Por unanimidad (22 votos en 22 presentes) se aprobó en el Senado la creación del delito de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. El artículo señala que “el funcionario público con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que, para beneficio propio o de terceros y durante el ejercicio de su cargo, incluso hasta dos años después de haber cesado en su desempeño, obtenga indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, por sí o por interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de dieciocho meses a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a cinco años”. Ahoora pasa para su aprobación a la Cámara de Diputados.
Senado aprueba creación de delito de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos
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