El pasado 20 de noviembre, en el marco del Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, se desarrolló en la Intendencia de Montevideo el congreso “Veo, veo… ¿Qué vemos?”, una instancia organizada íntegramente por niños, niñas y adolescentes, con el apoyo de organizaciones sociales nucleadas en la Plataforma de Infancia y Adolescencia. El encuentro reunió a más de 2.000 participantes de todo el país y constituyó, según sus organizadores, un evento inédito por su alcance y por el protagonismo que tuvo la población adolescente en todas las etapas de diseño y ejecución.
En diálogo con el Diario La R, Fernando Olivera, psicólogo e integrante de la Secretaría de la Plataforma de Infancia, valoró de forma “sumamente positiva” el desarrollo del congreso, tanto por su nivel de participación como por la calidad de las propuestas presentadas. “Superó ampliamente nuestras expectativas”, afirmó en diálogo con este medio. La organización del evento estuvo a cargo de un comité integrado por adolescentes de entre 13 y 18 años pertenecientes a diversas organizaciones sociales. Ese grupo fue responsable de definir la metodología, los ejes temáticos y la articulación del programa, en un proceso que llevó varios meses de trabajo.
La convocatoria incluyó más de 100 propuestas de organizaciones de diferentes departamentos, junto con presentaciones artísticas y actividades vinculadas a una consulta para los diálogos sobre protección social. Además, el congreso contó con la cobertura de medios nacionales y espacios informativos generados por los propios adolescentes, quienes realizaron transmisiones, entrevistas y contenidos multimedia durante las jornadas.
Participación juvenil y proceso organizativo
Uno de los aspectos más destacados, según Olivera, fue el compromiso sostenido de los adolescentes a lo largo del proceso. “El comité organizador empezó a trabajar entre abril y mayo, en un momento de cambios institucionales y transiciones de gobierno que hicieron más complejo avanzar.
A pesar de eso, los gurises sostuvieron todo el proceso, incluso en las partes más tediosas”, señaló. Esa continuidad, insistió, “es un dato relevante en sí mismo”, ya que se trata de un proyecto impulsado y liderado por adolescentes en un contexto que no siempre facilita su participación constante.
El congreso culminó con la presentación de un conjunto de propuestas ante representantes de los partidos políticos con presencia parlamentaria y autoridades de organismos vinculados a políticas de infancia. Esa presentación —hecha por los propios adolescentes— generó un impacto significativo. “En esa mesa de cierre nosotros teníamos preparado un comunicado como plataforma, pero lo que dijeron los chiquilines fue tan contundente que entendimos que no hacía falta agregar nada más”, relató Olivera.
Preocupaciones planteadas por los adolescentes
Los participantes identificaron una serie de problemáticas que afectan sus vidas cotidianas y que, según expresaron, requieren una respuesta integral del Estado. Entre los temas más recurrentes surgieron la deserción escolar, el abandono educativo asociado al trabajo infantil, el cuidado de familiares, la violencia en los territorios, la salud mental, la necesidad de educación sexual integral y las dificultades para acceder a entornos seguros y protectores.
En materia educativa, los adolescentes señalaron que muchas veces no se indaga en profundidad sobre las causas de las ausencias y que las respuestas institucionales suelen centrarse en el reproche. Mencionaron también que, debido a tareas de cuidado o a la necesidad de trabajar, numerosos jóvenes encuentran serios obstáculos para permanecer en el sistema educativo. Olivera recordó que Uruguay presenta un índice de egreso del sistema de educación media inferior al 60% y uno de los niveles más altos de “pre–pensionización educativa” en la región.
Otra preocupación central fue la violencia territorial. “Dependiendo del barrio en el que vivan, los gurises enfrentan riesgos de vida por dinámicas de violencia que atraviesan sus comunidades”, explicó Olivera. A esto se suma la exposición a violencias intrafamiliares, así como al impacto de mercados ilegales y la circulación de armas, que agravan los entornos cotidianos en los que crecen muchos niños y adolescentes.
