Cuando se avasallan derechos humanos se ofende a toda la humanidad porque se pone en riesgo la seguridad pública.Peor cuando hay negligencia, descuido, impericia u omisión por desconocimiento de parte de quienes por su función, deberían ser garantes estatales de esos derechos y por ende conocer las leyes, o asesorarse debidamente. En ese momento quienes deberían cuidar las libertades de la ciudadanía se transforman en responsables del daño. Y eso nos pasa todo el tiempo a las comunidades de matriz afro religiosa donde insistimos en existir y resistir a pesar de la discriminación instalada con formas modernas de preconceptos, exclusiones y persecuciones. Más allá de los marcos legales donde hemos avanzado, en el imaginario social y en las culturas hegemónicas imperantes occidentales y cristianoides seguimos siendo simplemente “los macumberos”. Ofendiéndonos incluso con una denominación que en el rito es sagrada, y en la jerga vulgar lo han transformado en calificativo menoscabante, lo cual ya es discriminatorio y merece penalidad como delito de odio. Sin embargo, los practicantes de la exclusión y las supremacías raciales siguen adelante.Sucedió una vez más como tantas la violencia desatada e impune en una actuación policial y judicial contra un templo de la religión Umbanda. POR ESO NOS DIRIGIMOS A LA INDH alarmados por el agravio a la creencia y sus integrantes, donde parte de la nota dice lo siguiente: “Venimos ante ustedes en calidad de organizaciones con trayectoria desde 1997 en la defensa de los derechos de las comunidades de Matriz Afro y Afroamerindios. Esta denuncia de violencia institucional flagrante contra practicantes afroumbandistas, desgraciadamente es una más de situaciones que se vienen repitiendo y acrecentando en cuanto a limitar -para algunos- libertades de culto que el Estado debería garantizar, justamente a poblaciones discriminadas por su procedencia de culturas subalternizadas por su origen étnico racial y religiones propias de esos pueblos, demonizadas y despreciadas históricamente. Que por algo tienen amparos legales especiales a nivel mundial, convenciones integradas al derecho positivo de nuestro sistema jurídico que en este caso fueron absolutamente pasadas por alto.
Al parecer por denuncia de un vecino al 911, concurrió la fuerza Republicana en un despliegue desmesurado de efectivos y vehículos, perjuicio moral y violación al honor de las personas además del atropello a la libertad de cultos que resulta así gravemente violentada en un operativo de características que no se daban desde la dictadura cívico militar, parapetados en la puerta del local religioso mucho rato.
Resulta pisoteada la normativa que ampara la libertad de cultos desde la Constitución de la República Art 5 de una Constitución que tiene 332, lo cual habla de un derecho fundamental. Sabiendo también que la interrupción del culto es un delito en sí mismo Art. 304 CP, es un ultraje tipificado en el Código Penal Arts.304 al 306 y esos
funcionarios policiales sabían que allí era una casa de religión, lo correcto hubiera sido ir al otro día a citar como se recomendó desde las autoridades ministeriales desde el 2002 cuando hicimos destruir los mal llamados “permisos de Jefatura”. Esto también podría configurar un posible delito de odio Ley 17677 o de incitación al odio o actos de odio en razón de la fe, resultando la determinación fiscal de suspender el ritual. Nos preguntamos si se procedería igual si se tratara de una iglesia católica o de otro culto. Nadie se atrevería a interrumpir una misa por ejemplo. Siempre son los umbandistas las víctimas de preconceptos. Además que la ley 18.471de bienestar animal, art.3 desde el 2009 habilita la faena ritual para sacralización de los alimentos. Es muy triste que el racismo religioso determine estructuralmente que siempre sean los mismos los sospechosos, naturalizadamente clandestinos o ilegales. En este caso quien debería ser garante de libertades fundamentales de la población, resulta coartándolas. Más grave todavía y sumado a los hechos ultrajantes, es la incomprensible determinación represiva de la fiscal Ramos emitida sin referencia legal alguna. Esta funcionaria y los policías actuantes deben responder por sus actos y ser debidamente responsabilizados, por un procedimiento con visos de irregularidad pues hasta la hora de escribir esta nota, no nos han permitido acceder al expediente correspondiente. Agradecemos vuestra urgente actuación ya que lo que debió ser una fiesta se transformó en incertidumbre e inseguridad perpetrada desde los poderes públicos, generando no solo en esa casa sino en la población que llena las playas los 2 de febrero, una situación de miedo y desprotección de magnitudes sobrehumanas por la lesión a algo tan sensible como es el sentimiento religioso, razón de convenios internacionales de Naciones Unidas para su amparo, refrendados por Uruguay. Rogamos vuestra urgente actuación. Nos sentimos extranjeros en nuestro país. Ahora dicen que el personal policial interpretó mal lo que una fiscal quiso decir, o peor que todo se tiran la pelota para no hacerse cargo, aunque el daño ya está hecho. Muchísima gente nos hizo llegar su apoyo y solidaridad cuando se enteró del hecho. Dijo el Sacerdote y amigo Fernando Frontán: “Toda mi solidaridad con la causa y el respeto a las creencias y prácticas religiosas de la confraternidad afroumbandista en el Uruguay. Lamento este episodio de origen institucional de organismos de Estado uruguayo, que cada vez más abandona los principios de la laicidad para afirmarse en la hegemonía ideológica de un laicismo enfermizo».
