La última dictadura argentina (1976-1983) también dejó víctimas en las filas de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En la Policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo al menos 20 casos, entre quienes fueron secuestrados y sobrevivieron, quienes siguen desaparecidos y quienes aparecieron sepultados como NN. Este último es el caso del suboficial Luis Francisco Ceccón. En 1978, tres hombres de civil lo secuestraron de día en una esquina de Pergamino, una ciudad del norte bonaerense, y su familia no lo vio más. Tiempo después, en su legajo laboral quedaría escrito “Baja por cesantía, por haber incurrido en abandono de servicio”. Pero este cabo de 31 años, padre de cuatro niños, no había huido. El verdadero motivo de su ausencia se ha escrito en su legajo 44 años después: desaparición forzada.
Salvo por su condición de policía, los años setenta de Ceccón se parecieron a los de muchos militantes de su generación. Vivió en un barrio muy pobre de Pergamino; participó en un grupo católico ligado al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y la Opción por los pobres de la Iglesia católica; y formó una familia numerosa con una joven llegada de la provincia de Corrientes: Máxima Idalina Franco. En una foto de aquellos años, la pareja está tomada de las manos en un parque. En otra, Ceccón sonríe con su pequeño hijo Silvio sobre a los hombros, al lado de una casa precaria.
A Ceccón lo tenían vigilado. Su actividad se había radicalizado hasta acercarse Montoneros [organización armada peronista]. El servicio de inteligencia de la Policía sospechaba que era un militante infiltrado. En abril 1976, inmediatamente después del golpe de Estado, los militares lo detuvieron, interrogaron y liberaron. Su final llegaría en 1978, con el nuevo secuestro en Pergamino, el 16 de mayo, y un interrogatorio en la Brigada de Investigaciones de La Plata dos días después. Esa fue su última huella.
Nancy Ceccón, su hija, tenía entonces siete años: “A mi madre (fallecida en 1993) le decían que él se había ido porque no le importábamos, o que se lo habían llevado los montoneros. Solo recibió desprecio, negación y humillación. Y con perversidad, le exigían que devolviera el arma reglamentaria, o la pagara”. Además de las armas, los represores retenían el salario de las víctimas. Los hijos de Ceccón, de 11, 9, 7 y 5 años, quedaron en la miseria, sujetos a la ayuda de los vecinos y la iglesia. Máxima tuvo que dejarlos para trabajar. “Esto nos condicionó la vida. Fue muy doloroso”, dice Nancy.
Procesar la historia le llevó años: “Fui buscando espacios donde contarla sin ser juzgada. Esto no era algo común: me costaba la parte de ‘era policía’. De a poco me fui percibiendo hija de desaparecidos y uniendo a organizaciones de derechos humanos”, dice Nancy. “Yo tuve un papá hermoso, que tenía una presencia impresionante y jugaba conmigo. En los archivos de inteligencia lo acusan de hacer pintadas y panfletos militantes. Es un orgullo que sus asesinos me cuenten cómo era él: solidario. También escribía, era artesano y constructor”. Su grupo barrial de Pergamino estaba haciendo casas para gente pobre con dinero recaudado en festivales solidarios.
En 2011, el cuerpo de Ceccón fue identificado. Estaba en el cementerio de General Lavalle (en la costa de Buenos Aires). La reconstrucción del caso indica que fue arrojado al mar a finales de 1978, hallado en la playa y sepultado como NN; esto alargó tres décadas su condición de desaparecido y la angustia familiar. Los “vuelos de la muerte” fueron una de las formas de ejecución de cautivos –aunque no la más masiva– usadas por los genocidas. Por ejemplo, la monja francesa Léonie Duquet y las madres de Plaza de Mayo Esther Balestrino y Azucena Villaflor tuvieron el mismo destino tras su secuestro.
La verdad histórica
El jueves pasado, los hijos de Ceccón recibieron del Gobierno provincial el legajo de su padre ajustado a la verdad. “Estoy muy movilizada. Es una rectificación postergada y necesaria”, dice Nancy. Esta política reparatoria surge del Ministerio de Seguridad, donde hay una Comisión de la Verdad Histórica. Su secretario es Alejandro Incháurregui, director de la oficina de Personas Desaparecidas del Ministerio e historiador de la Policía Bonaerense. “Simbólicamente, estos gestos del Estado son muy relevantes para las víctimas y sus allegados. Buena parte de la resistencia peronista [iniciada con el golpe a Juan Domingo Perón, en 1955] estuvo compuesta por policías o militares, que también fueron detenidos, torturados y fusilados. Entonces no se discernía si las víctimas eran policías, militares o civiles: eran peronistas. En cambio, para el periodo de la dictadura los portavoces de la memoria no tuvieron en cuenta a los miembros de fuerzas de seguridad o armadas víctimas de la represión ilegal, porque los asimilaron a los represores”, explica.
Aparte de Ceccón, se corrigieron otros seis legajos donde la Policía encubrió los delitos de lesa humanidad contra sus agentes con fórmulas como “abandono de cargo”. Como Atilio Calotti, secuestrado a los 17 años, desaparecido en los centros clandestinos de detención y tortura Arana y Pozo de Quilmes, y luego preso en una cárcel legal. Había participado en política en el colegio. Su hermana, su madre y la pareja de ésta, también policías, fueron echados tras el secuestro de Atilio por ser “familiares de un subversivo”. Sus legajos se corrigieron también.
Algunos policías fueron forzados a firmar bajo tortura “solicitudes” de baja con fecha previa a su detención. Walter Docters fue secuestrado en una Escuela de Suboficiales, torturado y desaparecido en el mismo circuito que Calotti, blanqueado en una cárcel, y liberado en 1983. Algo similar sufrió Eduardo Torres, un policía administrativo que había tenido militancia política barrial; tras este infierno, pudo dejar el país recién en 1979. La otra fuerza de seguridad provincial, el Servicio Penitenciario, tuvo diez desaparecidos; casi todos sobrevivieron, y uno de los legajos reparados fue el de Juan Miguel Scattolini, conocido como testigo en juicios por crímenes de lesa humanidad (fallecido en 2021).
Incháurregui, que tras la dictadura fue uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense, agrega: “Policías y penitenciarios fueron torturados por sus pares, en general con mayor saña, por su pertenencia a la fuerza”. Y recuerda el caso brutal de dos hermanos, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), asesinados en La Plata: “Uno fue ahorcado en la comisaría y el otro, arrojado desde el tercer piso del patio interno de la Jefatura de Policía. En ambos casos se alegó suicidio, en un claro mensaje filas adentro. Y la esposa de uno de ellos, también secuestrada, fue ahorcada en el Pozo de Quilmes”.
