En Uruguay, el trabajo sexual es legal y está regulado por la Ley N° 17.515, promulgada en 2002. Esta ley establece que: El trabajo sexual es lícito siempre que se realice bajo las condiciones que la ley y otras disposiciones establecen. Las personas que ejercen el trabajo sexual deben estar registradas en el Registro Nacional del Trabajo Sexual y contar con un carné sanitario que demuestre que han cumplido con los controles de salud necesarios. No se puede detener a quienes ejercen el trabajo sexual si lo hacen de acuerdo a la ley.
El Ministerio de Salud Pública es responsable de garantizar la salud de los trabajadores sexuales y de controlar que se cumplan las normas sanitarias.
En un escenario de constante debate y evolución legislativa, las trabajadoras sexuales han emergido como un grupo focal en la discusión sobre derechos laborales y protección legal.
En varios países, incluido Uruguay, iniciativas recientes buscan regularizar el trabajo sexual mientras protegen a quienes lo ejercen. Sin embargo, estas propuestas no están exentas de polémica, con críticas que van desde la estigmatización hasta preocupaciones por el impacto en las condiciones laborales y la seguridad de las trabajadoras. En este contexto, el rol del Estado y la sociedad civil se entrelaza en un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la regulación de una actividad controvertida.
En este contexto y de cara a las elecciones de octubre estas son las propuestas de algunos candidatos respecto al trabajo sexual.
Yamandú Orsi propone políticas laborales que incluyan a las trabajadoras sexuales, buscando su inclusión en el mercado laboral y la eliminación de la discriminación.
Andrés Ojeda menciona la importancia de abordar la violencia de género y la protección de las trabajadoras sexuales en sus propuestas de seguridad y bienestar social.
Pablo Mieres también se enfoca en la inclusión y protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, promoviendo su autonomía económica y acceso a servicios de salud.
No se encontraron propuestas específicas de Álvaro Delgado sobre este tema.
Un nuevo proyecto de ley que vulnera derechos
Las organizaciones de trabajadoras sexuales se manifestaron frente al anexo del Palacio Legislativo en Montevideo para expresar su firme oposición a un proyecto de modificación de la Ley 17.515. Este proyecto fue presentado por los diputados María Eugenia Roselló del Partido Colorado y Pedro Jisdonián del Partido Nacional. Según las manifestantes, la propuesta penaliza la prostitución y estatiza el proxenetismo bajo el pretexto de regular el trabajo sexual. El artículo 28 del proyecto de ley ha sido particularmente controvertido entre las trabajadoras sexuales. Afirman que permitiría a los dueños de locales decidir los días y horarios en que se debe ejercer la actividad, formalizando así el control sobre las condiciones laborales de las trabajadoras.
Damián Logiurato, vocero e integrante del colectivo Otras, indicó que están «pidiendo que si se va a modificar la ley que afecta a todas las personas trabajadoras sexuales, se considere con urgencia y conciencia a todas las trabajadoras, especialmente a aquellas más vulnerables que están pasando por situaciones difíciles». La preocupación principal radica en el derecho y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Argumentan que las disposiciones actuales del proyecto podrían exponerlas a mayores riesgos y restricciones laborales, sin abordar adecuadamente sus necesidades y realidades, según declaraciones a la prensa.
En contraste, el diputado Pedro Jisdonián defendió el proyecto, señalando que busca proteger a una población vulnerable y avanzar en aspectos fundamentales para su protección. Insistió en que no hay conflicto de intereses y que las propuestas legislativas están diseñadas para ofrecer soluciones efectivas a las problemáticas que enfrentan las trabajadoras sexuales en Uruguay
Una de las carencias de esta situación es qeu no se toman en cuenta las opiniones y sugerencias de las personas que trabajan en esta actividad. Que el Registro esté en Ministerio dle Interioir y no en el de Salud Pública ya de por sí es algo típico de la Edad Media.
La solución es rápida, fácil y económica. Ofrezcan un laburo de ocho horas o la prostitución. Después publiquen los resultados.
che es en serio esto? parece joda…
Entra a OnlyFans a ver si las «nenas» estas en situacion de vulnerabilidad..pero dejense de joder..
Se acuerdan de las de oceano? La principal «victima» iba a hoteles 5 estrellas con la mami a varios paises. Otra durante el juicio se tomo los vientos a Madrid en primera clase…vamos…dejense de joder. Por que se creen que estas menores entraron al negocio? Porque deja mucha plata gente…si levantaban 1000 dolares por dia en las fiestas…vamos vamos vamos !!!!
Si ganamos a esa gente la vamos a ayudar . El Estado le debe proporcionar vi iendas dignas y una renta .