en la materia, desde a Intendencia de Canelones se trabajo muchísimo desde la Dirección de Género buscando la concientización, trata de personas, infancias, etc. Es una pandemia que no se cura con vacunas y que la tenemos más latente que nunca.

– ¿Y la ola de homicidios?

La situación de los homicidios en Uruguay es realmente alarmante, tanto por el aumento en los números como por las nuevas modalidades de violencia que estamos viendo. Estamos enfrentando hechos de extrema brutalidad que antes no formaban parte de nuestra realidad, como los homicidios desmembrados y los cuerpos encontrados de manera macabra, una muestra evidente de un cambio cultural en la violencia que no es propio de la sociedad uruguaya a la que estábamos acostumbrados. Estos crímenes tan violentos reflejan una descomposición de los valores sociales y un nivel de crueldad que nunca imaginamos ver en nuestro país.

El récord de homicidios en lo que va del gobierno de Lacalle Pou es inquietante, y lo más preocupante es que aún no ha terminado el año. Esto es una clara señal de que no estamos tomando las medidas adecuadas para frenar esta escalada de violencia. Y lo peor es que no existe un plan integral y real de seguridad que articule acciones preventivas, de represión efectiva y de rehabilitación. Sin ese enfoque, las cifras seguirán aumentando.

Otro punto fundamental es el tema de las «muertes dudosas», que se está utilizando cada vez más para encubrir lo que claramente son homicidios. Esta falta de una tipificación precisa genera desconfianza y desinformación, lo que hace aún más difícil abordar el problema de manera efectiva. Las autoridades actuales parecen no tener la sensibilidad necesaria frente a estos temas, y eso se nota cuando se refieren a la situación de los homicidios. La falta de empatía y de acciones concretas solo agrava la situación y deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad.

Es un tema que debería generar una respuesta urgente y efectiva por parte del gobierno, pero por ahora estamos viendo una falta de acción decidida y de liderazgo frente a una crisis que no solo es numérica, sino también cultural y social. Necesitamos medidas claras, reales y, sobre todo, una estrategia a largo plazo que abarque todas las dimensiones de la violencia y que no se quede solo en palabras o en reacciones superficiales.