Un argumento que tenemos claro es que la transparencia y los principios de buena gestión son la antesala al éxito de cualquier política pública. Parece que hubiese que dejar claro esta obviedad para contrarrestar el argumento que se ha dado desde las autoridades nacionales que, por problemas de transparencia y acceso a información, se le ha dejado de brindar alimentos a la Coordinadora de Ollas Populares. Esta situación impulsada desde el gobierno nacional no solo es una falacia, sino que no se sostiene en el marco de la realidad. Además de agregar que se trata de una decisión de una falta de sensibilidad social alarmante para quienes conducen un Ministerio de Desarrollo Social. Esto se da en el mismo momento en que se pretende concretar el final de los jornales solidarios cuando aún tenemos a muchos compatriotas en una situación especialmente comprometida.
Primero, el Ministerio exige una información que no es clara ni precisa respecto al funcionamiento de una Olla Popular. Para quienes tenemos experiencia en trabajo territorial y con organizaciones sociales, es claro que la atención a la emergencia social que significa pasar hambrerequiere de flexibilidad, voluntarismo y rapidez para tomar decisiones. Una olla popular hoy puede funcionar en un lugar, mañana puede funcionar en otra parte del barrio porque se consiguió un nuevo local. Una semana podemos tener voluntarios para cocinar, tal vez otra semana se hizo más complicado. Una semana vinieron 200 personas, tal vez otra semana vinieron menos. Las Ollas Populares no son Organizaciones No Gubernamentales y sí muchas veces son volátiles en su organización, y eso requiere flexibilidad por parte de las autoridades. Precisamente porque se trata de espacios de solidaridad donde la suma de recursos va determinando la capacidad que se tiene de atención.
Entonces, en vez de comprender esa realidad, tratar de sumergirse en ella para vivenciarla, los burócratas de un escritorio en las oficinas del MIDES deciden cortar la provisión de alimentos a un brazo ejecutor de una responsabilidad del Estado: el acceso a una alimentación adecuada por parte de la población. En el mundo del revés se comienza a exigir a las Ollas Populares requisitos que no se corresponden muchas veces con su dinámica realidad, mientras en la Torre Ejecutiva, al lado del Presidente de la República funcionaba una red de falsificación de pasaportes. ¿En serio?
En segundo lugar, sorprende (o tal vez ya no) la increíble falta de empatía por parte de las autoridades del MIDES de recortar de manera intempestiva los suministros de alimentos a Ollas Populares y Solidarias. En medio de una emergencia social que dejó la pandemia, a lo que se suma la falta de inversión social característica de este gobierno, se despoja de alimentos a personas voluntarias que de manera comunitaria se organizan para ejercer el acto más noble de todos: ser solidarios.
En tercer lugar, este tipo de decisiones del gobierno muestran lo lejano que a veces se puede encontrar la elite de gobierno respecto a la cruda realidad social. En medio de una escalada de hechos de apariencia delictiva en las más altas esferas de la Presidencia el MIDES opta por desviar la atención sembrando la duda respecto al destino de los alimentos que se brindan para las Ollas Populares. A pesar de que públicamente se han brindado toda la información requerida por parte de las autoridades, el camino es de lisa y llanamente cortar los suministros de alimentos que salvan la vida de muchos niños y niñas en nuestro país. Insensatez, lejanía e improvisación son solo alguno de los adjetivos con que se puede calificar una decisión tan irracional e insensible.
En el mismo sentido hemos insistido al gobierno que los jornales solidarios no deben acabarse. Es necesario hacer un esfuerzo más por las miles de familias que están esperando oportunidades para poder parar la olla. No puede ganar la insensatez, es necesario que no se deje a esas familias en un limbo de inasistencia social. El Estado tiene un rol a cumplir.
Gobernar es establecer prioridades. Es válido decir que la alimentación de la población, así como el adecuado y transparente manejo de los recursos públicos, son prioridades de un gobierno. Pero no se pueden utilizar como prioridades antagónicas y más aún basados en medias verdades, cuando lo que está en juego es la vida de la población. Ante esta emergencia social, cabe al gobierno cumplir lo que tanto le escuchamos: hacerse cargo.
