Este martes la cámara de Senadores resolvió devolver a Comisión de Constitución integrada con la de Hacienda el proyecto de ley de reestructuración de las deudas de personas físicas impulsado por Cabildo Abierto, que en la semana pasada contó con la aprobación unánime en Comisión de Constitución y Legislación del plenario del Senado en la semana pasada.
La decisión tuvo lugar luego de un extenso debate y un cuarto intermedio tras el cual algunos senadores del Frente Amplio, Partido Nacional y del Partido Colorado propusieron la medida que finalmente se tomó.
Si bien los senadores de estos partidos se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar para atender la situación de los cientos de miles de uruguayos endeudados, discreparon con la solución propuesta por Cabildo Abierto.
El senador blanco, Rodrigo Blas, aseguró que la decisión de tratar este tema es buena como «señal», pero dijo que la ley en sí es «espantosa».
El legislador frenteamplista, Mario Bergara, quien otrora presidiera el Banco Central, también aseguró que esta iniciativa no es «un buen proyecto. Mucho menos una solución». Para Bergara este proyecto «parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los endeudamientos». Asimismo, dijo que el texto no comprende «los equilibrios que deben recoger los cuerpos normativos sobre acreedores y deudores» además de «desvirtuar la importancia de los contratos financieros».
Molestia cabildante
La bancada de senadores de Cabildo Abierto no escondió su malestar con la decisión de devolver el texto a comisión. El líder del partido cabildante, Guido Manini Ríos, por ejemplo, cuestionó el hecho de que no se hicieran los reparos y modificaciones en la discusión previa.
“Los usureros siguen carneando a los uruguayos. Es un problema serio de endeudamiento de miles y miles de uruguayos, con intereses de usura, inaceptables», dijo durante la sesión.
El senador Guillermo Domenech se mostró crítico con el hecho de que legisladores de otros partidos que en un principio acompañaron la iniciativa luego se retractara. En diálogo con Diario La R, el legislador calificó la decisión como «una falta de respeto».
«En mi opinión personal, es una falta de respeto al trabajo de la Comisión de Constitución, que trabajó más de un año en ese proyecto», dijo. Luego destacó: «por sobre todas las cosas, es hacer oídos sordos al reclamo de las más de 600 mil personas categorizadas como grado 5 (deudas irrecuperables) en el Banco Central y el millón y pico de personas en dificultades por estar inscritos en el clearing».
«Se le dio la espalda a grandes sectores de la población que son víctimas de una ley de interés que permite el cobro de sumas que considerarían usurarias en cualquier lugar del mundo», sentenció.
