Hace unos meses, Montevideo anunció negociaciones con China para cerrar un pacto bilateral excluyendo al Mercosur, y ahora se conoció que intenta sumarse en soledad al Acuerdo Transpacífico que lideran Nueva Zelanda y Australia.
Frente a esa información pública, los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez fijaron una estrategia diplomática que es inédita en la historia de treinta años del Mercosur. A través de un tuit común, posteado a la misma hora (9.00 de la mañana en Uruguay), advirtieron a Uruguay que actuarán con el máximo rigor jurídico para evitar que se rompan las normas estructurales del bloque regional.
“Ante las acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria, y teniendo en cuenta la posible presentación, por la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur tiene a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comercial”, sostiene el comunicado conjunto que firmaron las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay.
La reacción de Argentina, Brasil y Paraguay es la respuesta directa a un viaje que el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, inició a Australia y Nueva Zelanda para entregar la adhesión de su país al Acuerdo Transpacífico. Bustillo ejecutará ese acto de pleno simbolismo diplomático mañana en Auckland (Nueva Zelanda), porque allí está depositado el acuerdo formal firmado por todos sus integrantes.
El Acuerdo Transpacífico está integrado por Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japon, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, lo que implica el 13 por ciento del PIB mundial y un mercado de más de 500 millones de habitantes.
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