El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este miércoles 5 por primera vez que las fuerzas especiales británicas están en el foco de una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos en el marco de la invasión de Afganistán, después de años de informaciones en medios de comunicación sobre abusos cometidos por estas unidades en el país centroasiático.
«La investigación está alcanzando la etapa de las vistas y puedo confirmar que las acusaciones están relacionadas con la conducta de las fuerzas especiales de Reino Unido», ha indicado el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Asimismo, ha indicado que «es lo correcto que el Ministerio de Defensa siga manteniendo una postura equilibrada entre el requisito de se tan abierto y transparente como sea posible y el respeto a las consideraciones de seguridad nacional», antes de agregar que la confirmación llega «por las circunstancias excepcionales de la investigación».
«Al margen de este contexto muy específico, esta confirmación no debe ser vista como un cambio en la postura del Gobierno y de gobiernos previos respecto a no hacer comentarios sobre el despliegue o las actividades de las fuerzas especiales británicas», ha explicado Wallace.
El anuncio realizado por Wallace implica que las pruebas sobre la participación de las fuerzas especiales británicas en abusos en Afganistán podrán ser discutidas abiertamente en las vistas y que se podrá informar sobre ello, tras años de secretismo por parte de Londres en torno a las denuncias sobre estos crímenes.
La propia BBC informó en julio de 2022 de que efectivos del Servicio Aéreo Especial (SAS) de Reino Unido habrían ejecutado a 54 detenidos y personas desarmadas en «circunstancias sospechosas» en Afganistán durante un periodo de seis meses entre 2010 y 2011, sin que altos cargos conocedores de lo sucedido presentaran pruebas para la apertura de investigaciones por asesinato.
Posteriormente, la cadena británica apuntó a casos específicos que provocaron preocupaciones en la cadena de mando, incluida una redada en 2012 en la que otra unidad mató a dos adultos e hirió de gravedad a dos menores, tras lo que el Ministerio de Defensa abrió una investigación independiente en diciembre para abordar las denuncias.
Los abogados de las familias de afganos muertos en siete operaciones de las SAS argumentaban que las restricciones que buscaba imponer el Ministerio de Defensa eran «injustificables» y que «dañaban gravemente la credibilidad de las investigaciones».
