La misiva advierte que esta iniciativa «pone en riesgo a Arazatí y a todo el desarrollo productivo y social de la zona, la biodiversidad, nuestras fuentes de agua y el acceso equitativo al agua potable». Asimismo, señala que el proyecto vulneraría la Constitución al «privatizar parte de la gestión del agua», un recurso que debe ser manejado «bajo la órbita pública».
Entre las críticas también se menciona la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de estudios ambientales integrales y la falta de consulta a las comunidades locales. Los firmantes enfatizan que «como Estado vamos a pagar tres veces el costo de la obra, una cifra millonaria, por una falsa solución a este problema».
En lugar de llevar adelante el proyecto, proponen explorar «alternativas más sostenibles que respeten el medio ambiente y garanticen el derecho al agua», calificándolo como un recurso vital para todos los uruguayos.
La carta concluye con un llamado a proteger Arazatí y las fuentes de agua del país, bajo la consigna: “¡No al Proyecto Neptuno!”. Los ciudadanos y organizaciones invitan a firmar para respaldar esta postura y exigir una decisión responsable por parte del gobierno.
