El próximo 27 de octubre, los uruguayos nos enfrentaremos a una decisión crucial: la posibilidad de habilitar allanamientos nocturnos en nuestros hogares a través de una reforma constitucional. En un contexto de creciente preocupación por la seguridad, es comprensible que se busquen nuevas herramientas para combatir el crimen. Sin embargo, debemos abordar este tema con responsabilidad y un enfoque crítico.
Desde el Frente Amplio, creemos que la forma en que se ha presentado esta propuesta es engañosa. Se nos quiere hacer creer que los allanamientos nocturnos son la «bala de plata» que resolverá el problema del narcotráfico. Esta afirmación no solo carece de sustento empírico, sino que también implica una desprotección de nuestros hogares sin una regulación clara que garantice su uso adecuado.
Además, es fundamental señalar que la policía en Uruguay no está técnicamente preparada ni cuenta con los recursos materiales necesarios para llevar a cabo allanamientos nocturnos de manera efectiva y segura. La falta de capacitación y equipamiento adecuado puede poner en riesgo tanto a los agentes como a los ciudadanos, generando situaciones que podrían escalar en violencia o malentendidos. Sin un soporte logístico y técnico sólido, la implementación de esta medida podría ser más perjudicial que beneficiosa.
Es evidente que el actual gobierno, ante el fracaso de su política de seguridad, busca capitalizar electoralmente esta propuesta. Sin embargo, promover soluciones mágicas en lugar de un debate serio solo perpetúa la ilusión de que un solo mecanismo puede cambiar la dramática realidad de la seguridad en Uruguay.
El debate debe centrarse en tres aspectos fundamentales, y por eso proponemos:
- Pertinencia de los allanamientos nocturnos: ¿Son necesarios para investigar delitos graves como la explotación sexual de menores o el narcotráfico?
- Requisitos de procedimiento: Es vital establecer protocolos claros y rigurosos que regulen su aplicación y protejan los derechos de los ciudadanos.
- Prioridades en la política de seguridad: Debemos definir qué delitos son prioritarios y cómo se utilizarán los allanamientos nocturnos en este contexto.
En lugar de apresurarnos a aceptar una propuesta que carece de un marco regulatorio claro y que ignora las limitaciones de nuestras fuerzas de seguridad, es fundamental que la ciudadanía exija un debate informado y profundo. La seguridad es un tema complejo que requiere soluciones sostenibles, no medidas impulsivas que solo buscan desviar la atención de un gobierno en crisis.
Por todo lo anterior, el Frente Amplio no acompaña esta iniciativa de reforma constitucional. La seguridad de los uruguayos merece un enfoque serio y responsable, no un mero recurso electoral
