OSE firmará hoy el contrato para el proyecto Neptuno

En una entrevista con Diario La R, María Selva Ortíz, referente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, confirmó que el directorio de OSE firmará en esta jornada el contrato del controvertido proyecto Neptuno.

La activista señaló que esta decisión, que genera rechazo en amplios sectores sociales, plantea serias preocupaciones legales, ambientales y sociales.

Ortíz, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, expresó: “Recibimos la confirmación de que en la primera reunión del año, el directorio de OSE dará luz verde al contrato del proyecto Neptuno. Estamos profundamente shockeados porque esto ocurre sin un debate adecuado ni respuestas a las observaciones presentadas”. Además, adelantó que las organizaciones movilizadas planean intensificar sus acciones: “Se estaban organizando protestas frente a la Torre Ejecutiva, pero podrían trasladarse al lugar de la firma del contrato para visibilizar el rechazo”.

Argumentos legales

Ortíz resaltó que el proyecto Neptuno es “claramente inconstitucional”, recordando que la reforma del agua aprobada en 2004 por más de un 64% del electorado establece que los servicios de agua y saneamiento deben ser brindados exclusivamente por el Estado. “El artículo 47 de nuestra Constitución no deja lugar a dudas: se prohíbe la participación de privados en el manejo del agua. Sin embargo, este contrato abre las puertas a un modelo de gestión público-privada que vulnera ese mandato popular”, indicó.

La activista también mencionó que el convenio de Escazú, al que Uruguay adhirió, obliga a garantizar la participación ciudadana y el acceso a información ambiental relevante. Según Ortíz, estas condiciones no se cumplieron: “OSE no permitió una discusión abierta ni respondió los recursos administrativos presentados en contra del proyecto”.

Desde el punto de vista ambiental, Ortíz destacó los riesgos asociados a la salinidad y contaminación del agua en la zona de Arazatí, donde se construiría la planta potabilizadora: “El Río de la Plata tiene una alta concentración de cianobacterias y metales pesados. Potabilizar esa agua generará subproductos tóxicos, como los trialometanos, que son cancerígenos”. También alertó sobre posibles impactos en el acuífero Raigón: “Los lodos contaminados que se producirán podrían infiltrarse y afectar una fuente estratégica de agua dulce”.

La activista enfatizó que estos problemas no han sido abordados adecuadamente por las autoridades: “Le hemos planteado estas inquietudes al directorio de OSE, pero no hemos recibido respuestas concretas. Todo apunta a que el proyecto se está imponiendo sin contemplar sus graves consecuencias”.

Alternativas desestimadas

Ortíz cuestionó la falta de consideración de opciones más sostenibles, como la represa de Casupá y la optimización de la cuenca del Santa Lucía. “Con Casupá podríamos garantizar el 70% del abastecimiento del área metropolitana, mientras que Arazatí solo aportaría un 30% con mayores costos y riesgos ambientales”, explicó. Sobre el futuro del proyecto en caso de un cambio de gobierno, Ortíz expresó optimismo: “Estamos confiados en que el próximo gobierno priorizará soluciones más responsables y sostenibles. Si el contrato se firma, rescindirlo será una opción menos costosa que seguir adelante con un proyecto que compromete el derecho al agua”.

Ortíz concluyó reafirmando el compromiso de las organizaciones sociales con la defensa del agua como bien común: “Hace 20 años, el pueblo uruguayo decidió que el agua no es una mercancía. Hoy estamos defendiendo esa conquista histórica contra un modelo de gestión que pone en riesgo nuestro futuro”.

«Se limita el diálogo»

Por su parte el futuro Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño dijo que  el gobierno presentó una iniciativa en forma verbal sobre diferentes aspectos, entre ellos el cuestionado pólder, o sea una «piscina» gigante para el reservorio de agua dulce. Pero también aclaró «no suponen una modificación sustancial al proyecto ni levantan el grueso de los cuestionamientos». Y anticipó que la decisión de la firma del contrato “limitaría el diálogo” entre el gobierno entrante y el saliente.

«Nosotros planteamos que luego de los estudios y análisis académicos, técnicos y sociales que ha habido sobre el tema, es de orden que se nos envíe por escrito la propuesta con los fundamentos técnicos» dijo Ortuño. En diálogo con la prens aseñaló «debemos aprovechar la oportunidad de este nuevo gobierno, de esta transición en la que estamos para darnos los tiempos para estudiar estos temas en el marco de una política nacional de aguas». El Frente Amplio tiene en su programa la construcción de una represa para abastecer a Montevideo y el área metropolitana, pero en Casupá.