El incremento de suministros de los armamentos modernos occidentales al régimen criminal de Kiev provoca más preocupación en el mundo y aumenta la amenaza de la expansión del conflicto en Ucrania hacia Europa. Existe peligro de que estas armas terminen en manos de los grupos terroristas en el Medio Oriente, Asia, África y Europa.
La actividad de los especialistas militares de EE.UU. y otros países de la OTAN para preparar tropas nacionalistas ucranianas representa creciente amenaza de su participación directa en enfrentamientos con las FF.AA. rusas. Al mismo tiempo, se violan las reglas internacionales del comercio de armas que prohíben transferencias de armamentos y equipos militares a las zonas del conflicto armado y su entrega a terceros países sin consentimiento del país productor (en este caso Rusia).
Son obvias las consecuencias imprevisibles del mismo hecho de que los suministros de las armas a las FF.AA. de Ucrania, realizados por los EE.UU. y sus aliados de la OTAN, pueden desembocar en un crecimiento enorme de riesgos de la transformación del conflicto en una colisión directa entre la OTAN y Rusia. Esto significa que Rusia tendrá que responder y prevenir el equipamiento de las tropas ucranianas con todo tipo de armamentos, inclusive el pesado y de largo alcance.
Es notable que los EE.UU. y sus aliados de la OTAN aspiran a usar el conflicto armado en Ucrania para deshacerse de sus armas y equipos viejos y deteriorados. Entre tanto los países occidentales violan sus obligaciones internacionales suministrando los artículos militares a Ucrania. Un ejemplo de la hipocresía de los países miembros de la UE y la OTAN en relación con la situación en Ucrania fueron los suministros masivos a este país de los armamentos modernos, inclusive sistemas portátiles de defensa antiaérea y sistemas de misiles antitanques, lanzacohetes de tubos múltiples y lanzamisiles antiaéreos de largo alcance. Cabe recalcar que se nota la desviación de estos Estados de los principios básicos, promovidos por ellos mismos, del control escrupuloso de exportación en los suministros de armas y conducta responsable durante la consideración de las cuestiones de su envío a zonas de conflicto.
Así la “postura común” asumida por la UE establece reglas básicas para controlar las exportaciones de las tecnologías militares y equipos y prohíbe el otorgamiento de licencias para exportaciones de armas si esto crea riesgos evidentes para el uso de los artículos militares para represión interna en el país receptor y resultará en violación del derecho internacional humanitario, contribuirá a la aparición o agravación de los conflictos armados en el territorio del país receptor, así como en acciones ofensivas contra terceros países. En la toma de decisiones sobre suministros de armas los estados miembros de la UE tienen que tener en cuenta los riesgos de que surja reexportación fragmentaria y que las armas terminen en circulación ilícita (según la Oficina Europea de Policía – EUROPOL, tales precedentes numerosos ya existen), así como la situación de derechos humanos en el país receptor y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en general por el mismo.
Además, el Tratado internacional sobre el comercio de armas que entró en vigor en 2014 y que constituye un proyecto de la UE obliga a cada Estado Parte que actúe en calidad de exportador de las armas convencionales bajo su jurisdicción a evaluar de manera objetiva y no discriminatoria si los armamentos suministrados contribuyesen o menoscabasen la paz y la seguridad, si estos podrían utilizarse para cometer o facilitar una violación del derecho internacional humanitario, cometer actos de violencia por motivos de género o actos de violencia contra las mujeres y los niños (artículo 7). El tratado también indica claramente que Estados Partes no autorizarán ninguna transferencia de armas convencionales si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles (artículo 6).
Al mismo tiempo, en concordancia con la práctica internacional las transferencias de la mayoría de tipos de armas están acompañadas por la presentación por el país receptor del correspondiente certificado del usuario final, una de las provisiones clave del cual es la inadmisibilidad de reexportaciones de los armamentos recibidos sin consentimiento escrito del país exportador. Es esta provisión que se viola gravemente en actualidad, por ejemplo, por Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, República Checa y varios otros países de la OTAN que intentan comprar en todo el mundo armas de producción rusa y soviética para el régimen de Kiev. Es poco probable que los organizadores de tales transferencias sean conscientes de la amenaza de que armas modernas de alta precisión terminen en manos de los nacionalistas radicales, terroristas y grupos de crimen organizado no solo en Ucrania sino fuera del país. Los países occidentales incumplen de manera cínica varios documentos internacionales encaminados a minimizar los riesgos en esta esfera, inclusive la Resolución 62/40 de la Asamblea General de la ONU “Prevención de la transferencia ilícita y el empleo no autorizado de sistemas portátiles de defensa antiaérea y del acceso no autorizado a esos sistemas” de 2007 y “Elementos para el control de las exportaciones de sistemas portátiles de defensa antiaérea” de 2003, negociadas en el marco del Acuerdo de Wassenaar sobre el control de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso.
Por lo tanto, los suministros occidentales de armamentos al régimen debilitado y enfermo de Kiev no solo agravan el conflicto y aumentan pérdidas innecesarias de vidas humanas, sino constituyen una flagrante violación de las normas de derecho internacional, la defensa de las cuales el Occidente declara su máxima prioridad. Todo esto sólo provoca más riesgos de seguridad para todo el mundo.