La salud mental también surgió como un eje prioritario. Se destacó la falta de espacios de escucha y de apoyo emocional adecuados para las diversas realidades juveniles. “Muchos plantearon sentirse solos, sin acompañamiento del mundo adulto en momentos críticos”, describió Olivera.
En cuanto a la educación sexual, la demanda de los jóvenes apuntó no solo a contenidos reproductivos, sino también a la incorporación de una mirada que aborde placer, afectividad, vínculos saludables y consentimiento. Para la plataforma, estos aportes muestran la necesidad de actualizar enfoques y promover políticas públicas más integrales.
Desigualdad, pobreza y mirada institucional
Los datos expuestos en la actividad y en los documentos difundidos por organizaciones sociales señalan que Uruguay mantiene una deuda histórica con sus infancias: tres de cada diez niños y adolescentes viven en hogares pobres, considerando tanto el ingreso como la pobreza multidimensional. Según Olivera, la desigualdad ha aumentado, particularmente en territorios donde la oferta de servicios públicos es insuficiente o se despliega de forma desigual.
Olivera cuestionó asimismo lo que calificó como una mirada adultocéntrica e institucional que, a su entender, mantiene lógicas punitivas sobre adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. “Muchas veces los varones adolescentes involucrados en situaciones de violencia son vistos únicamente como responsables y no como víctimas de un sistema que los expulsa y los excluye”, sostuvo. En ese sentido, planteó la necesidad de priorizar la restitución de derechos, repensar las prácticas institucionales y reforzar estrategias territoriales con equipos especializados.
Hacia un Plan Nacional de Infancia y Adolescencia
Entre los desafíos planteados por la plataforma se encuentra la elaboración de un Plan Nacional de Garantía de Derechos 2026–2030, que articule políticas interinstitucionales y que establezca prioridades claras en materia de educación, salud, protección social y participación. Según Olivera, “faltan un mapa guía y un horizonte común que ordene las políticas públicas” en este campo.
Otra propuesta es la creación de un Observatorio Nacional de Infancia, que permita disponer de datos actualizados y desagregados territorialmente para orientar decisiones de política pública. Olivera enfatizó que la falta de información precisa conduce a respuestas fragmentadas y muchas veces condicionadas por agendas mediáticas o coyunturas políticas.
La plataforma insiste también en la necesidad de implementar una Secretaría Nacional de Infancia, con presencia territorial en todo el país y presupuesto propio, inspirada en modelos existentes en algunos países de América Latina. Ese organismo —o una defensoría de la niñez, según otras propuestas— permitiría canalizar denuncias, asegurar el acceso a servicios, articular políticas y garantizar líneas de intervención uniformes a nivel nacional.
Implementación pendiente de la Ley GAPPIA
Un punto crítico mencionado por Olivera es la falta de reglamentación de la Ley de Garantías y Protección Integral de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPPIA), aprobada en el período legislativo anterior. La normativa establece mecanismos de articulación interinstitucional y nuevas responsabilidades para el Estado, pero continúa sin reglamentarse pese a que la ley otorgaba un plazo de 90 días.
“Sabemos que se está trabajando, pero ya pasó más de un año y no se termina de resolver. Es un punto débil porque esa ley crea dispositivos institucionales que hoy son necesarios”, afirmó Olivera.
La plataforma propone desde hace tiempo declarar la emergencia nacional en infancias y adolescencias, fundamentada en tres ejes: desigualdad, pobreza y violencia. “Los números son alarmantes. Uno de cada tres niños en situación de pobreza y una desigualdad creciente en los territorios”, indicó Olivera. La organización sostiene que esta declaración permitiría priorizar recursos, acelerar la implementación de programas y dotar de mayor fuerza a las políticas destinadas a proteger a niñas, niños y adolescentes.
