La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso de casación presentado por el gigante estadounidense, manteniendo así la tercera sanción más alta impuesta por Bruselas.
Este fallo supone un nuevo golpe para Google y su matriz, Alphabet, que deberá asumir solidariamente 523,5 millones de la multa total. Sin embargo, podría no ser el último desafío para la compañía en Europa, ya que la Comisión Europea está preparando un nuevo expediente que plantea la posible división del negocio publicitario de Google, medida que busca frenar su posición dominante y evitar abusos en este sector.
La sentencia se basa en las conclusiones del abogado general, Juliane Kokott, quien en enero recomendó al tribunal rechazar los argumentos de Google y Alphabet. Según Kokott, el “autofavoritismo” de la tecnológica perjudicó gravemente la competencia, al imponer su propio servicio de comparación de productos en detrimento de otras empresas.
Fallo demoró 16 años: “seguro siguió haciendo lo mismo” dice experto
El especialista uruguayo en legislación de medios, Gustavo Gómez, se mostró contundente ante esta resolución, destacando tanto el impacto como las limitaciones del fallo. “La buena noticia: Europa confirma monopolio y abuso. Multa de US$ +2.600 millones”, señaló, celebrando la decisión de la justicia europea al reconocer los abusos cometidos por la multinacional.
Sin embargo, Gómez también criticó el largo proceso judicial y la falta de consecuencias económicas inmediatas para Google: “La mala: desde el inicio de esas prácticas abusivas (2008), pasando por la sentencia apelada (2017) y la sentencia actual (2024) esta big tech no ha pagado un dólar en 16 años. Y seguro siguió haciendo lo mismo”.
Para el experto, esta situación trasciende el ámbito de la libertad de expresión, centrándose en la competencia económica. Además, advierte sobre las dificultades que esto plantea en otras regiones del mundo: “Hablamos de Europa. Imaginen el desafío de hacer que estas grandes corporaciones respeten el Estado de derecho en América Latina cuando están en juego sus intereses económicos”.
