El conflicto social es un fenómeno inevitable en cualquier comunidad humana.
Abarca desde los ámbitos interpersonales hasta confrontaciones en gran escala.
La forma para administrarlo dentro de una comunidad, es a través de un pacto que adquiere el carácter de contrato social, donde cada individuo cede una parte de su autonomía e independencia y se somete a la autoridad superior, es decir, el Estado.
Este comprende dimensiones sectoriales y territoriales.
En lo sectorial abarca diversos aspectos orgánico funcionales, tales como la fijación de normas, la impartición de justicia, garantizar la seguridad física y la integridad de los bienes públicos y privados, así como la prestación de servicios esenciales tales como educación, salud, regulación de los procesos de producción y comercio, monitoreo y control del sistema financiero, etc.
En lo territorial, cuando una comunidad adquiere determinada escala, se establecen subdivisiones administrativas que operan en forma integrada y subordinada a la organización global.
Estas unidades asumen la responsabilidad de la gestión local.
Son las células primordiales que integran la estructura de una comunidad organizada.
Estas unidades primarias son los municipios, término que proviene del latín municipium y que en la Roma Antigua hacía referencia a una ciudad libre.
Es el ámbito en el que la sociedad civil y la sociedad organizada tienen mayor interacción directa.
El conflicto social en el ámbito municipal (barrial) adquiere una dimensión que permite visualizar la performance de los actores públicos y privados en una escala que se aleja de lo abstracto y se manifiesta de manera concreta. Los sujetos ya no son estadísticas: son vecinos.
Hay problemas de orden general cuya resolución es de competencia de la autoridad global, por ejemplo, el tratamiento de procesos inflacionarios. Pero hay otros problemas como la seguridad ciudadana, la educación, el acceso a la salud, la prestación de servicios de equipamiento territorial, en los que la gestión municipal observa gran importancia.
En las ciudades con suficiente escala, la seguridad ciudadana tiende a deteriorarse. Y ello es así porque la violencia se asocia a la proliferación del narcotráfico y, especialmente, del narcomenudeo de drogas de desecho, que se ha convertido en un gran problema con enorme presencia en todo nuestro continente.
Cuando el narcomenudeo se organiza a través de bocas de expendio, la inseguridad vecinal inmediatamente se incrementa. Porque la disputa entre las bandas por el control de los territorios significa el aumento de la violencia y de los homicidios. Porque la expansión de las adicciones significa el incremento de robos y arrebatos para que los adictos se hagan de recursos para financiar su vicio. Porque la expansión de las adicciones se asocia a la deserción del sistema educativo y a un debilitamiento de los lazos familiares.
La visibilidad de estos fenómenos a nivel global es una estadística, pero en la perspectiva local adquiere rostros definidos y concretos y tiene como escenario al barrio. La paradoja es que muchas veces los ámbitos locales carecen de los instrumentos y recursos para lograr hacer frente a esta problemática.
En el municipio, en la escala barrial, es posible la interacción vecinal con la acción pública para ponerle un freno a este enorme problema.
Es posible generar mecanismos de participación vecinal en la gestión de sistemas de alerta temprano, en la detección de niños, jóvenes y adolescentes que no concurren o desertan de los centros educativos, en la detección de menores y adolescentes que comienzan a consumir sustancias psicotrópicas, en la denuncia de bocas de expendio de sustancias ilegales.
Y el municipio, y en una escala local como lo son los barrios, se pueden generar programas de interacción entre los vecinos y los agentes públicos a través de acciones concretas de prevención y combate activo de la inseguridad ciudadana.
El éxito de una acción coordinada bien instrumentada supone no solo un incremento de barreras de disuación, sino tambien la facil detección de los infractores y el consecuente incremento de personas privadas de libertad.
Ello representa un logro necesario pero insuficiente.
Para obtener resultados más contundentes y duraderos debe promoverse un programa de rehabilitación de los infractores, especialmente los jóvenes. La rehabilitación debe concebirse como una política de estado, que se lleve a cabo en forma metódica sobre la población privada de libertad, especialmente los jóvenes,en centros aptos para cumplir con ese propósito. Estos centros deben ser arquitectónicamente adecuados para poder cumplir con la misión y en ellos debe actuar personal profesionalmente idóneo, para impartir acciones que logren la desintoxicación, la educación primaria, secundaria, la actividad física y la capacitación para el trabajo. especialmente en determinados rubros con adecuada salida laboral. Debe preverse la celebración de convenios con organizaciones empresariales, cooperativas, asociaciones civiles, para que abran sus puertas a la pobación rehabilitada a cambio de reconocimientos impositivos y otras medidas de aliento para apoyar activamente este programa.
Tener presos sin planes de rehabilitación, imponiendo condiciones denigrantes y sumergidos en ámbitos plagados de violencia extrema como lo son la mayoría de los centros de reclusión, no sirve porque al termino de la condena, los sujetos serán reincidentes en altísima proporción.
La rehabilitación debe formar parte fundamental de la estrategia para alcanzar objetivos que permitan recuperar condiciones que mejoren la convivencia y la calidad de vida en nuestros barrios.
